El Gobierno asume que no puede romper por su cuenta el concordato con la Santa Sede

Carmen Calvo está recibiendo presiones de sus socios de investidura y les ha respondido que “la modificación de los acuerdos con la Iglesia tiene un carácter bilateral”

Pedro Sánchez prometió, en su programa electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre, denunciar los acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede firmados en 1979, e impulsar una relación “moderna” con la Iglesia Católica. Ahora que está en el Gobierno, el PSOE admite que no puede modificar el concordato de forma unilateral.

“Denunciaremos los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento del precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa”, se lee en el texto del programa electoral, que lleva por título ‘Ahora Progreso. Ahora Sí’, y que coordinaron la vicepresidenta Carmen Calvo, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

“No se trata sólo de romper -afirmaba-, sino sobre todo de recomponer”.

En su lugar, el PSOE se comprometió a impulsar un nuevo acuerdo bilateral entre España y el Vaticano, “basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica”.

Presiones a la vicepresidenta Calvo

Hay que recordar que Pedro Sánchez llegó al liderazgo del PSOE en 2014 con la promesa de trabajar por que España se convirtiera en un Estado laico.

Una de sus apuestas más destacadas fue precisamente la denuncia del concordato ratificado entre España y la Santa Sede en 1979, porque -dijo- “confiere a la Iglesia un estatus privilegiado”.

Ahora, fuentes del Gobierno reconocen a Confidencial Digital que la vicepresidenta Carmen Calvo, encargada de las relaciones entre el Estado español y la Santa Sede, lleva semanas recibiendo presiones de algunos de sus socios de investidura, lideradas por Compromís, para romper el concordato con el Vaticano.

Los acuerdos no son una ley estatal

En la Vicepresidencia del Gobierno se responde ahora, sobre este asunto, que los Acuerdos entre el Reino de España y la Santa Sede “no son una ley estatal que se pueda modificar siguiendo los trámites legislativos ordinarios. Al tratarse de convenios de naturaleza internacional, están sometidos a lo dispuesto en los artículos 94 y 96 de la Constitución”.

Según esto último, “sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Añade que, para la “denuncia de los tratados y convenios internacionales, se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94”.

Traslada la iniciativa a los grupos políticos

La Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente de Vicepresidencia, explica también que “corresponde a las Cortes Generales la previa autorización para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de convenios internacionales en los casos de tratados de carácter político o que impliquen medidas legislativas para su ejecución”, como sería el caso.

Tal es el procedimiento a seguir, sin que, por tanto, baste una simple derogación por parte del Gobierno, justifica el equipo de Carmen Calvo. Y añade que se apela a una acción que “el Ejecutivo no puede acometer sin respetar el mencionado procedimiento constitucional”.

La modificación tiene un carácter bilateral

En consecuencia, destaca que “la modificación de los Acuerdos con la Iglesia Católica tiene un carácter bilateral”, sin perjuicio de que el Estado pueda acometer desarrollos legales dentro del marco previsto en los mismos.

Confirma que “la voluntad de avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, en los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, permanece y el compromiso asumido por el Gobierno en este sentido es firme”.

Un viejo compromiso electoral del PSOE

Tras culminar con éxito el año pasado el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, Pedro Sánchez recuperó para el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 10 de noviembre una antigua asignatura pendiente del PSOE: la denuncia de los acuerdos de España con la Santa Sede de 1979.

Su antecesor en la secretaría general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el congreso federal que ganó en Sevilla en el 2012, esgrimió “seriamente” la propuesta de revisar los acuerdos con el Vaticano, ante “el retroceso de 30 años” que atribuía a las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, en materias como la educación o el aborto.

Rubalcaba lo reiteró varias veces más durante 2013, yendo así mucho más allá de lo que nunca quisieron ir los gobiernos socialistas de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.