El Gobierno de coalición se desdice y convierte a Arabia Saudí en su principal comprador de armamento no letal

Sánchez se comprometió a limitar las exportaciones al reino árabe y Podemos pidió prohibirlas, pero el Ejecutivo ha autorizado ventas a ese país por 18,2 millones de euros, por delante de los 7,2 millones a Estados Unidos y 6,1 a China

Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pleno del Congreso celebrado para tratar los temas abordados en el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí.

La venta de armas a Arabia Saudí es uno de asuntos más controvertidos y polémicos de la industria de defensa.

Según los datos del último informe publicado por la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, el país árabe se ha convertido en el principal comprador de productos y tecnologías de doble uso.

En el primer semestre de 2020 han importado material español de uso civil y militar por un valor de 18,2 millones de euros, por delante de los 7,2 millones a Estados Unidos y 6,1 a China

Además, el reino saudí es el segundo país no OTAN al que más armas se le han vendido, con una factura de 32 millones de euros.

El informe demuestra que la paralización parcial de las entregas de munición a los países implicados en la guerra de Yemen, que se produjo entre 2018 y 2019 con la llegada del nuevo Gobierno, ha terminado.

El compromiso adquirido por Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa sobre “limitar las exportaciones de armamento a regímenes que vulneran los derechos humanos” ha durado pocos meses.

Un intento de limitación ya previsto en la ley

La ley española de control de material de defensa y doble uso permite denegar, suspender o revocar una solicitud de exportación cuando el material pueda usarse “de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España”.

En verano de 2018, el nuevo Gobierno congeló de facto las exportaciones de armas Arabia Saudí y no autorizó contratos de venta nuevos al país. Esta paralización se enmarca en un contexto europeo de cese de ventas a Arabia Saudí tras la intervención bélica del reino en Yemen y la desaparición del periodista Jamal Khashoggi.

Sin embargo, ya en 2019 el Ejecutivo fue recuperando las autorizaciones para exportar a Riad. De hecho, estas fueron criticadas por el resto de partidos de la izquierda y justificadas por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, por la inexistencia de un embargo internacional a Arabia Saudí.

 

El organismo que actualmente tutela y emite las autorizaciones para la venta de armas es la Junta Interministerial para el Comercio y Control de Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso y está integrada por representantes de los ministerios de Economía, Exteriores, Defensa, Hacienda e Interior, ninguno en manos de Podemos.

La agrupación morada ha venido pidiendo desde 2018 que se deje de vender armas a Arabia Saudí. En octubre de 2020, la diputada Roser Maestro (Unidas Podemos) defendió en la Comisión de Defensa del Congreso la necesidad prohibir que países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos compren material de defensa español ya que “violan sistemáticamente los derechos humanos”.

Roberto Uriarte (Unidad Podemos) explicó a Confidencial Digital que pese a haber instrumentos para conocer el destino final de las exportaciones, falta voluntad política. Además, asegura que hay indicios que apuntan que las armas vendidas al reino árabe son utilizadas en el conflicto de Yemen. 

Aunque parece que en el pasado mes de diciembre el partido cambio de estrategia. El día 21, Uriarte presentó una proposición no de ley apoyada por Joan Josep Nuet (ERC) y Jon Iñarritu (EH Bildu) para enviar ayuda humanitaria y que se atendieran las peticiones de las organizaciones humanitarias.

Ayuda humanitaria a Yemen

La Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) ha contribuido en 2020 con tres millones de euros al Fondo Central de Respuesta de Emergencias (CERF) de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El CERF ha efectuado una asignación individual de 35 millones de dólares para la crisis humanitaria de Yemen. Por tanto, como explican desde la AECID a ECD España contribuye a través de su aportación al CERF a mitigar la crisis humanitaria en Yemen.

Además, la partida para cooperación al desarrollado se ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado 2021 un 20%.

España es el séptimo país que más armas exporta

A la espera del informe completo de 2020, la autorización de exportaciones de armas del primer semestre por parte de España alcanzó los 22.544,8 millones de euros, la más alta de los últimos diez años.

Del total autorizado, se completaron en el primer semestre un 5% de las transacciones, con un valor de 1.189,7 millones de euros.  Algo que el informe del primer semestre explica que se debe a la situación provocada por la pandemia de la Covid-19  y las dificultades para realizar las entregas de material.

Por otra parte, los datos muestran que las exportaciones realizadas a los países de la Unión Europea supusieron el 65,4 por ciento del total (778,6 millones de euros). La mayor parte del comercio tuvo lugar con aquellos países de la Unión Europea (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) con los que España mantiene proyectos industriales militares en común, como son concretamente los programas del avión de combate (EF 2000) y del avión de transporte militar (A400M) europeos.

Una industria tractora

A la industria de defensa española se le atribuye el 7,8% del PIB industrial español. Se trata de una industria que genera empleo por su modelo tractor.

En España, el 80% de las casi 700 empresas que participan en esta industria son todavía pequeñas y medianas.

Como ya contamos en estas páginas, el grupo socialista presentó en octubre una proposición no de ley en la que defendía que los contratos que se hagan en materia de defensa deberán realizarse en España o, como explicó Zaida Cantera al ECD, deberán revertir en el Estado español.

Este plan podría colisionar con el derecho de las compañías extranjeras a competir por los contratos de defensa, pero ya son muchos los países que aplican esta política en su industria.

Europa trata de conseguir que las cadenas de empresas sobrevivan en los países de la Unión compensando con sus recursos las presiones del mercado. Desde hace algunos años la UE destina recursos públicos.

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