Plan de emergencia del Gobierno para bajar el precio de la luz: suspender el impuesto de generación

“Bajar como sea el precio del recibo de la luz”. Ese es el objetivo que se ha marcado el equipo de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Gobierno se reserva un “anuncio sorpresa” si el precio de la electricidad continúa disparado a finales de enero: suspender temporalmente el impuesto a la generación eléctrica.

Por lo pronto, el Ejecutivo ha descartado una rebaja del IVA. En cambio, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas a la Vicepresidencia para la Transición Ecológica, Ribera prepara un plan de urgencia para abaratar el precio de la luz, tras la fuerte subida que experimenta desde hace semanas.

La vicepresidenta cuarta planea anunciar una suspensión temporal del impuesto de generación, que grava ahora con un 7% la producción eléctrica. Ahora se aplica sobre las compañías eléctricas y éstas lo trasladan a los consumidores. 

Un impuesto creado por el PP en 2012

Con la supresión temporal de este impuesto, el Gobierno pretende amortiguar la fuerte subida de los precios de la energía. Sin embargo, reducir esa carga solo permitirá rebajar una pequeña parte de la factura, ya que los costes fijos (como los peajes eléctricos o el alquiler de los contadores) se suman aparte a los gastos por el consumo.

El impuesto de generación de energía es un tributo creado por el PP en 2012, en lo peor de la anterior crisis, para que ese gravamen permitiera acabar con el llamado ‘déficit de tarifa’, que llegó a generar una deuda de más de 20.000 millones. 

Este impuesto fue recurrido por Iberdrola en los tribunales. Tras un largo pleito, el Tribunal Constitucional avaló el tributo en julio de 2018.

Una rebaja del 4% en la factura de la luz

Según las fuentes del Ejecutivo consultadas por ECD, el impacto de la suspensión de este impuesto en el recibo de luz de los consumidores domésticos será de “entre un 2,5 y un 4% menos, y de el 5% o el 5,5% para la industria”.

Explican que la medida se concretará en “una rebaja de unos cinco euros al mes”. La cifra es pequeña, casi insignificante, pero las fuentes consultadas destacan que el anuncio se diseña como una “maniobra política” de una ministra, acosada ahora por la oposición y por sus propios socios de Unidas Podemos.

Calculan que la supresión de este impuesto, que recauda alrededor de 1.700 millones al año, se podría compensar por el aumento de los ingresos por la mayor aportación de los derechos de emisión de CO2 y por los mayores ingresos impositivos que el Estado obtiene por el alza del precio de la electricidad, como el IVA que el Gobierno ya ha descartado rebajar, que junto a los impuestos especiales aportan unos 800 millones.

El precio eléctrico más caro de la historia

En el Gobierno admiten a ECD que “hay que hacer algún gesto” ante un enero que va camino de pasar a la historia en España como uno de los meses con el precio de la electricidad más elevado.

En las dos primeras semanas del año el coste del megavatio hora (MWh) ha registrado una media de 72,21 euros, situándose ya por encima de los 71,49 euros que se alcanzó durante la última gran crisis de precios registrada en enero de 2017, con el PP en el poder.

Pero hay que retroceder en el tiempo más de 12 años, hasta septiembre de 2008, para encontrar un mes con un precio mayorista de la electricidad más alto. 

Esto supone una malísima noticia para 14 millones de consumidores domésticos en España, que tienen un 35% de su factura indexada directamente al mercado y sufrirán de lleno el impacto de estas oscilaciones. El resto del recibo está compuesto por cargos e impuestos fijos que llevan varios años congelados. 

También supone una mala noticia para las empresas, sobre todo para la industria, al elevar sus costes y reducir su competitividad justo cuando iniciaban la recuperación tras el primer impacto por el coronavirus.

Ribera no repetirá el guión de Nadal

En el entorno de la vicepresidenta Ribera aseguran, no obstante, que la ministra no tiene intención de repetir la estrategia del PP cuando afrontó hace cuatro años una crisis de precios similar y optó por una intervención en el mercado del gas.

En aquel momento, el ex titular de Energía, Álvaro Nadal, solicitó en primer lugar una investigación a la CNMC en busca de posible fraude del mercado, lo mismo que ha hecho en esta ocasión el ministro de Consumo, Alberto Garzón. 

Nadal pasó varios días intentando explicar por activa y por pasiva, como ahora Teresa Ribera y José Luis Ábalos, que se trataba de un asunto vinculado a la climatología y, por tanto, “coyuntural”. Pero ningún partido de la oposición le dio tregua. El PSOE llegó incluso a reclamarle una auditoría de costes del sector y actuaciones urgentes.

La vicepresidenta cuarta declaró la semana pasada sobre el fuerte incremento de los precios que no hay que asustarse porque “se notará muy poco” en la factura mensual de las familias.

Finalmente, como los precios tampoco bajaban entonces, Álvaro Nadal también tuvo que actuar y aprobar una reforma del mercado del gas, entendiendo que su abaratamiento acabaría reduciendo el precio de la luz. 

La CNMC concluyó dos años después que Naturgy y Endesa se aprovecharon del ‘calentón’ del mercado utilizando sus centrales térmicas para obtener un beneficio extra y las sancionó obligándolas a pagar 25 millones de euros.