El Gobierno busca influir en Telefónica incrustando un consejero a través de CaixaBank

La situación de Telefónica preocupa en el Gobierno, sobre todo por la pérdida de valor de las acciones, ahora por debajo de los 4 euros y por tanto rozando mínimos históricos, lo que le convierte en una compañía vulnerable. Moncloa va a tratar ahora de influir en la gestión de la multinacional utilizando la participación del Estado en CaixaBank.

Fuentes de la cúpula económica del Gobierno admiten a Confidencial Digital que el equipo de Pedro Sánchez en Presidencia se ha planteado ya “meter mano” a Telefónica para “influir” en la empresa, aprovechando precisamente la actual situación de debilidad.

Se trataría de colocar gente “suya” (afín al Gobierno y a Moncloa) en el consejo de administración. Los consejeros podrían proceder de entre los gestores “amigos” que ya controlan empresas vinculadas al Gobierno, como es el caso de Correos, Aena, Red Eléctrica, etc.

Desde hace años, forma parte del consejo de Telefónica el socialista Javier de Paz, mientras que la ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez es directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos.

El FROB entra en el consejo de CaixaBank

Fuentes conocedoras de las conversaciones explican a ECD que uno de los puntos calientes durante la negociación de la fusión CaixaBank-Bankia ha sido la composición del nuevo consejo de administración.

Estará formado finalmente por 15 miembros: presidente, consejero delegado, nueve independientes, tres dominicales y “otro consejero externo”. Ahora el consejo de CaixaBank tiene 16 representantes y el de Bankia 13.

Pero, a diferencia de la actual composición del consejo de la entidad catalana, en el que se sientan cinco representantes de Criteria, holding industrial de la Fundación La Caixa, que ha aumentado con la fusión su posición en CaixaBank hasta el 40,21%, los vocales dominicales tendrán ahora menos influencia, al reducirse su número a tres.

De los dominicales (que representan a los accionistas), dos de ellos estarán nombrados por la Fundación Bancaria La Caixa, a través Criteria, y el otro por el FROB, a través de BFA, que ostentará una participación del 16%. Hasta ahora, el Estado no tenía consejero en Bankia, pese a que controla el 61,8% de su capital.

CaixaBank cuenta con dos sillones en Telefónica

Fuentes del Ejecutivo destacan a Confidencial Digital que el Estado se ha asegurado un consejero en la nueva CaixaBank, aparte de José Ignacio Goirigolzarri, quien figura como presidente de BFA y va a asumir la presidencia no ejecutiva.

CaixaBank cuenta con dos puestos en el consejo de administración de Telefónica. La entidad financiera posee un 4,89% del capital, lo que le ha llevado a formar parte del núcleo duro de la operadora desde hace más de dos décadas.

La última junta de accionistas de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete aprobó el pasado mes de junio la reelección como consejero dominical de Isidro Fainé, representante de CaixaBank, que es el miembro más antiguo del órgano de gestión.

Fainé cumplió 26 años en Telefónica el pasado enero y es uno de los principales apoyos del actual equipo de gestión de la operadora. El presidente de la Fundación La Caixa ha alabado en público, en más de una ocasión, la trayectoria profesional del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y los valores que defiende.

Pero, como en toda fusión, unos permanecen y otros se ven obligados a abandonar el consejo. Y en la lista de salidas han llamado la atención dos en concreto: la de Jordi Gual, actual presidente de CaixaBank y representante del banco en Telefónica junto a Fainé, e Ignacio Garralda, presidente de Mutua.

Colocar un representante del Estado en Telefónica

Precisamente, fuentes conocedoras de la operación destacan a ECD que la salida de Gual del consejo de la entidad catalana dejará con toda probabilidad un puesto vacante en el órgano de máxima gestión de Telefónica, y Moncloa ya se ha movilizado para que ese sillón sea ocupado por el representante del FROB en el banco, aunque necesitará el visto bueno de CaixaBank y del consejo de administración que controla Álvarez-Pallete.

Además, en la hoja de ruta del Gobierno se encuentra como prioridad para la recuperación del país el “Plan España Digital 2025”, con el que Pedro Sánchez se comprometió en un gran acto, convocado en julio en Moncloa, a movilizar 140.000 millones de euros de inversión en digitalización en los próximos cinco años.

Sin embargo, la mayor parte del dinero -concretamente más del 70%- lo aportarán las empresas privadas, donde Telefónica es considerada vital por el Ejecutivo, y otra gran parte provendrá del fondo de recuperación europeo.

El consejero a propuesta del FROB, a través de BFA, todavía está pendiente de ser nombrado. Fuentes del organismo público señalan que es demasiado pronto para hablar de nombres concretos.

Primero, hay que estudiar la operación, y más adelante realizar una propuesta. En cualquier caso, en el Ministerio de Economía se descarta por completo que se escoja un perfil cercano a las tesis de Podemos, es decir, un defensor de la banca pública.

Descartada la vía del fondo de 10.000 millones

Entre tanto, las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que otra de las vías que se había planteado el Gobierno para el desembarco en Telefónica es el recién creado ‘Fondo de Solvencia’, de rescate de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros.

El procedimiento sería entrar en el capital con dinero público, a través de la SEPI, salvar la empresa apelando al “interés nacional”, y a continuación forzar la composición del consejo de administración. Una opción que, una vez abierta la vía CaixaBank tras la fusión con Bankia, ha quedado prácticamente descartada.

Pese a ello, en Moncloa habían calculado que la operación no tendría por qué ser demasiado costosa. Según las cifras de analistas, y dada la actual situación de capital, con una inversión de en torno a los 2.000 millones, el Estado podría hacerse con una mayoría de control.

Considera que tiene una “buena venta política”

Desde el punto de vista político, en el equipo económico de La Moncloa consideran que esa iniciativa tendría incluso una “buena venta de cara a la opinión pública”, porque se ‘salvaría’ a una empresa claramente estratégica, dada su presencia en ámbitos tan delicados como las telecomunicaciones, la ciberseguridad, etc.

Y, además, se puede esgrimir el ejemplo de otros países europeos, como ocurre en Francia y en Alemania, donde el Estado tiene una destacada presencia en el capital de empresas como France Telecom y Deutsche Telekom.

Fracasó en la operación para controlar Prisa

Hay que recordar que Moncloa fracasó el pasado mes de junio en la operación para tomar el control del Grupo Prisa.

Pedro Sánchez dio orden de acelerar los contactos con los principales accionistas (Santander y Telefónica) para desbancar a Javier Monzón de la presidencia, tras el nombramiento de Javier Moreno como director de El País. Pero no contó con que José María Álvarez-Pallete iba a darle la espalda.

En la multinacional todavía resonaba la grave acusación de Pedro Sánchez al entonces presidente César Alierta, a quien señaló públicamente como el responsable de la actitud hostil que mantuvieron los medios del grupo Prisa contra su liderazgo, y a favor de Susana Díaz, para que fuera apartado de la secretaria general del PSOE.