Interior sospecha que las mafias pueden aprovechar las obras en las vallas de Ceuta y Melilla para promover saltos masivos

Los trabajos para sustituir las concertinas comenzaron en diciembre. El ministerio ha bloqueado el acceso al contrato

Salta a la valla de Melilla.
Salta a la valla de Melilla.

Diez meses y casi 18 millones de euros en las obras de las vallas fronterizas que separan los territorios de España y Marruecos en Ceuta y Melilla: son los datos de la parte del Plan de Refuerzo y Modernización del Sistema de Protección Fronteriza Terrestre (de 32 millones) que el Ministerio del Interior puso en marcha a finales de noviembre de 2019.

Entre finales de ese mes y principios de diciembre comenzaron los trabajos: operarios de la empresa pública Tragsa empezaron a retirar de la valla de Ceuta las concertinas, el rollo de alambre con cuchillas que instaló el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, y que provocó críticas por las heridas que provocan en las personas que tratan de entrar ilegalmente en territorio español tratando de saltar estas vallas.

Las concertinas van a ser sustituidas por otros elementos que obstaculicen el salto.

Confidencial Digital ha podido comprobar que ya antes de que se empezaran a ejecutar las obras, el Ministerio del Interior aprobó sendas resoluciones en las que explicaba la decisión de limitar el acceso a la documentación sobre el contenido de los encargos suscritos entre la Secretaría de Estado de Seguridad y Tragsa en estos trabajos de Ceuta y Melilla.

Ana Botella, la secretaria de Estado y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el ministerio, firma las resoluciones que bloquean la difusión de los datos que suele ofrecer la web de Contratación del Estado sobre contratos públicos.

¿A qué se debe esta decisión? La Secretaría de Estado de Seguridad, y concretamente su Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, considera que hay varios motivos que exigen que no estén al alcance de cualquiera los documentos de la licitación.

El más destacado es lo que la Secretaría de Estado de Seguridad define como “la probabilidad de que las redes criminales aprovechen la ejecución de las obras de refuerzo y modernización del perímetro fronterizo para facilitar entradas planificadas y organizadas”.

Es decir, que Interior teme que si las mafias que llevan a inmigrantes irregulares hasta los alrededores de Ceuta y Melilla conocen con detalle las obras, aprovecharían para organizar saltos masivos en los lugares que puedan ofrecer más facilidades por los trabajos de cambio en los elementos de disuasión de las vallas, como pueden ser las concertinas.

También se apunta la orografía de los perímetros fronterizos y la existencia de puntos o zonas de mayor vulnerabilidad como motivos para limitar el acceso a la información técnica de las obras.

 

Además, se apunta que dichos trabajos, que realizan operarios de Tragsa, deben ir acompañados de especiales medidas de seguridad, “máxime si atendemos al hecho de que se ejecutarán en la frontera de nuestro país, interés esencial de la seguridad del Estado”.

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