El Gobierno aprovecha la Cumbre del Clima para cerrar acuerdos extrajudiciales por las demandas de las renovables

El Gobierno está sacando partido a la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Madrid. En citas discretas con destacados directivos del sector de las renovables, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está trabajando para reducir la factura de 7.000 millones en indemnizaciones que amenaza a España.

El Consejo de Ministros aprobó hace dos semanas un real decreto ley por el que los afectados por el recorte que aplicó el PP a la retribución a las instalaciones renovables mantendrán su rentabilidad durante 12 años en el 7,39%.

Según los datos que maneja el Gobierno, España aún tiene pendientes 32 procedimientos de arbitraje internacional por el ajuste a las renovables. El Estado se enfrenta todavía a reclamaciones de indemnizaciones que superan los 7.000 millones de euros.

Negociaciones discretas de la ministra Ribera

Hay que recordar que la retribución que acaba de ofrecer el Gobierno está condicionada a que los afectados renuncien a los procedimientos judiciales o arbitrales que tienen en marcha, o a las indemnizaciones que lograron en ellos.

Ahora, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, está aprovechando la Cumbre del Clima en Madrid para poner fin a las decenas de pleitos que acumula el Estado y evitar que se abran nuevos litigios.

Madrid se ha convertido estos días en el centro de la lucha climática internacional. El segmento de alto nivel o tramo ministerial, cuando los titulares de carteras entran en la negociación –que hasta el momento ha sido eminentemente técnica y protagonizada por los delegados de los países-, tendrá lugar los días 10 y 11 de diciembre.

Se cierran los primeros acuerdos extrajudiciales

Sin embargo, fuentes conocedoras de las negociaciones explican a ECD que técnicos del equipo de Teresa Ribera han decidido adelantarse a esa fase de la cumbre y han comenzado desde el primer día a trabajar para cerrar acuerdos extrajudiciales con grandes inversores que quedaron atrapados por el cambio regulatorio con las renovables.

En el sector confirman que algunas de las empresas están valorando positivamente que las plantas que ya se vieron afectadas por los recortes del Gobierno de Rajoy vayan a mantener la retribución actual congelada y sin cambios.

Y lo más importante: van a recibirla no solo durante seis años como estaba previsto hasta ahora, sino durante 12 anualidades, hasta 2031. Un aspecto que está llevando a algunos de los afectados a plantearse renunciar a la vía judicial, según admiten a Confidencial Digital fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

Dos grandes litigios por las renovables

Por el momento, la mitad del montante total exigido por los denunciantes, se concentra en dos únicos litigios en los que los inversores han elevado la indemnización reclamada. The PV Investors -que agrupa a 88 demandantes de Alemania, Holanda, Luxemburgo y también España- ha elevado la compensación que exige en Uncitral hasta los 1.900 millones de euros.

Abengoa, que ha presentado una demanda contra España en el Ciadi a través de su filial luxemburguesa CSP Equity Investment, también ha disparado la indemnización reclamada y ya se sitúa en los 1.505 millones, frente a la petición inicial de 840.

Condenas al Estado por 1.000 millones

En el Gobierno se tiene en cuenta que la factura por la docena de laudos perdidos en favor de los inversores, sólo en lo que respecta al hachazo a las renovables, se aproxima ya a los 1.000 millones pese a que el Estado se está resistiendo a pagarla.

De hecho, la Abogacía del Estado, que defiende a España en estos procedimientos, ha solicitado la anulación de los laudos favorables a grupos inversores comunitarios, amparándose en que en 2018 la Comisión Europea se posicionó en contra de que entre los 27 se utilicen estos mecanismos, propios de tratados bilaterales con terceros.

Bruselas tuvo en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la UE en el caso Achmea. La resolución estableció que los acuerdos de arbitraje en los tratados bilaterales entre Estados miembros son contrarios a la normativa comunitaria.

España, el país con más litigios internacionales

Hay que destacar que España es el país con más litigios en tribunales internacionales del mundo. Acumula un total de 52 procedimientos arbitrales en diferentes instancias (el Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU…).

La inmensa mayoría de las demandas tienen su origen en el recorte de la retribución de las energías renovables ejecutado por el Gobierno español en 2013.

Hasta ahora España ha perdido los laudos arbitrales que le enfrentaban con Nextera (290 millones), Eiser (128 millones), Antin (101 millones), Masdar (64,5 millones), Novenergia (53,3 millones), 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones), Operafund (30 millones), SolEs Badajoz (41 millones) y Cube y Demeter (33,7 millones), además de los de Infrared y RREEF aún con cuantías por hacerse públicas o por establecerse, respectivamente.