500 interventores y secretarios adscritos al Estado para vigilar más los gastos de los alcaldes

En total serán 450 plazas de las que 150 son de acceso libre a la subescala de secretarios-interventores que desempeñan su labor en municipios de menos de 5.000 habitantes. También se cubrirán vacantes en núcleos de más de 20.000 personas, diputaciones, cabildos, consejos insulares y capitales de provincia.

Las pruebas van a consistir en una fase de oposición, prevista para el mes de abril, con tres exámenes obligatorios y una prueba de idiomas voluntaria, y la superación de un curso selectivo. El Instituto Nacional de Administración Pública prevé recibir entre 1.500 y 2.000 solicitudes para esta oferta.

Son los encargados de ejercer los controles internos en ayuntamientos y diputaciones. Tienen encomendado el asesoramiento legal, el control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad, tesorería y recaudación.

La falta de personal habilitado en las administraciones locales se ha convertido en los últimos años en los núcleos de menor población en un problema ante la imposibilidad de avalar planes u ordenanzas.

Funcionarios adscritos al Estado contra los “amiguismos”

Estos funcionarios, aunque prestan servicios en ayuntamientos y diputaciones, no forman parte de sus plantillas sino que están adscritos al Estado con el objetivo de reforzar la independencia con respecto a las entidades locales en las que prestan servicios.

Fuentes de la Administración local denuncian a ECD que, actualmente, hay un importante número de vacantes que están cubiertas por funcionarios, y en ocasiones por personal laboral, que no tienen ni la formación ni la habilitación.

Añaden que, “aunque en muchos casos estos empleados públicos lo hacen de buena fe para evitar perjuicios a sus ayuntamientos, en otros hay escandalosos casos de amiguismo entre quienes ocupan la plaza y los respectivos alcaldes”. Una “auténtica connivencia” que el Estado ha puesto en su punto de mira.

Además, la medida no supone un aumento del gasto público. Estos funcionarios no perciben su salario del Estado sino de sus respectivos ayuntamientos. Pero es que quienes están ocupando ahora esas plazas ya están cobrando por ello, por lo que cubrirlas en este momento con el funcionario a quien le corresponde no incrementa el coste para las corporaciones locales.