¿Qué debe hacer el Estado en caso de secuestro de periodistas o cooperantes en zonas de conflicto?

Manuel Ángel Gómez, jefe de Internacional y Defensa en la cadena COPE, explica a El Confidencial Digital su opinión respecto a las posturas que debería adoptar el Estado en las diferentes fases de un secuestro llevado a cabo por grupos terroristas.

“No se puede prohibir a ningún medio informar”

Según este experto, “debe ser el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el que decida si es conveniente difundir el secuestro”. Aunque Gómez resalta la potestad de los servicios de inteligencia para dar luz verde a la difusión de un caso de esta envergadura, añade que “no se puede prohibir a ningún medio informar”, y que éste debe valorar “qué pesa más: que el lector conozca la existencia del secuestro, o hasta qué punto puede dificultar ello el posterior rescate”.

No obstante, el jefe de Información de COPE matiza que “el Gobierno tiene derecho a no hacer público un secuestro”. El motivo: “cuando más famosos se hagan los secuestradores, más dinero piden”, por lo que en este sentido Manuel Ángel Gómez justifica la actuación del Ejecutivo en las ocasiones en las que ha querido mantener en secreto la situación de periodistas o cooperantes en el extranjero.

El rescate: pagar o no pagar

Una vez que el caso ha salido a la luz, la opinión pública se divide en dos facciones: los partidarios de pagar a los terroristas para obtener la liberación de los secuestrados, y los que piensan que el Estado no debe ceder ante los secuestradores.

“El asunto es espinoso”, asegura Gómez. “Lo que le ocurría a Estados Unidos es que prohibía a las familias pagar, y a los familiares no se les puede prohibir pagar. Otro asunto es que el Estado tenga el compromiso ético de hacerlo”.

Con este comentario, el experto se refiere a la política de gobierno de Estados Unidos en relación con el pago de rescates para la liberación de rehenes de su país, y contra la que se ha manifestado el presidente Obama, ordenando al ejecutivo que no amenace a las familias de los secuestrados con ser procesados judicialmente si intentan pagar el rescate que exigen los captores.

Entregar dinero “fomenta más secuestros”

En cuanto a la situación de España, el periodista lo tiene claro: “tú no puedes estar permanentemente pagando rescates millonarios, sabiendo que ese dinero va a parar a terroristas”.

Manuel Ángel Gómez añade que “pagar a terroristas fomenta más secuestros”, por lo que “no puede ser algo que se dé por hecho: secuestrar y dar dinero”.

Los españoles, “objeto de deseo” de los terroristas

Una opinión similar respecto al rescate de periodistas o cooperantes secuestrados en el extranjero manifiesta el periodista Hermann Tertsch.

“Estoy radicalmente en contra de que el Estado pague un secuestro. Se puede pensar en impedir que paguen el rescate los familiares, aunque es comprensible que quieran hacerlo, pero un Estado no debe pagar”.

Tertsch justifica su postura explicando que los españoles “somos los más atractivos objetos de secuestro”. Pagar por liberar a un periodista o cooperante convierte, según sus palabras, en “objeto de deseo” al resto de los españoles en zonas de conflicto.

“Como norma, los secuestradores deberían tener el mensaje de que un Estado no negocia esto”, sentencia el periodista.

Vía militar

Más allá del dilema de asumir el pago de un rescate o no, existe una tercera vía por la que un estado también puede intentar abordar la liberación de uno de sus ciudadanos en terreno extranjero: una intervención militar.

Hay quien piensa que una operación con efectivos fuera de nuestras fronteras es viable para este tipo de casos, aunque también existe la opinión de los que creen que España no está preparada para ello.

“Siria no son las mejores condiciones para una operación militar. Yo no veo preparada a España”, asegura el periodista Manuel Ángel Gómez.

Por el contrario, Hermann Tertsch defiende que “España está preparada para llevar a cabo una operación militar, pero los gobernantes no se atreven a mandar militares” por las probabilidades que existen de que la intervención en zona de conflicto sea un fracaso y genere la muerte de efectivos o de los propios rehenes. “No asumen el riesgo. Los políticos no quieren exponerse y prefieren pagar el dinero”, sentencia.