El ‘no sin mi hija’ español: dos años para rescatar a Carolina de Kirguistán

Carolina Salgado tenía cinco años cuando sus padres se divorciaron, de muto acuerdo, en 2013. Aunque ella es española, su padre es de origen argentino y su madre, kirguís.

Confidencial Digital ha podido conocer los detalles de la historia de la niña, que lleva dos años separada de su padre.

Reiteradas e ignoradas advertencias

Éste advirtió varias veces al juzgado de que su hija iba a ser secuestrada por su exmujer y pidió hasta en cinco ocasiones que se le prohibiera la salida de España.

Estas advertencias fueron ignoradas durante nueve meses por las autoridades judiciales hasta que efectivamente, en septiembre de 2016, la madre se llevó a la niña a Kirguistán, donde permanece a día de hoy.

El padre, Carlos Salgado, ha denunciado públicamente y ante el Síndic de Greuges de Cataluña su situación de desamparo. 

El juez al que pidió en varias ocasiones que prohibiera a su exmujer la salida del territorio nacional le ha pedido perdón, según ha sabido ECD. "Me voy a ir a Rusia con la niña y no la vas a volver a ver nunca", le había amenazado la madre varias veces.

Odisea en Kirguistán

A la vista de la lentitud de los trámites judiciales, Salgado decidió contratar a un detective privado para localizar a su hija en la ex república soviética.

Allí vivió una auténtica odisea: perdió su empleo para poder permanecer hasta dos meses en dicho país, se endeudó con familiares, conocidos y bancos para poder mantenerse e incluso fue arrestado en la frontera, donde recibió amenazas de muerte.

A día de hoy, Salgado se encuentra en España, pendiente de que se active la orden de búsqueda internacional para poder recuperar a su hija Carolina. Ha encontrado empleo y devuelve el dinero que pidió para viajar a Kirguistán.

ECD ha accedido a los hechos, así como a la documentación judicial que prueba la versión del padre. A continuación, se relata, por orden cronológico, la historia del alejamiento de Carolina por parte de su madre y su salida de España.

Se espacian las visitas

Tras el divorcio, los padres seguían el régimen de visitas establecido por el juez. Sin embargo, en enero de 2016, pasados tres años, la madre empezó a incumplirlo. Fue espaciando las visitas de la niña a casa de su padre.

Por tanto, el progenitor comenzó a ver a su hija menos días de lo que había dictado el magistrado. La niña no acudía al colegio, donde su padre la recogía los días que estaban previstos: miércoles, jueves y un viernes cada dos semanas.

Cuando llamaba a la madre, Elmira Kruglova, para saber por qué su hija no había ido a clase, no recibía respuesta alguna. Más tarde, su exmujer le dijo que no le quería entregar a la niña porque "era un mal padre". En ese momento, Salgado no acudió a la Justicia.

Incidente en el colegio

Sin embargo, la situación se agravó el miércoles 20 de enero de 2016, cuando Salgado fue a recoger a su hija a la salida del colegio, tal y como estaba establecido. La niña tenía ocho años.

Casi a la vez, apareció la madre de Carolina, que  se negó a que se fuera con su padre. Tras unos minutos de discusión, éste llamó a los Mossos d’Esquadra para obligar a la madre a respetar el régimen de visitas.

Los agentes se personaron en el colegio y ordenaron a Kruglova a que entregara a la niña a su padre, tal y como había dictado un juez.  Ella se negó en rotundo, metió a Carolina en el coche y se marchó, sin que los agentes lo impidieran.

Burofax y denuncia

Tras este incidente, el 25 de enero, el padre envió un burofax a su exmujer recogiendo todas las ocasiones en que había incumplido el régimen de visitas, desde principios de enero.

Además, le afeó que no respondiera a las llamadas de teléfono ni a los mensajes de texto, que le hubiera bloqueado en Whastapp y que se negara a abrirle la puerta de su casa.

También, que no llevara a la niña al colegio los días que le correspondía pasar con su padre.

Primera denuncia

Tres días más tarde, el 28 de enero, siguió el consejo de unos amigos y acudió a los juzgados a presentar una denuncia contra ella. Lo hizo ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Blanes (Gerona), que se encontraba de guardia.

Ya entonces el padre empezó a sospechar que su hija podía ser secuestrada por su madre y advirtió de ello al juez, Francisco Javier Santamaría, a quien solicitó que dictara la prohibición de salida del país. Reiteró la denuncia el 1 de febrero. Ni en una ocasión ni en la otra se dictó esta medida.

Denunciado por abuso sexual

A las dos semanas, Salgado fue al colegio a recoger a su hija. Como en otras ocasiones, no había acudido a clase para evitar que pasara tiempo con él. 

Aquella tarde, Salgado fue informado por otros padres de que había sido denunciado por su exmujer por abusar sexualmente de su hija.

Inmediatamente, el padre presentó un escrito al juzgado denunciado que su exmujer incumplía la obligación de escolarizar a su hija, que le mantenía incomunicado con ella y que le había denunciado de manera falsa.

