Mensaje de Pedro Sánchez al ‘investigado’ Pablo Iglesias: ni se te ocurra volver a meterte con los jueces

El enfrentamiento con la Justicia de Pablo Iglesias ha sido una constante desde que fue nombrado vicepresidente del Gobierno. Unos ataques que han movilizado ahora a la mayor parte del Ejecutivo, tras conocerse la investigación judicial por las manifestaciones del 8-M, para evitar que las críticas salgan del Consejo de Ministros.

El mismo día que tomó posesión, Iglesias cargó contra la Justicia española para reclamar la libertad de los líderes de ‘procés’ condenados por sedición y aseguró que “los tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces españoles y eso es una humillación para el Estado español”.

Algo que llevó al Consejo General del Poder Judicial a emitir una nota de respuesta en la que exigía al vicepresidente del Gobierno “responsabilidad institucional”.

Moncloa no vio venir el caso Isa Serra

El pasado 22 de abril, el líder de Podemos volvió atacar a los jueces españoles acusándolos indirectamente de prevaricadores, al asegurar que “corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”, en referencia a la condena de la diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por atentado a la autoridad.

En aquella ocasión, además de una nueva protesta del CGPJ, hubo un rechazo de todas las asociaciones judiciales, incluida la progresista Jueces para la Democracia, que tachó de “inadmisible” el “desprecio a la verdad como presión a la independencia judicial”.

Podemos se ‘calienta’ con los jueces

Pues bien. Moncloa contaba estos días con el comienzo de un goteo de investigaciones por la avalancha de querellas contra la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. En los dos anteriores ataques de Iglesias al Poder Judicial, el Gobierno no supo calibrar el alcance de sus críticas. Aseguran que el vicepresidente actuó por su cuenta.

Pero Pedro Sánchez ha realizado ahora una “maniobra preventiva”. Todavía quedan denuncias por analizar, pero ha estallado ya lo que se ha convertido en un incendio de enormes proporciones para el Ejecutivo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cesado al jefe de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por negarse a transmitir el contenido de un informe del cuerpo que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel pidió que se mantuviese reservado. Después de ese cese, también dimitió el DAO de la Guardia Civil, Laurentino Ceña.

Por si esto fuera poco, la situación se recrudece ahora por la investigación sobre el caso Villarejo, en el que el juez que lo instruye, Manuel García-Castellón, podría investigar a al vicepresidente segundo del Gobierno tras quitarle la condición de “perjudicado”.

Ni una sola crítica desde el Gobierno

Por ello, fuentes del Ejecutivo explican a Confidencial Digital que Sánchez ha frenado cualquier campaña de Iglesias para intentar desacreditar a los jueces. Se trata de una estrategia que el propio líder de Podemos ya aplicó después de la condena a Isa Serra, cuando planteó sus dudas sobre la neutralidad del Poder Judicial.

De hecho, dirigentes de Podemos han comenzado a hablar públicamente de un caso de interferencia judicial por la investigación sobre el 8-M y de una “conspiración contra el Gobierno”.

Pero el presidente ha sido claro con Pablo Iglesias: las críticas a los jueces no pueden salir esta vez del Consejo de Ministros, sobre todo después de las acusaciones de “injerencia” contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el cese de Pérez de los Cobos.

Hay que recordar que, en el actual Gobierno de coalición, el PSOE tiene tres ministros que son magistrados: Margarita Robles (Defensa), Juan Carlos Campo (Justicia) y el propio Marlaska (Interior). Ninguno se encontraría cómodo ante una campaña de descrédito contra los jueces impulsada por un miembro del Consejo de Ministros.

Que los ataques se hagan desde el partido

En cambio, el presidente no va a poner obstáculos a que la campaña de desprestigio parta de los órganos de dirección de Podemos y del grupo parlamentario.

En ese contexto, otros líderes, como el ex secretario de IU Andalucía, Antonio Maíllo, han hablado incluso de “neogolpismo”. “Intentarán juzgar y encarcelar a Pablo Iglesias, porque ya están pensando en el relato sobre el gobierno”, escribió este martes en Twitter.

El dirigente gallego Antón Gómez-Reino se ha sumado: “Lawfare” significaría la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma para intentar derrocar un gobierno legítimo”.  Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos, también ha utilizado la expresión en plena tormenta por la investigación sobre el 8-M.

La Abogacía sale en defensa del Gobierno

La Abogacía del Estado ha salido también este miércoles en defensa del Gobierno en la causa penal donde se investiga si se cometió un delito de prevaricación por parte del máximo responsable de su órgano delegado en Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la convocatoria de la marcha del 8-M en plena expansión del coronavirus.

En el recurso de apelación, firmado por Rosa María Seonae, la abogada del Estado del ‘procés’ tras la destitución de Edmundo Bal, se califica la investigación de la instructora Carmen Rodríguez-Medel, como una “causa general”, “prospectiva”, donde se “vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma” con el fin de recabar indicios contra el Ejecutivo.

Asimismo, la abogada del Estado carga contra la juez por iniciar un proceso penal, “ante la falta de indicios” de delito, en base a “sospechas” e “hipótesis”.