La Inspección de Trabajo investiga irregularidades en los despidos del PP
Citará a los abogados del partido para que presenten toda la documentación sobre la relación laboral de Génova con los trabajadores del Congreso y el Senado
El fantasma de la suspensión de pagos sobrevuela la mayoría de las sedes del PP. Génova ha comenzado a trabajar en una importante reestructuración de personal, que se justifica en que la organización no ha cumplido los objetivos electorales. La dirección del partido se enfrenta a un conflicto laboral con sus trabajadores por los despidos y la inspección de Trabajo va a intervenir.
El PP ha empezado a despedir a parte de sus trabajadores con contrato fijo en el Congreso y el Senado, a los que, de forma sorpresiva, ha pasado a considerarlos “eventuales” para ahorrarse la indemnización, según han denunciado varios de ellos esta semana en la Cadena SER
Son al menos seis los trabajadores afectados (2 en el Congreso y 4 en el Senado), que eran empleados fijos del PP, con casi 30 años de antigüedad, en los Grupos Parlamentarios de ambas Cámaras.
Desde el 28 de abril se ha extendido entre los trabajadores del PP la preocupación por sus puestos de trabajo ya que, al recibir menos subvenciones y tener menos escaños el partido, ni necesita ni puede pagar la misma infraestructura.
Llegó a hablarse incluso de la posible venta de la sede de la calle Génova, pero el partido de momento lo descarta.
Trabajo investiga irregularidades
Pues bien. Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes conocedoras del proceso, la Inspección de Trabajo ha comenzado a investigar de oficio esas presuntas irregularidades en los despidos del PP.
Se trata de averiguar si se ha cometido alguna infracción al convertir a empleados fijos, con varias décadas de antigüedad, en eventuales, recortándoles así la cantidad de indemnización que les tendría que abonar.
Hay que señalar que Inspección de Trabajo interviene cuando hay indicios de haberse cometido infracciones de carácter laboral o contra la Seguridad Social.
Cita para aportar documentación
Según las fuentes consultadas por ECD, la Inspección de Trabajo se plantea citar en los próximos días a representantes del Partido Popular.
Tendrán que presentarse en la sede de la Inspección de Trabajo, en Madrid, para aclarar las presuntas irregularidades que pudieron cometerse en el contrato y el despido de sus trabajadores en el Congreso y el Senado.
Los abogados del partido tendrán que acudir a la llamada de oficio y presentar toda la documentación en poder de Génova sobre la relación laboral del PP con los empleados, así como responder a algunas cuestiones en relación con el tema.
La citación consistirá fundamentalmente en una comprobación documental y será solo el principio de la investigación.
Acto de conciliación el 26 de junio
ECD ha podido confirmar también que algunos de los trabajadores despedidos han emprendido acciones legales contra el PP. La legislación prevé que, cuando se da un despido improcedente, haya previamente un acto de conciliación -con el fin de evitar ir a juicio- en el que ambas partes se vean las caras.
Así, Génova ha concertado un “acto de conciliación” entre el partido y los afectados para el próximo 26 de junio.
Cambio de status de fijos a eventuales
Según la información difundida por la Cadena SER, el PP habría cambiado la catalogación de estos trabajadores indefinidos, que ahora estaría calificando de “eventuales”. Además, les habría comunicado su despido con 12 días de indemnización por año trabajado y limitando a 4 años su antigüedad, lo que dura la legislatura.
En cambio, el personal afectado asegura que disponían de contratos fijos, firmados en los años 80 por los entonces responsables del partido Loyola de Palacio, Francisco Álvarez Cascos -secretario general- o el ex tesorero Álvaro Lapuerta Quintero.
Un recorte en las indemnizaciones
Con esta nueva catalogación, el PP se ahorra pagar indemnizaciones por despido y por antigüedad. Según fuentes sindicales, Génova debería abonar ahora casi un millón de euros en indemnizaciones a los trabajadores fijos con tres décadas de antigüedad.
Pero, al cambiarles, en supuesto fraude de ley, el estatus a “eventuales”, la formación apenas tendría que abonarles 37.000 euros. Por lo tanto, el partido se ahorraría el 96,5% de indemnizaciones que la ley le obliga a pagar.
