El Gobierno retira el “impuesto a los ricos”

El Gobierno ha decidido que no aprobará por decreto el “impuesto a los ricos”, lo que pone en riesgo el cumplimiento del déficit. Con ello, Pedro Sánchez va camino de una nueva rectificación en su política fiscal, después de aparcar sin una explicación convincente el anunciado impuesto a la banca.

Moncloa ha comenzado a trasladar a Podemos que la subida del IRPF a las rentas más altas, su exigencia más relevante en los últimos meses, no saldrá adelante.

Sánchez es consciente de que el IRPF es el impuesto políticamente más sensible porque afecta a la gran mayoría de los trabajadores. Por ello, el Gobierno había dejado clara su oposición a la modificación del Impuesto de la Renta… hasta que Podemos le exigió, en plena negociación presupuestaria, una subida a las rentas más altas.

En ese momento, Hacienda abrió la puerta a negociar subidas en el IRPF a “los más ricos”, algo que hasta entonces no aceptaba. La ministra María Jesús Montero rechazó tajantemente el incremento a rentas por encima de 60.000 euros anuales que había exigido inicialmente la formación morada.

En cambio, se mostró dispuesta a hablar de una subida desde los 120.000. En todo caso, dejó claro que el Ejecutivo apostaba más bien por un aumento a partir de los 150.000, la franja más alta. Esta fue además la promesa del PSOE en la oposición.

El pacto con Podemos es un brindis al sol

Mientras tanto, el líder de Podemos vendió en septiembre un principio de acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez precisamente sobre esta cuestión: la subida del IRPF a quienes cobran más de 10.000 euros al mes. Esto es, con rentas superiores a los 140.000 euros anuales.

Pese al acuerdo anunciado por el propio Iglesias, el Gobierno ya fue trasladando de forma privada al equipo económico de Podemos que ese impuesto no sería aprobado. Por ello, en Moncloa se interpretaba esta declaración como una “medida de presión” para que el Ejecutivo no diera marcha atrás.

La posición del PDeCAT es inflexible

Pero la subida del Impuesto de la Renta que el Gobierno negociaba con Podemos se concentra en un colectivo muy concreto de la población, el de los contribuyentes que reciben más de 140.000 euros de renta anual.

Dentro de este grupo, sin embargo, el impacto no será homogéneo, sino que tendrá efectos dispares en función de la comunidad autónoma en la que resida cada contribuyente.

Y el mayor colectivo de afectados que acabarían sometidos al gravamen más alto se concentra en Cataluña, donde más de 22.000 personas cobran por encima de los 140.000 euros. Un escenario que ha encontrado la oposición radical del PDeCAT a la aprobación de esta subida por decreto.

Contactos a la desesperada con los catalanes

Esta circunstancia, según ha podido confirmar ECD por fuentes conocedoras de las conversaciones, ha movilizado al equipo económico de Moncloa en los últimos días. Los contactos a la desesperada con altos cargos del PDeCAT en Barcelona se han producido al más alto nivel. No han intervenido los diputados del partido en Madrid.

Fuentes del Gobierno reconocen a ECD que las conversaciones han resultado “infructuosas”. La cúpula del PDeCAT se muestra completamente inflexible con esta medida, sobre la que han trasladado a Hacienda que “no hay nada que hablar”.

No se pasa por alto que el PDeCAT gobierna los ayuntamientos con más renta de Cataluña. Se cita, por ejemplo, la alcaldía de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el quinto ayuntamiento más rico de España, donde sus habitantes presentan una renta neta media mensual de 18.326 euros.

Las rentas altas de Cataluña, las más afectadas

La medida que planteaba el Gobierno y Podemos supone elevar el tipo estatal, situado ahora en el 22,5% para rentas de más de 60.000 euros, hasta el 26,5% a partir de los 140.000 euros.

Pero a esta cifra hay que sumarle un tipo autonómico que varía en función de la política fiscal de cada territorio. Una vez sumados, el tipo final medio subiría hasta el 50,5% frente al 46,5% actual.

El impacto final sería más elevado para los residentes en Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana o La Rioja, donde la reforma elevaría el tipo al 52%, dado que estas comunidades aplican un tipo autonómico del 25,5%, superior al del resto de territorios.

“Había voluntad, pero no hemos podido”

Ante este escenario, según las fuentes consultadas por Confidencial Digital, el mensaje que se ha trasladado en las últimas semanas desde Moncloa a varios representantes del equipo económico de Podemos es claro.

El apoyo del PDeCAT es tan necesario como el de la formación morada para aprobar el decreto y, por tanto, la medida, al menos tal y como está planteada en la actualidad, tendrá que ser retirada.

Altos cargos del Gobierno han intentado hacer pedagogía de esta negativa en esas conversaciones privadas con Podemos, según fuentes próximas a las negociaciones. Hacienda había comenzado a trabajar para sacar adelante la propuesta estrella de Iglesias y ponen como ejemplo el principio de acuerdo alcanzado entre ambas partes.

Sin embargo, la debilidad parlamentaria del Ejecutivo imposibilitará llevarlo a cabo. “Había una clara voluntad de hacerlo, pero no hemos podido”, han comenzado a argumentar ya ante destacados representantes de la ejecutiva de la formación morada.

Zapatero y Rubalcaba tampoco se atrevieron

Las fuentes socialistas consultadas por ECD recuerdan también que los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, en la etapa de Elena Salgado, estuvieron varios meses trabajando en un proyecto similar. Los estudios de impacto recaudatorio estaban incluso prácticamente finalizados.

Sin embargo, existían discrepancias en el seno del Gobierno de Zapatero sobre si gravar a los que tienen más de un millón de euros, o subir hasta los que superasen los 1,5 millones.

El aumento de los ingresos, en función de los tipos que se aplicasen, podía oscilar entre 2.000 y 1.000 millones. “Ni Zapatero ni Rubalcaba se atrevieron a dar este paso. Al menos, Pedro Sánchez podrá decir que no le han dejado”, sostienen fuentes del PSOE. Este es el mensaje que se va a trasladar ante la opinión pública.