Interior se niega a revelar el coste de la seguridad de Juan Carlos I y Pablo Iglesias

“El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga la calificación de reservado, a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma”.

Con este argumento el Ministerio del Interior y varias instancias dependientes de él -la Secretaría de Estado de Seguridad, su Gabinete de Coordinación y Estudios, la Dirección General de la Guardia Civil- han denegado el acceso a información pública por parte de ciudadanos que presentaron solicitudes en el Portal de Transparencia, y que querían saber la dimensión y el coste de dispositivos de seguridad de altas personalidades.

Dichas personalidades eran dos, principalmente: el rey Juan Carlos I y el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Juan Carlos I y Pablo Iglesias

Confidencial Digital ha consultado varias resoluciones recientes, en las que distintas instancias de la Administración General del Estado contestaron a peticiones de información a través del Portal de Transparencia denegando los datos solicitados.

En los últimos meses habían llegado al Ministerio del Interior consultas que hacían referencia tanto al dispositivo de seguridad que protege a Juan Carlos I, ahora que vive fuera de España, como al despliegue alrededor de la vivienda de la urbanización de La Navata (Galapagar, en Madrid) donde residen Pablo Iglesias e Irene Montero con sus hijos.

El resultado de algunas de esas consultas ha sido el mismo en el caso de dos personalidades tan dispares como Pablo Iglesias y Juan Carlos I, y además los argumentos del Gobierno para negarse a ofrecer información han sido muy similares.

Gasto por la escolta del rey emérito

El pasado 23 de julio, cuando la polémica por la publicación de noticias sobre presuntas irregularidades en su patrimonio ya habían colocado al rey Juan Carlos en una situación muy comprometida, llegó al Ministerio del Interior una petición que solicitaba varios datos:

-- “El gasto para cada mes y año que suponen la escolta del rey emérito entre el 1 de julio de 2014 y el mes vencido más próximo a la fecha de respuesta a la presente solicitud de información pública”.

-- “De esos gastos se solicita el total para cada mes y año que se corresponde a dietas para dicha escolta en ese mismo período de tiempo”.

-- “El número de viajes al extranjero realizados para cada mes y año por dicha escolta en dicho período de tiempo”.

-- “El número de viajes a países Europa [sic] (excluyendo a países miembros de la Unión Europea) realizados para cada mes y año para dicha escolta en dicho período de tiempo”.

La Casa del Rey comunicó el 3 de agosto que Juan Carlos I había comunicado a su hijo el rey Felipe su “meditada decisión de trasladarse fuera de España”. Dos días después, el 5 de agosto, a Interior llegaron dos nuevas consultas.

En la primera, un ciudadano pedía “conocer el dispositivo de seguridad y su coste desglosado del operativo de seguridad que se ha asignado a Juan Carlos I tras su decisión de marcharse de España el 3 de agosto de 2020”.

La segunda petición trataba de “conocer si desde el 03/08/2020 (inclusive) hasta la fecha de la respuesta a la presente solicitud de información pública: - Se han realizado gastos relacionados con la escolta del rey emérito; - Se han realizado cualquier otro tipo de gasto relacionado con la seguridad del rey emérito”.

Ley de Secretos Oficiales

Las respuestas a estas tres solicitudes las firma José Antonio Rodríguez González, comisario de la Policía Nacional que Fernando Grande-Marlaska situó al frente del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.

En las tres contestaciones se recogen los mismos argumentos. Interior indica que “en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado se determinan las partidas presupuestarias destinadas a Seguridad Ciudadana, entre cuyos ámbitos se enmarca la seguridad y protección de altas personalidades, competencia que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a tenor de lo establecido en el artículo 11.d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Añade que no cabe “disociar las concretas partidas presupuestarias destinadas a los distintos ámbitos en que dichas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejercen sus cometidos”. Es decir, que no se puede determinar cuánto cuesta concretamente el dispositivo de seguridad que protege al rey Juan Carlos.

A ese impedimento se añade otro, el ya citado más arriba: “El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga la calificación de reservado, a los planes de seguridad de Instituciones y organismos públicos, y a los planes de protección de todas aquellas personas sometidas a la misma”.

Sería el caso del plan de protección del padre del rey de España, entiende el ministerio. También tienen la calificación de reservado “todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a los que se haya atribuido dicha calificación, lo que implica la necesidad de restringir aquella información, cuya divulgación a personas no autorizadas pudiera generar riesgos o perjuicios graves para la seguridad y defensa del Estado”.

