Justicia achaca las deficiencias en la gestión de la oficina de gestión de activos (ORGA) a que es un proyecto nuevo
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Justicia alega ante el informe del Tribunal de Cuentas en el que analiza el funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) y señala deficiencias en el control y gestión de los bienes y efectos de los que se hace cargo, que esos problemas se deben "a la dificultad de definir un proyecto nuevo".
Esta oficina, dependiente del Ministerio de Justicia, tiene por objetivo colaborar con los órganos judiciales y fiscalías en la localización de bienes procedentes de la actividad delictiva para su decomiso, y para gestionarlos de manera eficaz. Asimismo, busca invertir las ganancias obtenidas de forma ilícita en proyectos de ayuda a víctimas y de lucha contra la criminalidad organizada.
"El diseño de la ORGA vino precedido de un análisis de las guías de buenas prácticas internacionales y de los diferentes modelos vigentes en países de nuestro entorno", señala el ministerio en el documento de nueve páginas al que ha tenido acceso Europa Press, en el que incide en que el desarrollo y funcionamiento de la misma viene condicionado además por la encomienda de los diferentes órganos judiciales que seleccionan los bienes que gestiona y por tanto repercuten en la cantidad de recursos obtenidos por la misma.
Además, indica que dado que se creó en 2015, a lo largo de 2016 y 2017 se ha ido poniendo en marcha su estructura técnica, humana, normativa y de colaboración institucional. "Es difícil que un modelo de oficina diseñado en el plano teórico no requiera de un análisis continuado para ir ajustándolo a la realidad y a la función para la que ha sido creado", añade el ministerio.
El Ministerio de Justicia responde así a una de las principales recomendaciones que se hacían desde el Tribunal de Cuentas, que era que esta oficina contara con un programa presupuestario propio. Esto, indica el departamento que dirige el ministro Juan Carlos Campo, "se ha pospuesto habida cuenta del volumen de recursos obtenidos por la oficina hasta la fecha".
INGRESOS EN EL TESORO
Una de las principales críticas del tribunal fiscalizador era que sólo se ha registrado un ingreso desde la cuenta de la ORGA en el Tesoro, lo que habría provocado una acumulación de los intereses generados por esos bienes, una situación que "no tiene cabida desde un punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos públicos".
Ante este reproche, la alegación del ministerio, rubricada por Campo, es que la liquidación con el Tesoro se ha decidido que sea una sola vez al año en el último trimestre y generar así un crédito a comienzos de cada ejercicio para cumplir con lo estipulado sobre la redistribución de recursos obtenidos por la ORGA.
En cuanto a la falta de una aplicación informática que ayude a gestionar cada expediente que entra en la oficina, desde el ministerio señalan que de una aplicación inicial se ha pasado en junio de 2020 a otro sistema denominado ARGO y que está "desarrollado a medida para facilitar las tareas de gestión de esos expedientes" y activos.
Sobre las recomendaciones lanzadas para la correcta gestión de la cuenta de depósitos de la oficina, el ministerio aclara que todos los ingresos que se reciben --provenientes de embargos y de la gestión de bienes-- deben quedar bloqueados hasta la finalización del proceso penal correspondiente, y sólo entonces se puede conocer el destino que se le puede dar. Y apuntan que sólo una vez que se han satisfecho las correspondientes indemnizaciones a las víctimas se procede a realizar el ingreso en el Tesoro.
Al hilo, explican que se ha realizado con fecha de 30 de diciembre de 2019 una transferencia al Tesoro Público de 871.590 euros correspondiente intereses generados de la cuenta de depósito de la ORGA. Matizan que esa cantidad llegó al Tesoro el 1 de enero de 2020.
EL FUNCIONAMIENTO DE LA CABID
Respecto al funcionamiento de la Comisión de Adjudicación de Bienes producto del Delito (CABID), desde Justicia recuerdan que se constituyó en febrero de 2019 y ya en ese ejercicio distribuyó los primeros recursos. Y recalcan que en ese mismo mes se aprobó el procedimiento para la presentación de propuestas que la comisión podría financiar y los modelos de presentación de las mismas.
Esto viene a colación porque otra de las críticas del Tribunal de Cuentas es que existen deficiencias en esa comisión, como "la ausencia de unos criterios de valoración y evaluación para la selección de las propuestas a financiar" o una falta de delimitación de unos objetivos cuantificables e indicadores de impacto en los proyectos susceptibles de ser financiados.
Desde Justicia apuntan que tras la aprobación de proyectos por los miembros de la CABID, "las entidades deben informar sobre el proyecto realizado y justificar el gasto". Recuerda además que deben presentar una memoria justificativa del proyecto que cuenta con información y datos adecuados, y añaden que en caso de que haya defectos, se remite a la entidad para que lo subsanen antes de un control anual que se realiza.
