La Ley del Derecho a la Defensa que prepara Justicia regulará el intrusismo en la abogacía

“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, esto dice el artículo 24 de la Constitución. El Ministerio de Justicia está preparando una ley que pretende desarrollar mucho más este precepto y que evitará el intrusismo laboral en el mundo de los abogados. 

“Es necesaria una definición de las facultades que integran el derecho de defensa y de los principios que lo informan”, explica Begoña Castro, vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid y miembro de la Comisión que está elaborando la ley orgánica a Confidencial Digital. 

Por el momento existe doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional sobre la interdicción de la indefensión, pero el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que es necesaria una sola Ley Orgánica que condense todas estas ideas e unifique criterios para dar seguridad jurídica. Para eso, creó hace unos meses al grupo que está redactando el Anteproyecto presidido por Antonio Garrigues. 

“La dotación de un marco legal único regulador del Derecho de Defensa es un clamor ampliamente demandado por la abogacía desde hace mucho tiempo”, explica Castro. “La integración de todos los derechos y obligaciones tanto de las y los ciudadanos como de quienes ejercen la abogacía, debe producirse en una Ley Orgánica”. 

La intención es que sea una ley breve, sintética, clara y comprensible con la que los ciudadanos puedan conocer las facultades y las garantías para ejercer sus derechos. No está dirigida únicamente a la abogacía, sino que pretende que el cualquier persona sepa que está sujeta al derecho de defensa. 

Además, van a incluirse principios relativos al uso de las nuevas tecnologías en materia de justicia y el acceso incondicional del ciudadano a toda la información sobre su procedimiento. Pretenden que el expediente judicial electrónico sea ya una realidad. “Se tendrán que eliminar los obstáculos que dificulten el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y prestar especial atención a las personas pertenecientes a colectivos más vulnerables”, dice Castro. 

Un clamor entre los abogados 

La Comisión creada por el ministro Campo ha creado tres subgrupos sobre los que trabajar por un lado el contenido procesal y sustantivo del derecho de defensa; por otro lado, las relaciones entre ciudadanos y Tribunales de Justicia; y, por último, las relaciones entre los profesionales del derecho e instituciones de garantías. 

“Para poder definir del Derecho de Defensa, es necesario concretar el contenido del mismo, a quién afecta este derecho y las garantías que deben imponerse para que su ejercicio tenga lugar de forma real y efectiva, así como definir los diferentes elementos de este derecho en las distintas jurisdicciones e instancias extrajudiciales de cualquier índole”, dice Castro. Por ello, consideran que la propuesta de la Abogacía debe ser de máximos para que el resto de normas se adapte a esta nueva ley y no a la inversa. 

La autodefensa y el intrusismo 

La nueva ley regulará también el derecho a la autodefensa, es decir, e qué supuestos se aplica como en expedientes administrativos ante entidades o corporaciones, colegios profesionales o partidos políticos y en qué supuestos deben ser asistidos por terceros. En este caso, deberán ser profesionales jurídicos adscritos a un colegio profesional para facilitar así también las reclamaciones si fuera necesario. 

En este sentido, la intención es regular el intrusismo profesional en la abogacía y definir la responsabilidad de los abogados en el ejercicio de la defensa. 

“Deben contenerse todos los derechos y obligaciones de los abogados/as para el correcto desempeño de su labor, tanto en las relaciones con los clientes como en sus actuaciones ante los tribunales o ante cualquier instancia administrativa, o corporativa de cualquier índole, garantizando su independencia y calidad de la actuación profesional. Y todo ello con una perspectiva de género y especial consideración de los colectivos vulnerables”, concreta la vicedecana del Colegio de Abogados madrileño. 

Derechos fundamentales en la defensa 

En principio, la ley abordará aspectos relativos a la fase de investigación, la detención preventiva, la grabación de declaraciones, la intervención de las comunicaciones o el cambio de abogado durante el procedimiento. Todos estos asuntos están regulados de forma dispersa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de asistencia jurídica gratuita, etc. 

El objetivo es agrupar estos conceptos en la nueva Ley de Derecho a la Defensa. “La futura ley no debe ser una norma que regule el derecho de defensa solo en el ámbito penal o procesal penal, sino que tiene que extenderse a todos los escenarios, ámbitos y procedimientos en los que el derecho a la defensa pueda ejercitarse”, subraya Begoña Castro. 

Explica, además, que la futura regulación del Derecho a la Defensa debe coordinarse con lo ya regulado en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se está tramitando en el Congreso.

La Ley está aún en una fase inicial, según fuentes del Ministerio de Justicia, y será la propia ley la que determine el plazo de ‘vacatio legis’ para entrar en vigor. Además de la vicedecana Castro y el presidente de la comisión Garrigues, el grupo que está redactando el Anteproyecto está formado por el ponente de la Constitución Española, Miquel Roca; la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, Ana María Ferrer; y la fiscal del Tribunal Supremo, Isabel Rodríguez. Asimismo, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, María Ángeles Jaime de Pablo; el abogado Cristóbal Martell; el profesor de Derecho Procesal, Eduardo García y la profesora de Derecho Constitucional Alicia González.