Funcionarios independentistas piden trabajar el Día de la Constitución

“Trabajando como cada día por el bienestar social, el progreso económico y la república independiente”. Es el mensaje que Quim Torra añadió a la fotografía que publicó en Twitter el pasado 12 de octubre, fiesta nacional en España.

Torra aparecía en su despacho del Palau de la Generalitat, leyendo unos documentos, y , al igual que el presidente del Govern de Cataluña, otros consejeros siguieron su ejemplo y se esforzaron en dejar claro que ellos no celebraban la Fiesta Nacional de España, y que por tanto trabajaban ese día.

Eso mismo han tratado de hacer otros años algunos ayuntamientos gobernados por los independentistas. Un centenar de ello abrió el año pasado el 12 de octubre, en plena efervescencia del proceso secesionista.

Una vez pasada esa fecha, los independentistas han puesto sus ojos en otro festivo nacional español, que también pretenden no respetar. Se trata del 6 de diciembre, Día de la Constitución, que además este año celebra el 40º aniversario de su aprobación por los españoles en referéndum.

El sindicato de las huelgas independentistas

Confidencial Digital ha podido saber que un grupo de funcionarios independentistas se ha dirigido al Govern para solicitarle que se pueda trabajar el 6 diciembre.

La petición la ha realizado el sindicato Intersindical-CSC, central de corte independentista, dirigida por el ex terrorista de Terra Lliure Carles Sastre, que estuvo en prisión por el asesinato del empresario José María Bultó adosándole una bomba al pecho.

La Intersindical-CSC es el sindicato que convocó oficialmente las huelgas generales independentistas del 3 de octubre (dos días después del referéndum ilegal) y del 8 de noviembre de 2017.

Ahora, ha presentado catorce escritos en la Generalitat en los que solicita que no se obligue al personal que trabaja en la administración autonómica a hacer fiesta el 6 de diciembre, que es festivo nacional en toda España.

Han actuado contra los derechos de Cataluña

En sus peticiones asegura que hay buena parte de la plantilla de funcionarios y empleados públicos de la Generalitat no quiere celebrar “un festivo que conmemora un texto normativo y unas instituciones, en especial la Corona, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, que han actuado de manera continuada contra los derechos y libertades de la ciudadanía de Cataluña”.

El sindicato ha registrado estos escritos ante la dirección de servicios de cada uno de los trece departamentos del Govern, además de uno que va dirigido a la directora general de Función Pública de la Generalitat, Pilar Sorribas.

La petición propone dejar libertad. No establecer de forma obligatoria que todos los funcionarios trabajen, ni que todos tengan fiesta, sino que “se dicten las medidas necesarias para respetar los derechos de todo el personal de la Generalitat de Cataluña, tanto de aquellos que quieren conmemorar la Constitución como los de quienes no lo quieren hacer”. Por lo tanto, que haya libertad para acudir o no a su puesto de trabajo.

“El Govern de la Generalitat ha de ser coherente con su acción política y su voluntad de ser y construir la República Catalana”, subraya el sindicato en su solicitud a las distintas consejerías del ejecutivo autonómico de Quim Torra, que se ve así en la tesitura de enfrentarse a esta invitación para “desobedecer” la legislación nacional en materia de festivos laborales.

Un juez obligó a cerrar el Ayuntamiento de Badalona

En este contexto, cabe recordar el precedente del Ayuntamiento de Badalona (provincia de Barcelona) el 12 de octubre de 2016. Allí, el equipo de gobierno de Guanyem Badalona en Comú -donde confluyen Podemos, la CUP y otras organizaciones de izquierda- se propuso abrir las puertas del consistorio y trabajar como un día normal. Tras una denuncia, un juez dictó que el ayuntamiento debía cerrar ese festivo.

La alcaldesa decidió cerrar el ayuntamiento, pero ella y varios ediles acudieron a las puertas a atender a los ciudadanos que quisieran acercarse. Varios ediles fueron imputados, pero la causa terminó siendo archivada.

En 2017, alrededor de cien ayuntamientos gobernados por independentistas tomaron alguna decisión en el sentido de trabajar de forma reivindicativa el 12 de octubre, aunque muchos de ellos, para evitar problemas legales, dejaron a la libre voluntad de los funcionarios acudir o no a trabajar ese día.