Interior recurre a una empresa para destruir las lanchas incautadas a los narcos en Cádiz
Las embarcaciones intervenidas por la Guardia Civil llevan meses amontonándose en puertos y depósitos, lo que constituye “un grave problema de seguridad” por el riesgo de robos
El Ministerio del Interior toma medidas frente a la acumulación de lanchas y embarcaciones ligeras que las Fuerzas de Seguridad incautan a los narcotraficantes y contrabandistas que operan en el Estrecho de Gibraltar y en la provincia de Cádiz.
El aumento de la actividad de las redes de tráfico de droga en esta zona, y la consiguiente respuesta policial para frenar su actividad, han provocado un aumento en la interceptación de esas ‘narcolanchas’.
En estas páginas ya se contó que en puertos, amarres y bases del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera se amontonaban este tipo de embarcaciones utilizadas para trasladar fardos de hachís u otras drogas desde Marruecos hasta el sur de la Península Ibérica.
Confidencial Digital ha podido comprobar ahora que el Ministerio del Interior busca a una empresa para encargarle los trabajos de recogida y traslado de las ‘narcolanchas’ desde el lugar de incautación hasta unos depósitos, así como la destrucción de las mismas, en cumplimiento de un decreto de 2018 que estableció medidas contra el tráfico de determinadas mercancías como la droga.
Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado
Interior ya ha comenzado a destruir algunas de estas lanchas, tal y como mostró recientemente TVE. Los trabajos se destrucción, con una grúa, se realizan en una localización de la provincia de Cádiz que no se revela.
▶ ¿Cómo se destruyen las narcolanchas? | Lo cuenta @Xaquin_TVE pic.twitter.com/tEESgxKgIU
— 24h (@24h_tve) October 1, 2019
Pero ahora Interior pretende externalizar todo este proceso para realizarlo también a mayor escala. Por eso va a invertir 192.000 euros en “Servicios relacionados con embarcaciones consideradas como género prohibido, conforme al Real Decreto Ley 16/2018 de 26 de octubre”.
La financiación y el encargo procede del CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que sufraga distintas acciones de apoyo logístico y compra de material para reducir la oferta de droga en el mercado ilegal.
En este caso, se considera “de enorme interés” la destrucción de las embarcaciones incautadas, como forma de “ir eliminando unos medios de introducción de droga en las playas del sur de la Península“.
Las Fuerzas de Seguridad señalan que las embarcaciones de alta velocidad neumáticas y semirrígidas, y su uso para introducir droga y tabaco de contrabando mediante el trasbordo en el mar o el alijo en la playa, suponen una de las principales amenazas a las que se enfrentan diariamente la Policía, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
Además, recientemente se ha detectado que estas lanchas de alta velocidad están siendo utilizadas también para el transporte ilegal de inmigrantes.
“Grave problema de condiciones de seguridad”
Para atajar el problema, se han declarado ilegal algunos de estos tipos de lanchas. La incautación no termina de resolver el problema, “ya que suponen un riesgo permisible [sic] para la seguridad el que se volvieran a reutilizar, siendo muy necesario que su fin último sea la total destrucción”.
El CITCO viene a señalar que el depósito de las embarcaciones intervenidas supone “un grave problema de condiciones de seguridad”, y por eso es necesario trasladarlas a instalaciones adecuadas o depósitos habilitados a tal efecto por la correspondiente autoridad judicial, hasta obtener las autorizaciones judicial necesarias para su destrucción durante ese período de espera.
Doble traslado y destrucción
El contrato estará dividido en cuatro lotes, de recogida y traslado desde el lugar de incautación a la instalación donde se vayan a depositar, por un lado, y por otro el traslado del depósito hasta el punto de destrucción, tanto en la zona de Algeciras como en la de Cádiz.
En los pliegos del contrato se indica que “la Secretaría de Estado de Seguridad no cuenta con personal cualificado para realizar este tipo de servicios relacionados con la destrucción de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, consideradas ambas como ilegales o como género prohibido, por lo que es necesario contratarlo con empresas especializadas y que cuenten con todas las autorizaciones administrativas que requiere la prestación del servicio”.
La empresa o empresas que ganen el concurso tendrán que encargarse de una serie de tareas para eliminar las embarcaciones, una eliminación que persigue que las mafias del narcotráfico no puedan robar las lanchas incautadas.
Ojo a la legislación medioambiental
“La recogida incluirá el izado de la embarcación, incluidos sus motores, al medio de transporte que facilite la empresa adjudicataria, desplazamiento y posterior descarga en el lugar que se determine”, establece Interior.
En estos trabajos, los técnicos de la empresa tendrán que permitir la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y seguir las instrucciones que les pudieran dar para trasladar y custodiar las lanchas.
Cada traslado tendrá un precio fijo de 250 euros, a los que se sumarán precios variables por tamaño de la lancha (10 euros por metro de eslora), por cada motor (75 euros), y por kilometraje a recorrer hasta el depósito.
En cuanto a los trabajos de destrucción, Interior también fija que se tendrá que permitir la presencia en sus instalaciones de las autoridades judiciales o policiales.
Se establece que “la destrucción debe realizarse mediante cualquier método legalmente autorizado que impida su reutilización posterior”. La empresa tendrá que velar porque se cumpla en todo momento la legislación medioambiental.
La empresa adjudicataria tendrá que estar disponible para destruir una embarcación en un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la solicitud que le haga el CITCO para proceder a ello.
