Interior decide no sancionar a ningún policía ni guardia civil que participaron en los disturbios de Cataluña

Las intervenciones para frenar la violencia en las calles de Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O no tuvieron consecuencias disciplinarias en la Policía Nacional ni en la Guardia Civil.

El presidente del Govern de la Generalitat, Quim Torra, y el consejero de Interior, Miquel Buch, han anunciado en los últimos meses que los órganos internos de los Mossos d’Esquadra -la División de Asuntos Internos y la División de Evaluación de Servicios- investigan al menos a 37 agentes por sus actuaciones frente a los disturbios.

El independentismo radical, pero también partidos como la CUP e incluso ERC y JxCat, denunciaron en las semanas posteriores al 14 de octubre (fecha de publicación de la sentencia por el 1-O) el uso excesivo de la fuerza policial.

Acusaron a los Mossos, pero sobre todo criticaron, como en el referéndum del 1 de octubre pero a un nivel inferior, a los antidisturbios de la Policía Nacional. Les señalaron por disparar pelotas de goma (que vetó el Parlament para los Mossos), por circular con los furgones a gran velocidad para dispersar a manifestantes, por cargar con dureza con la defensa rígida...

Pese a todas esas acusaciones, y pese a los vídeos y fotografías que los independentistas hicieron circular en esos días, Confidencial Digital ha podido saber que ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil ha sancionado ni expedientado a ningún agente por estos hechos.

No se ha abierto expedientes

Así lo indica el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas de ERC. Las diputadas en el Congreso Montse Bassa (hermana de la ex consejera Dolors Bassa, condenada a prisión por la intentona secesionista de 2017) y Marta Rosique registraron casi 200 cuestiones sobre el despliegue especial de este otoño en Cataluña.

ECD ha podido consultar las respuestas dadas por escrito a muchas de esas cuestiones. En varias de ellas, el Ejecutivo responde a si la intervención de los policías nacionales y guardias civiles ante las movilizaciones que en muchos casos derivaron en disturbios violentos.

“Cabe indicar que no se han abierto procedimientos o instruidos expedientes a los agentes desplegados en Cataluña”, explica el Gobierno, se entiende que en una respuesta facilitada por el Ministerio del Interior, responsable de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Abogados del Estado defienden a agentes denunciados

En este contexto hay que recordar que el Ministerio de Justicia activó a la Abogacía del Estado para que defendiera en los tribunales, si era necesario, a los agentes que pudieran verse afectados por estos disturbios.

Esa defensa letrada por parte de abogados del Estado tenía una doble vertiente. Por un lado, serviría para atender a los agentes que resultaron heridos (en algunos casos, de gravedad) por los independentistas violentos que les atacaron durante sucesivas jornadas de altercados muy graves.

Por otro lado, los abogados del Estado también estarían a disposición de los policías nacionales y guardias civiles que hubieran sido objeto de “acusaciones o denuncias falsas por los ciudadanos”.

De esta forma, Justicia se puso del lado de los agentes ante cualquier posible denuncia a agentes concretos por supuestas malas prácticas al sofocar los incidentes en esas jornadas de protestas, que en determinados casos derivaron en lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes contra los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, de la Policía Nacional y, en menor medida porque intervinieron en menos episodios, de la Guardia Civil.

Buena coordinación entre cuerpos policiales

La respuesta parlamentaria citada, en la que el Gobierno afirma que no se ha expedientado a ningún agente por los disturbios en Cataluña, aporta más información.

Por ejemplo, el Ejecutivo de Sánchez asegura que envió a varios miles de policías nacionales y guardias civiles desde otros puntos de España a Cataluña porque “ante un problema de orden público, los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplegaron en Cataluña para dar apoyo a la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra”.

De ese despliegue, el Gobierno de Sánchez concluye que valora “muy positivamente la coordinación de las actuaciones entre los cuerpos policiales”, es decir, entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra.

Además, señala que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están constituidas por unidades que permiten ser desplazadas a determinados puntos sin mermar la seguridad existente”, que “la planificación de la operación se realizó con base a criterios operativos y análisis de riesgos” y que las unidades de refuerzo ya se replegaron de  Cataluña a sus bases de origen.