El informe contra la financiación autonómica esconde una trampa para el Gobierno: cuestiona los “viernes sociales”
La Abogacía del Estado subraya que las entregas a cuenta exceden las atribuciones de un Ejecutivo en funciones al ser una “decisión política”. Sánchez aprobó seis decretos en periodo pre-electoral
María Jesús Montero puso al Gobierno contra las cuerdas al descubrirse que el informe al que aludía para no aplicar los ingresos a cuenta a las comunidades autónomas no existía. Moncloa y Hacienda solventaron la crisis gracias a la Abogacía del Estado, que el martes por la tarde difundió un documento en el que se alineaba con las tesis del Ejecutivo.
El contenido de ese escrito se hizo público al día siguiente. Y en él, la Abogacía del Estado señala que la actualización de las entregas “excede el despacho ordinario de asuntos públicos”, de modo que “no podría un gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas”.
Además, el organismo que dirige Consuelo Castro Rey añade que si un gobierno en funciones modifica las entregas, “establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno por lo que dicha actuación excedería del despacho ordinario de asuntos”.
Los “viernes sociales”, en cuestión
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, este segundo argumento de la Abogacía del Estado ha puesto en alerta a varios partidos y grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Las fuentes consultadas por este diario recuerdan que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez aprobó, una vez disueltas las Cortes y convocadas las elecciones generales del 28 de abril, hasta seis decretos que, a juicio de los partidos de la oposición, incluían “claras orientaciones políticas”.
Sánchez aprovechó un periodo “pre electoral” para aprobar la ampliación del permiso de paternidad, ayudas al alquiler y el subsidio para mayores de 52 años, entre otras medidas, en unos Consejos de Ministros que desde Moncloa empezaron a denominarse como los “viernes sociales” del Gobierno.
Unos “viernes sociales” que, señalan las fuentes consultadas, “la propia Abogacía del Estado ha puesto en cuestión” con su informe sobre la financiación autonómica: “Todos los decretos aprobados en ese periodo tienen orientaciones políticas y, por tanto, no deberían haberse impulsado con elecciones ya convocadas”.
El Gobierno, añaden, “ha caído en su propia trampa y ha tirado piedras contra su propio tejado” con la puesta en marcha y difusión de un informe cuyo objetivo era acallar las reivindicaciones de las comunidades autónomas.
Por tanto, “ahora, desde la oposición, pueden tratar de tumbar esos decretos y dejar en evidencia a Pedro Sánchez”.
El recurso del PP
Cabe recordar que el PP ya anunció, el pasado mes de abril, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo en esos “viernes sociales”.
Desde Génova se explicó que el partido había decidido impulsar este recurso al considerar que la aprobación de esos seis decretos no era de “extraordinaria y urgente necesidad”, tal y como requiere la Constitución para estas normativas.
Ahora, el PP ha encontrado en el informe de la Abogacía del Estado un nuevo argumento para este recurso, que puede ser “decisivo” a la hora de la toma en consideración por parte del Tribunal Constitucional.
