El Gobierno de Sánchez amplía las direcciones generales en las que puede realizar nombramientos a dedo

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, firmó este martes un real decreto que viene a modificar algunos puntos de la estructura orgánica del Gobierno, a nivel de direcciones generales.

En el decreto se explica que “se modifica la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, con el fin de incluir el nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional entre las excepciones establecidas en este precepto”.

De este modo, según lo previsto en el artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ya no será preciso que la persona que ocupe el cargo de director general de Ordenación Profesional, que depende del Ministerio de Sanidad, ostente la condición de funcionario, “en atención a las características del órgano directivo que se exponen a continuación”.

Como norma general, los nuevos ministros nombran a personas de confianza como secretarios de Estado. El puesto de director general suele ser cubierto por altos funcionarios, aunque en ocasiones puedan ser cercanos al partido que gobierno o al ministro o secretario de Estado.

Pero se permite hacer excepciones: el Gobierno puede aprobar por real decreto lo que se denomina “Excepción en los nombramientos de Director General”, de forma que indica algunos puestos de director general a los que excluye del requisito de ser funcionario para ocuparlos. Eso facilita que los ministros coloquen también en las direcciones generales a personas de su confianza.

Primero el nombramiento

La última excepción aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez es la de la Dirección General de Ordenación Profesional. Justifica esa decisión señalando que “las características específicas de las funciones a desempeñar suponen la exigencia de un conocimiento específico en la ordenación de las profesiones sanitarias y en la gestión especializada en ciencias de la salud y las relaciones profesionales, que requieren que su titular haya demostrado previamente una carrera profesional que acredite la cualificación y experiencia necesarias para la gestión de un sector y unos agentes sanitarios específicos”.

De ahí, concluye, que resulte “necesario excepcionar la reserva para personal funcionario del nombramiento de la persona titular de la Dirección General de Ordenación Profesional, con el fin de que personas con una trayectoria profesional absolutamente acorde con los requisitos del puesto, con independencia de que tengan o no la condición de funcionario, puedan desempeñarlo”.

Precisamente en la Dirección General de Ordenación Profesional hubo un relevo hace unos días. Rodrigo Gutiérrez, que habían sido nombrado en 2018 en los pocos meses que estuvo Carmen Montón en Sanidad, dimitió y Salvador Illa nombró en su lugar a Vicenç Martínez, que era director-gerente del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Por tanto, el real decreto del 24 de noviembre venía a cubrir la situación, de forma que el nuevo director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad pueda ocupar ese puesto sin ser funcionario según los requisitos de la ley, que establece que los nombramientos de directores generales “habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1”.

Funcionarios A1

Ese mismo artículo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público admite que esa obligación de nombrar directores generales entre funcionarios del subgrupo A1 se puede sortear si el Real Decreto de estructura del Gobierno y de los ministerios permite que “en atención a las características específicas de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales características que justifiquen esa circunstancia excepcional”.

Sin embargo, cada vez es menos excepcional que los directores generales sean nombrados sin ser funcionarios del subgrupo A1, sino personas de fuera de la Función Pública pero que los ministros desean que se hagan cargo de un área concreta de su departamento.

Recurso de altos funcionarios al Supremo

A finales de enero, el nuevo Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos aprobó el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

De inmediato reaccionó la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), que emitió un comunicado para expresar su “malestar” porque el Ejecutivo había incluido en ese decreto la excepción de 23 direcciones generales, en las que ya no era necesario que se nombrara a funcionarios para hacerse cargo de las mismas.

Esta asociación presentó hace unos meses un recurso ante el Tribunal Supremo, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya ha admitido a trámite, en el que Fedeca denuncia que el Gobierno se está excediendo en el recurso a esas excepciones en los requisitos para ocupar una dirección general.

Cinco con Rajoy, de seis a nueve con Zapatero

Lo cierto es que las direcciones generales en las que no es necesario nombrar a un funcionarios A1 solían estar bastante acotadas. Según informó Vozpópuli, en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004) había nueve, y en el segundo (2008), seis.

En la primera legislatura de Mariano Rajoy fueron cinco. Cuando llegó Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018 al ganar la moción de censura, el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, estableció excepciones en ocho direcciones generales, y en la Dirección General del organismo autónomo Instituto de Turismo de España (Turespaña).