A la vez, Salgado fue suspendido en el centro escolar donde daba trabajaba dando clase y no se incorporó hasta que el juez dictó el sobreseimiento del caso.

Servicios sociales

Casi al mismo tiempo, tres días más tarde, el padre presentó un escrito a los servicios sociales de Tordera, donde residía la niña, poniéndoles en conocimiento de estos hechos.

Los servicios sociales enviaron a funcionarios a visitar el domicilio de la madre para comprobar los hechos presentados por su ex marido. Sin embargo, ella se negó a firmar los documentos pertinentes para acreditar su inspección.

Inacción judicial

A finales de marzo, la abogada de Salgado presentó una nueva demanda por incumplimiento del régimen de visitas. El juez no tomó medida alguna.

Pasado un mes, ante la inacción del juzgado, el padre presentó un nuevo escrito instando a que se tomaran medidas “a la mayor celeridad”, ya que la situación persistía.

Añadió un nuevo dato: la tutora de la niña había alertado de que Carolina estaba acusando los efectos de no acudir a clase, en ocasiones, hasta tres veces por semana. Tampoco se tomaron medidas con esta nueva aportacón.

Tres meses después, el primer auto

No ocurrió nada hasta el 22 de abril, tres meses después de la presentación de la primera denuncia.

Ese día, el juez dictó un auto de ejecución forzosa, obligando a la madre a cumplir el régimen de visitas que ambos cónyuges pactaron durante el proceso de divorcio.

Le advirtió de que su incumplimiento supondría penas de multa y restarle días de custodia con Carolina. Le fue notificado a las partes el 9 de mayo.

El padre advirtió al juez en un escrito de que “muy probablemente existirán dificultades para notificar el auto debido a que nunca suele contestar al timbre ni abrir la puerta, y que hará todo lo posible por dilatar el proceso”.

Persiste el incumplimiento

Sin embargo, al cabo de un mes, en mayo, la madre seguía incumpliendo lo ordenado por el juez. Es decir, la niña llevaba seis meses sin ver a su padre. El juzgado no había establecido un seguimiento de las actuaciones que había ordenado.

El padre presentó el 26 de mayo una demanda pidiendo que se celebrara un juicio para que se le atribuyera la custodia de la niña y el cambio del régimen de visitas.

Además, pedía que la pensión alimenticia la asumiera la madre y que se extinguiera su derecho al uso del domicilio familiar.

Asimismo, pidió por tercera vez, que se prohibiera a la mayor celeridad a la madre sacar a la niña fuera del territorio nacional, petición que de nuevo no fue atendida. Esta demanda fue admitida el 7 de junio pero no se adoptaron las medidas solicitadas.

Denuncia ante la Fiscalía

Ante el silencio de la madre y del juzgado, el padre presentó una nueva denuncia, esta vez ante la Fiscalía de menores. Lo hizo el 14 de junio.

Solicitó una prueba pericial psicológica para la niña, el padre y la madre, un informe al colegio para que acreditaran las faltas de asistencia de la menor a clase y un informe de los servicios sociales.

Tampoco el Ministerio Público atendió a sus peticiones.

Demanda ejecutiva

A la vista de que la situación persistía y de que ni el juez ni el fiscal tomaban medidas, Salgado presentó una demanda ejecutiva el 5 de julio, solicitando que se impusiera una multa a la madre y se le obligara a cumplir con lo dispuesto por el juez en abril.

Como llevaba ocurriendo hasta el momento, no recibió contestación.

Cambio de domicilio sin avisar

El 11 de julio, el padre tuvo conocimiento de que su exmujer se había mudado sin avisarle. Salgado había acudido al domicilio habitual para exigirle que le entregara a la niña los días previstos y se enteró por la comunidad de vecinos de que Kruglova ya no residía allí.

Salgado presentó una denuncia a la Fiscalía Provincial de Gerona contra su exmujer por no haberle informado del cambio de vivienda e impedirle de esta manera poder ver a la hija de ambos.

La madre recurre las órdenes del juez

Mientras tanto, Kruglova presentó un recurso al auto de abril, que le obligaba a cumplir el régimen de visitas previsto. El padre apeló a dicho recurso y pidió que no se revocara el auto, como así se resolvió el 27 de julio.

En ese momento, el auto fue declarado definitivo, sin posibilidad de recurso. Es decir, la madre no tenía más opción que entregar a su hija los días pactados. Salgado no veía a su hija desde mayo.

Ni los Mossos ni la Policía local actúan

Como el auto ya era definitivo, el padre acudió a una comisaría de los Mossos d’Esquadra para que intervinieran y obligaran a su ex mujer a cumplir las medidas judiciales ordenadas.

Sin embargo, los agentes le informaron de que no podían hacer uso de la fuerza sin autorización judicial. Lo mismo ocurrió con la Policía local.

Ante esto, Salgado acudió de nuevo al juzgado, pidiendo que se autorizara a los agentes al uso de la fuerza con su exmujer.

Volvió a solicitar, por cuarta vez, que se prohibiera la salida del territorio español para su mujer y su hija. Como en las anteriores ocasiones, no fue concedido.

