El Gobierno quiere acabar con los vehículos de combustión en 2040

Otra vez los tambores de guerra contra el automóvil vuelven sonar, esta vez por iniciativa del Gobierno de España.

El borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética contempla que a partir de 2040 no se permitirá la matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de carbono.

A simple vista puede parecer que la medida solo incluye a los motores diésel y de gasolina, pero no es así. La medida supone la desaparición del propulsor de combustión con independencia del tipo de combustible con el que se alimente, es decir, afecta a los de gasolina, diésel, GLP (Gas Licuado del Petróleo) y GNC (Gas Natural Comprimido).

Incluso también da en la línea de flotación de los vehículos híbridos al emplear estos mecánicas de gasolina.

De momento es solo un borrador, pero las alarmas ya han saltado por mucho que del dicho al hecho haya mucho trecho.

Si el pasado verano la ministra Ribera ya generó inquietud entre usuarios, fabricantes y distribuidores de automóviles con su ya famoso a la par que desafortunado: “el diésel tiene los días contados, el Gobierno con esta nueva salida de tono sigue la misma línea.

No se sabe a ciencia cierta a qué responden maniobras como esta, que de forma ineludible también invitan a reflexionar si tiene mucha justificación un ministerio que responde al rimbombante nombre de Ministerio para la Transición Ecológica.

Con esta medida cabe suponer que el Gobierno pretende sacar pecho ante Europa al ir más allá de las exigencias medioambientales de la propia UE o, por el contrario, utilizarla como cortina de humo o maniobra de distracción ante otro tipo de problemática más grave.

Plazos demasiado exigentes

En el supuesto caso que tan brillante ocurrencia se deba a una maniobra de distracción, echo de menos más que nunca a ese genial cineasta que fue mi querido Luis García Berlanga. 

Desearía que tuviera ahora 40 años. Fuentes de inspiración para sus películas tendría más que nunca, aunque con toda probabilidad se le echara encima la censura. En estos tiempos que corren está muy de moda el verbo prohibir. 

Lejos de criticar este propuesta en si misma, lo realmente criticable son los tiempos. Son unos plazos muy exigentes y, lo que es peor, las consecuencias que se derivan en el momento presente.

Toda transición necesita unos tiempos para desarrollar nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos, nuevas infraestructuras, etc.

Los cambios estructurales que conlleva son difíciles tanto a nivel industrial como a nivel social. Presiones gubernamentales sobre estos agentes resultan un tanto inverosímiles. Particularmente, el desarrollo tecnológico siempre ha seguido sus propios derroteros, salvo en épocas convulsas.

La tecnología siempre ha ido por delante de la legislación. Basta con poner como ejemplo la seguridad de la que actualmente hacen gala los automóviles. Fruto de investigaciones, ensayos y desarrollos nacidos en el seno del sector de la automoción, los automóviles pasaron a incorporar dispositivos como el ABS o el control dinámico de estabilidad (ESP). Posteriormente, el legislador los exigió como equipamiento de serie en todos los vehículos nuevos matriculados en la UE.

Las consecuencias de sacar a la luz este polémico borrador son más que evidentes. Corren malos tiempos para el automóvil. Al fuerte varapalo sufrido por las motorizaciones diésel con independencia de su veteranía, se une la fuerte caída en las matriculaciones como resultado de la introducción del nuevo ciclo WLTP de medición de consumos y emisiones.

Según Faconauto (Asociación de Concesionarios de Automoción), las ventas de turismos y comerciales ligeros están cayendo un 22,4% en lo que va de noviembre.

Esta es la realidad, un mercado débil. Un mercado que todavía se estaba recuperando de las secuelas de la crisis de 2008 y al que noticias como estas sientan como un jarro de agua fría.

Confusión e incertidumbre en el comprador

Pero al margen de estas consideraciones, el anuncio gubernamental de prohibir los vehículos a combustión en 2040, además de contraer unas ventas que estaban en fase de expansión en los últimos años, genera en el usuario confusión e incertidumbre.

El comprador no sabe muy bien qué coche adquirir, y por otro lado tampoco se decide cuándo hacerlo. Un círculo vicioso que puede llevar a contraer todavía más las ventas.

Por otro lado no deja de ser chocante proponer unos plazos tan exigentes en un país como España, donde urge o debería ser prioritaria la renovación de un parque automovilístico muy envejecido.

Una renovación totalmente necesaria tanto desde el punto de vista medioambiental como de la seguridad,  y que asimismo podría verse ralentizada. Claro, para algunos esto es preocuparse por el medioambiente.

Como todavía no se han enterado lo contaminantes que resultan los coches de mayor antigüedad, en vez de articular medidas y dar facilidades para su sustitución se dedican a poner trabas a la ampliación de la oferta de vehículos de bajas emisiones.

Como colofón, un viejo dicho popular: “Con las cosas de comer no se juega”. El automóvil supone en España un 10% del PIB.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) pone sobre el tapete de forma muy clara su preocupación por el impacto tan negativo del polémico borrador, al influir de forma muy directa en la demanda, en la fabricación y, lo que es importantísimo de cara al futuro, la adjudicación de futuros modelos a las factorías españolas.

Claro, la forma de preocuparse por el futuro, al parecer, no es la misma para todos.