Pero en menos de un mes el Gobierno de Sánchez elevó, mediante sucesivos reales decretos, de ocho a trece direcciones generales las incluidas en esa excepción, además de la de Turespaña.

Así permaneció la estructura del Ejecutivo desde julio de 2018 hasta enero de 2020, cuando el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Podemos y sus socios no sólo aumentó el número de ministerios, sino que también disparó a 23 las direcciones generales que podrían ser ocupadas sin ser funcionario.

La presidencia del CIS

La primera estructura del Gobierno PSOE-Unidas Podemos contemplaba excepciones en 18 direcciones generales:

a) La Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes.

b) La Dirección General de Infraestructura.

c) La Dirección General de Tráfico.

d) La Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.

e) La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.

f) La Dirección General de Política Energética y Minas.

g) La Oficina Española de Cambio Climático.

h) La Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura.

i) La Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación.

j) La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

k) La Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia.

l) La Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030.

m) La Dirección General de Derechos de los Animales.

n) La Dirección General de Migraciones.

ñ) La Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria.

o) La Dirección General para la Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial.

p) La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.

q) La Dirección General de Consumo.

Había que añadir cinco casos de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos:

a) Dirección General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) (O.A.).

b) Dirección General del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

c) Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas.

d) Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

e) Dirección General del Instituto de la Juventud.

Pues bien: a esas 23 direcciones generales o puestos equivalentes -como la presidencia del CIS, que recae en José Félix Tezanos- se han ido sumando nuevos casos, además del último, el de la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad.

Los ministerios de Pablo Iglesias y Alberto Garzón

Carolina Darias firmó el Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

En ese real decreto se incluyó la excepción de que ocupara un funcionario la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, dentro del ministerio de Pablo Iglesias

Días después, Iglesias nombró para esa directora general de su ministerio a Patricia Bezunartea. Hasta entonces era directora técnica de Bienestar Social en al Ayuntamiento de Móstoles (Madrid) y había sido miembro de la candidatura municipal de Ganar Móstoles, plataforma vinculada a Mas Madrid (de Íñigo Errejón).

Darias rubricó un mes después el Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

En su caso, lo hizo para que Alberto Garzón pudiera nombrar libremente, sin recurrir a funcionarios, al director general de Ordenación del Juego. Garzón eligió para una de las áreas más polémicas de su ministerio a Mikel Arana, quien fue coordinador general de Ezker Batua-Berdeak y, después, de Ezker Anitza, el referente en el País Vasco de Izquierda Unida, coalición de la que Alberto Garzón es coordinador.

El mismo día se aprobó el Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Con este decreto, Teresa Ribera ya podía nombrar a quien quisiera para la Dirección General del Instituto para la Transición Justa.

Finalmente en noviembre ha llegado el caso de la Dirección General de Ordenación Profesional, del Ministerio de Sanidad.

Varios cargos de Moncloa

El Gobierno PSOE-Unidas Podemos creó también otros puestos equivalentes a direcciones generales que ha cubierto con personas de confianza y no con funcionarios del subgrupo A1.

Mediante el Real Decreto 136/2020, de 27 de enero, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, se crearon varios altos cargos nuevos, que hasta ese momento no existían.

Se trata del Departamento de Información Económica, el Departamento de Información Autonómica y el Departamento Digital, nuevos departamentos dependientes de la Secretaría de Estado de Comunicación que dirige Miguel Ángel Oliver.

Por ejemplo, como director de Información Económica fue nombrado Daniel Fuentes, que ya tenía un cargo en el organigrama de Moncloa y que era uno de los principales asesores de Pedro Sánchez en asuntos económicos.

Esos tres departamentos se crearon con rango de dirección general, y lo mismo ocurrió con el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora y la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo.

Para ese alto comisionado Sánchez eligió a Francisco Polo, ex diputado del PSOE y que había sido secretario de Estado para Avance Digital. En la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo, bajo dependencia de Iván Redondo, ubicó a Diego Rubio, profesor de Historia y doctorado por la Universidad de Oxford.

También es cierto que ese mismo decreto suprimió otros puestos de director general, como el de Alto Comisionado para la Agenda 2030.