Todo ello, concluye el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, “implica la restricción de la información solicitada”. Subraya que el conocimiento o difusión de la información solicitada -despliegue de seguridad que protege a Juan Carlos I y gastos que lleva aparejados- “por personas no autorizadas puede poner en riesgo tanto la seguridad de las personas objeto de protección como de los agentes encargados de la misma, quedando por tanto dicha información sujeta a los límites que se establecen en el artículo 14 de dicha la LTAIPBG, conforme a lo dispuesto por el artículo 105.b) de la Constitución”.

Presupuesto para proteger a la casa real

La misma respuesta dio el Ministerio del Interior a una consulta del 15 de julio sobre el “Presupuesto destinado anualmente desde el año 2000 a la protección de los miembros de la Casa Real, especificando a ser posible el tipo de gasto (personal, vehículos, viajes...)”.

Se negó escudándose de nuevo en la Ley de Secretos Oficiales, la calificación de reservado y el peligro para los planes de protección de personalidades.

Sin embargo, tal y como contó hace dos semanas ECD, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya ha dado la razón en alguna ocasión a particulares que recurren contra las resoluciones del Ejecutivo que deniegan información sobre el coste de los dispositivos de seguridad que acompañan a los miembros de la Familia Real.

El Consejo de Transparencia han considerado que el Gobierno de España hacía una interpretación muy restrictiva de la Ley de Secretos Oficiales, que además se aprobó durante la dictadura de Franco y por ello debe ser aplicada a la luz de la Constitución de 1978, de otras leyes democráticas y de la jurisprudencia.

Por ello, concluía que el coste global de la seguridad de la Familia Real no puede ocultarse con el argumento de ser un secreto de Estado, sino que sí que debe facilitarse ese dato a quien lo solicite, ya que no pone en riesgo la seguridad nacional.

Cuatro escoltas

Pese a la negativa reciente del Ministerio del Interior a aportar estos datos, algunos medios han desvelado detalles del dispositivo de seguridad que rodea a Juan Carlos I en Abu Dabi o allí donde se encuentre, si viaja a otro país.

La Política Online reveló que el padre del rey está protegido por cuatro escoltas, que según OKDiario escogió el propio Juan Carlos I entre los guardias civiles y policías nacionales adscritos al Servicio de Seguridad de la Casa del Rey.

El primer medio citado también aportó datos del coste del despliegue, en base al sueldo y a las dietas de desplazamiento que cobra al mes cada uno de estos agentes

El chalet de Pablo Iglesias en Galapagar

A lo largo de los últimos meses también se ha ido registrando un goteo de resoluciones denegatorias del Ministerio del Interior ante peticiones de información que, al amparo de la Ley de Transparencia, pedían conocer cómo es y cuánto cuesta a las arcas públicas el despliegue de seguridad que protege la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar.

Por ejemplo, el Gabinete de Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil recibió el 21 de julio una solicitud que se interesaba por conocer el “dispositivo de Guardia Civil desplegado para la vigilancia de la vivienda de los Ministros Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar. Número de efectivos y coste aproximado”.

La Dirección General respondió con una negativa. Consideró que la información pedida, “habida cuenta que se refiere al número de efectivos de un dispositivo de seguridad que afecta a planes de protección de Autoridades”, tiene otorgado “carácter reservado según el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, así como la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad de 14 de octubre de 1988, sobre normas de seguridad en el tratamiento de materias clasificadas”.

De ahí que se cumpliera una de las causas de denegación del derecho de acceso a información pública que contempla la Ley de Transparencia: que revelar esa información implique un perjuicio para la seguridad pública.

Además, la Guardia Civil se negó a dar datos sobre la seguridad de Pablo Iglesias alegando que “la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo 11.d), como una de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la de ‘velar por la protección y seguridad de altas personalidades’”.

Por ese motivo, “la seguridad del domicilio del Vicepresidente Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, así como de la Ministra de Igualdad, en el municipio de Galapagar (Madrid), es un servicio que no se cuantifica económicamente de forma separada, por lo que no se dispone de la información que solicita”.

Fueron, por tanto, los mismos argumentos que los usados para no dar datos sobre los escoltas de Juan Carlos I: ni se conoce el gasto concreto, por no estar desglosadas las partidas presupuestarias, ni en caso de tener ese dato, se puede facilitar al ser materia clasificada como reservada.