El juez no autorizó a los Mossos el uso de la fuerza para hacer cumplir las medidas del auto.

Juicio suspendido y la niña sin escolarizar

La fecha del juicio quedó fijada para el 13 de septiembre, pero tuvo que ser suspendido porque Kruglova no se presentó.

Antes de que comenzara el curso, la exmujer dio de baja a la niña en el colegio e intentó matricularla en uno distinto. El padre se enteró por los profesores y se opuso a que la niña abandonara el centro escolar sin que la exmujer le hubiera consultado.

Finalmente, la madre no la escolarizó en ningún centro y la menor no asistió a clase alguna.

El padre pidió información a los servicios sociales, que le informaron de que Kruglova no respondía a las llamadas telefónicas ni abría la puerta de su nuevo domicilio.

Quinta petición de que se prohíba la salida del país

El padre presentó una denuncia a finales de septiembre ante los Mossos ante el temor de que la madre hubiera huido a Rusia con la niña.

Por tanto, pidió al juzgado de guardia, por quinta vez, que prohibiera la salida de la madre del territorio nacional. Argumentó que le había amenazado varias veces con llevarse a la niña a Rusia “para siempre”.

Reiteró la denuncia por segunda vez el 1 de octubre. Ninguna fue aceptada.

La madre huye de España

Al día siguiente, la madre envió un correo electrónico a su abogada informándole de que había viajado a San Petersburgo con la niña.

El 5 de octubre, Salgado presentó una denuncia por la huida de su exmujer con la hija de ambos fuera de España, sin habérselo comunicado previamente.

Pidió al juzgado que se practicaran, entre otras diligencias, el rastreo informático del móvil de la madre para localizar su paradero.

Efectivamente, más tarde tuvo confirmación de que habían abandonado España rumbo a Roma el 8 de octubre.

Presentó una nueva denuncia pidiendo nuevas diligencias y que se tomara declaración a la nueva pareja de su exmujer, de quien sospechaba que había colaborado como cómplice.

Según ha sabido ECD, el juez Santamaría se mostró consternado por los hechos y pidió disculpas al padre.

Queja al Síndic

A la vez, el progenitor puso una queja ante el Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo, Rafael Ribó, por la reiterada inacción judicial, pese a las reiteradas advertencias que había hecho al juez.

Ribó le contestó que pondría los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Patria potestad

En enero de 2017, un año después del inicio del caso, el le concedió al padre la patria potestad y custodia de su hija.

Además, se inició un procedimiento de presunto de delito de sustracción de menores contra la madre de la niña.

Sin embargo, no se dictó una orden de búsqueda internacional, tal y como deseaba el padre.

Cambio de juez

Dos meses después, en marzo de 2017, el juez Santamaría fue sustituido por el magistrado José Sánchez Ruiz, quien se hizo cargo del procedimiento.

Orden de búsqueda internacional

Pasaron seis meses hasta que este nuevo juez dictó una orden de búsqueda internacional contra la madre, pidiendo ayuda internacional de la Policía de Kirguistán.

Sin embargo, al no especificar con exactitud qué diligencias llevar a cabo ni solicitar ayuda a la Fiscalía del país, ni la Interpol ni las fuerzas de seguridad kirguís iniciaron acciones.

Así lo comunicaron las autoridades de la ex república soviética a la Interpol, que a su vez informó a los Mossos en marzo de 2018. Éstos, por su parte, lo comunicaron al juzgado en mayo de este año.

Nueva juez y detective

A la vez, el juez Sánchez abandonó el juzgado en abril de 2018, siendo sustituido por la magistrada María Bervel.

El padre de la niña decidió contrató a un detective para intentar localizar a su hija en Kirguistán. Tras hacerlo, el progenitor viajó al país para intentar traer a la niña a España.

Viaje a Kirguistán

Abandonó su empleo y permaneció más de dos meses en territorio kirguís. Allí encontró a Carolina, que ya contaba con diez años de edad, mientras jugaba en unas pistas deportivas.

Empezó a hablar con ella y trató de convencerla para que viajara con él a España. Viajaron hasta la frontera de Kirguistán, pero fueron retenidos por las autoridades porque al pasaporte de la niña le faltaba un sello para poder salir del país.

Detenido

La Policía detuvo al padre, que permaneció bajo arresto en el calabozo durante un día. Asegura que sufrió amenazas de muerte. Le impidieron ponerse en contacto con la embajada española.

Fue puesto en libertad al día siguiente con la prohibición expresa de entrar en el país.

Intento de archivo de la causa

A su regreso a España, en junio, el padre se encontró con que la nueva juez había dictado una resolución acordando el archivo de las actuaciones, quedando sin efecto la orden de detención internacional. Argumentó la decisión con el hecho de que el juzgado “nada más podía hacer”.

El padre presentó un recurso que fue desestimado en julio. Ante esto, acudió a la Audiencia de Gerona, que estimó parcialmente su escrito en octubre. Sin embargo, por un defecto de forma, se dio un plazo de un mes para subsanar el error, algo que ocurrió en noviembre.