Los grandes empresarios se llevan las manos a la cabeza con las “burlas” de las pymes a la fuga de compañías de Cataluña
Conmoción tras analizar un informe de Pimec. Habla de que “los traslados de sedes no tienen justificación”, se han decidido “porque los bancos son sensibles a los rumores”...
La situación de incertidumbre y las continuas idas y venidas de Puigdemont no están favoreciendo al sector empresarial. La fuga de compañías de Cataluña sigue imparable. Los grandes empresarios comienzan a alertar de que el impacto social es evidente. Sin embargo, las pymes catalanas minimizan los efectos de estos cambios de sede.
Pase lo que pase, el proceso independentista se ha cobrado ya el traslado de 1.600 sedes fuera de la comunidad, según los últimos datos del Colegio de Registradores hasta este miércoles. El 30% del empleo en Cataluña depende de alguna de las empresas que ha cambiado de domicilio, según alertó este jueves el presidente de la CEOE, Juan Rosell.
No se pasa tampoco por alto que la fuga de empresas continúa a fuerte ritmo, sin que el anuncio de aplicación del artículo 155 de la Constitución haya frenado la sangría.
Conmoción empresarial por un informe de Pimec
En cambio, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana (Pimec), que preside Josep González, realiza un análisis totalmente diferente sobre las consecuencias de la fuga de empresas de Cataluña. Un informe que ha remitido a sus socios en los últimos días.
“Me he llevado las manos a la cabeza cuando lo he analizado con detalle”, han resumido a El Confidencial Digital algunos ejecutivos de grandes empresas catalanas que acaban de recibir el documento. “Me parece una burla en toda regla a un problema gravísimo”, sentencia uno de estos dirigentes.
Los bancos son sensibles a los rumores y al pánico
En concreto, Pimec justifica los traslados de las sedes sociales de los bancos porque es un sector “muy sensible a los rumores y el pánico”.
Afirma que las empresas cotizadas en Bolsa se han visto afectadas por movimientos especulativos o por presiones de sus inversores de referencia para sacar su sede social. Y las que operan en sectores altamente regulados por el Gobierno central, como las infraestructuras y la energía, han “priorizado la proximidad al regulador español”.
Salvo estos tres casos, la patronal de la pequeña y mediana empresa catalana entiende que no tiene otra justificación que las empresas trasladen su sede social fuera de Cataluña ante la actual situación política y jurídica.
Pimec concluye que “no hay ningún riesgo de inestabilidad financiera ni bancaria en el país”. Recomienda a las empresas y autónomos mantener la calma: Cataluña sigue formando parte de la zona Euro y las entidades financieras que operan están supervisadas por el Banco de España y el Banco Central Europeo.
Los traslados de sedes no afectarán al empleo
La patronal de la pequeña y mediana empresa considera que los traslados de sedes sociales no resultan significativos en términos de fiscalidad y ocupación. Muchas de estas empresas se llevan la sede social pero no el domicilio fiscal. Recuerdan que el 70% de la ocupación no depende de las grandes empresas sino de las pymes.
Por el momento, aconseja actuar con serenidad ante las amenazas de anulación de pedidos por parte de clientes de otras partes de España.
La patronal recuerda que un posible boicot de productos catalanas probablemente afectará a muchos proveedores de todo el Estado. “Por cada 10 euros de venta catalana al resto de España, se compran 4 euros en productos y servicios intermedios de proveedores de otras comunidades”, subraya.
La intervención del Estado alargará el plazo de cobro
Pimec considera que cualquier modificación del encaje de Cataluña con el resto de España y la Unión Europea se produciría como resultado de “una larga negociación, como se está viendo con el Brexit, en la que se garantizaría la máxima seguridad jurídica a los empresarios”.
Pero advierte de que teme que, con el control de las finanzas por el Estado, se alarguen los plazos de pago a los proveedores de la Generalitat. Recuerda que las facturas son pagadas directamente por Hacienda y están sujetas a una verificación previa por parte de la Intervención General, que podría incidir sobre el periodo efectivo de cobro.