Plantillas de personal de agentes

Al Ministerio del Interior también llegó el 11 de junio una petición de información sobre la “seguridad del domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias”.

En este caso, acogiéndose a la misma normativa sobre secretos oficiales, Interior indicó que tiene carácter de reservado “aquella información relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades” de las Fuerzas de Seguridad.

“La difusión de la información relativa a las plantillas de personal o número de efectivos de que dispone determinada Unidad para el cumplimiento de sus funciones, revelaría el estado de eficacia operativa de la Unidad y sus capacidades para acometer las funciones que le están encomendadas, perjudicando, con ello la protección de los intereses de seguridad pública”, explica el ministerio, que de nuevo se niega a dar datos.

Ministros con protección en la puerta de casa

Un mes después de esa petición, Interior recibió otra sobre “número de ministros que cuentan con vigilancia estática en domicilio”. Cabe recordar que en la primavera, durante el estado de alarma por el coronavirus, se sucedieron día tras día caceroladas y protestas ante el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero, y lo mismo empezó a pasar en los domicilios de otros ministros, como el de José Luis Ábalos.

De nuevo, el ministerio recurre a la Ley de Secretos Oficiales y a los acuerdos del Consejo de Ministros que detallan las materias que se consideran secretas o reservadas.

Amplía su respuesta indicando que “es un hecho público y notorio (basta con consultar cualquier periódico) que dos ministros del Gobierno cuentan con protección estática en su domicilio”, en una clara referencia a Pablo Iglesias e Irene Montero, pero sin citar sus nombres.

Interior argumenta que “no cabe duda que de facilitarse la información solicitada, y suponiendo que el número fuera superior a dos, sería sencillo deducir qué ministros del Gobierno no cuentan con protección estática en sus domicilios, lo que podría implicar una brecha de seguridad el solo hecho de conocerse esta información”.

Añade que “si se dispone de información acerca de qué ministros del Gobierno residen en viviendas oficiales y cuáles (que viven en sus domicilios) cuentan con protección estática de seguridad, es fácilmente deducible qué ministros residen en sus domicilios sin protección policial lo que implicaría poner en riesgo su integridad física”.

Según el Ministerio del Interior, esa información “podría ser conocida por grupos terroristas y organizaciones criminales que podrían atentar contra los domicilios señalados, o poner en riesgo a las personas que habitan en ellos, suponiendo un riesgo a la seguridad pública”.

“Informe de riesgos” sobre Iglesias y Montero

Más antigua, pero también enmarcada en la cuestión de la seguridad del chalet de Pablo Iglesias, es una consulta que pedía conocer el “informe de riesgos sobre Montero e Iglesias”, se entiende que el informe policial que sustentó la decisión de poner guardias civiles a proteger el perímetro de la vivienda en Galapagar.

En ese caso, el Gabinete de Coordinación y Estudios justificó su negativa en que “la mayor parte de los datos contenidos en los informes aludidos, de hacerse públicos, comprometerían seriamente la seguridad de estas personas y de los integrantes del equipo de protección, puesto que se recogen aspectos personales, familiares y de trabajo, así como hábitos de vida, lugares que frecuentan y otros que pueden afectar a su intimidad y/o a menores de edad, que, de conocerse, menoscabarían gravemente el fin de las medidas adoptadas”.

Por ello, entendía que “su difusión supone un serio perjuicio para la seguridad pública”, y también podía colisionar con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

Eso por el lado de los informes de evaluaciones de riesgo. Interior también señaló que desglosar el gasto mensual del despliegue de seguridad “permitiría cuantificar el número de efectivos, medios materiales y marco temporal de desarrollo”, por lo tanto “sería fácil deducir el dimensionamiento del servicio de protección, perjudicando al protegido y poniendo al descubierto a los agentes encargados de su seguridad”.

Corte de la calle y número de guardias civiles

Por último, a todas estas resoluciones denegatorias cabe añadir otra del Ministerio de Política Territorial y Función Pública que rechazó informar sobre el aumento de la dotación de guardias civiles en Galapagar y sobre el corte de la circulación en la calle que pasa por delante de la vivienda de Iglesias y Montero.

Y, por último, en otra la Dirección General de la Guardia Civil se negó a revelar cuántos agentes tiene destinados en un largo listado de municipios de la Comunidad de Madrid; entre ellos, Galapagar.