El Gobierno se queda sin dinero para nuevas plazas de funcionarios tras reservar un 65% para policías y guardias civiles
Los 4.500 puestos para las fuerzas de Seguridad han dejado sin apenas partidas presupuestarias para personal en las oficinas de empleo, de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria…
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha mejorado su propuesta de oferta de empleo público de 2020 para la Administración General del Estado con un incremento de unas 1.923 plazas respecto a su planteamiento inicial, hasta un total de 15.236 plazas.
Pese a la mejora, los sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) señalan que la oferta sigue siendo inferior a la del año pasado, que alcanzó las 19.688 plazas (11.338 de acceso libre y 8.350 de promoción interna), si bien en esta cifra se incluían los anexos referidos a los empleados públicos de Justicia, personal estatutario de Defensa, algunos funcionarios de la administración local o docentes de Ceuta y Melilla, entre otros, mientras que ahora se están negociando solo las plazas en la Administración del Estado y habría que añadir a la cifra total esa parte.
En concreto, el Gobierno ha elevado su propuesta inicial en 1.923 plazas al plantear ahora una oferta de empleo público de 15.236 plazas (8.061 plazas de acceso libre y 7.175 de promoción interna), frente a la primera propuesta de ayer que contemplaba 13.313 plazas (7.066 plazas de acceso libre y 6.247 de promoción interna).
El Gobierno ha fijado la última reunión para este lunes como fecha límite para concluir la negociación con la oferta de empleo público definitiva, haya o no acuerdo, con la intención de convocar a continuación la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas y poder aprobar la nueva oferta vía real decreto en el Consejo de Ministros del martes 27 de octubre.
El 65% de las plazas para Interior
Además, los tres sindicatos han pedido un detalle de la disgregación de las plazas por sectores. Fuentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 29 de agosto la convocatoria de oposiciones a Policía Nacional con 2.366 plazas para el ingreso en la Escala Básica.
De estas plazas convocadas, 473 se destinan a militares profesionales de tropa y marinería que lleven al menos cinco años de servicio. Por otro lado, 1.893 plazas son de libre oposición.
Por su parte, la convocatoria de plazas para la Guardia civil se publicó en el BOE el pasado 24 de agosto. Se trata de 2.154 puestos para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias de dicho Cuerpo.
De esas plazas, 862 serán para militares profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas que lleven como mínimo cinco años de servicios efectivos como tales y que no hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas, en la fecha que finalice el plazo de admisión de instancias. Otras 175 plazas para los alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes y el resto, 1.117, son plazas libres.
El Gobierno consideró entonces que la aprobación de la oferta de estas plazas para acceder al Cuerpo Nacional debía hacerse “con la máxima urgencia”, dado que si no se produciría un retraso en el desarrollo de los procesos selectivos y se demoraría la incorporación efectiva de los futuros funcionarios a sus puestos una vez superadas las fases teórica y práctica de su formación.
“Este carácter de servicio público esencial, junto a las singularidades de su despliegue territorial y la necesidad de continuar dando una respuesta adecuada a los retos que plantea la seguridad pública, provoca que resulte perentorio aprobar sin demora la presente oferta de empleo público”, justificó.
Colapso en SEPE y Seguridad Social
Ahora, el recorte en la oferta de empleo público se produce en un momento de colapso, por ejemplo, en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o las oficinas de la Seguridad Social como consecuencia de la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) y el Ingreso Mínimo Vital.
“La oferta de empleo público presentada por el Gobierno pone en peligro la viabilidad de esta Administración, teniendo en cuenta los graves problemas por los que atraviesan ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social”, inciden desde CSIF.
En el Gobierno defienden que las ofertas de los dos años anteriores fueron históricamente altas, aspecto que se debe tener en cuenta al realizar la comparativa.
