Las multas por no llevar mascarilla se endurecen: pasan de 300 a 600 euros

Habrá que llevar mascarillas en la calle cuando no sea posible mantener la distancia social. El uso de esta protección, que al principio de la crisis sanitaria no se vio indispensable, se considera ahora de vital importancia por el Ministerio de Sanidad. Prepara un estricto despliegue de seguridad para controlar su cumplimiento.

Primero el Gobierno recomendó utilizar mascarilla en el transporte público, después impuso su uso. Ahora se da un paso más y la protección será obligatoria en espacios cerrados y también en la vía pública, si no es posible garantizar que haya dos metros de seguridad entre las personas.

Hasta ahora llevarla o no a la hora de correr o pasear ha sido absolutamente discrecional. En los próximos días esta situación podría cambiar. Sanidad deberá concretar en qué casos será obligatorio. Ha anunciado que el uso se regulará de manera pormenorizada en una orden ministerial que se publica esta semana.

Las primeras imágenes de los reyes o del presidente del Gobierno con mascarilla fueron impactantes, pero ahora las autoridades sanitarias se han propuesto que esta protección se convierta en algo cotidiano en la vida de los ciudadanos.

Multas a partir de los 600 euros

Por lo pronto, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la normativa que prepara el Ejecutivo, las multas por no llevar mascarilla en los casos que resulte obligatorio oscilarán entre los 600 y los 30.000 euros.

Así lo han confirmado a ECD fuentes próximas a La Moncloa. Aseguran que estas sanciones son las establecidas por saltarse las normas del decreto del estado de alarma, aprobado a mediados de marzo.

Se acogerán a la ‘Ley Mordaza’

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán sancionar acogiéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida como ‘Ley Mordaza’, a quien no cumpla con la normativa.

En principio, explican, se escogerá la parte inferior de la horquilla. Por lo tanto, confirman que las multas rondarán el entorno de los 600 euros.

El artículo 36.6 señala como infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Se dobla la cuantía de las sanciones

Sanidad no ha especificado por ahora si se va a permitir la utilización de otro tipo de mascarillas, como las de tipo profesional que distribuyó la Comunidad de Madrid, ni las sanciones a las que los ciudadanos se pueden arriesgar si incumplen la obligación de portar la prenda.

Pero las instrucciones con las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es que las sanciones se impongan, como decimos, invocando la Ley de Seguridad Ciudadana y esa circunstancia implicará que se doble la cuantía económica de las multas.

Hasta hace unas semanas, el Ministerio del Interior contemplaba multas de hasta 300 euros a quien saliera a la calle sin protección en nariz y boca cuando se levantase el confinamiento. Unas sanciones, insistían entonces, en línea con las que ya se venían aplicando en varias regiones de Italia como Lombardía, donde rondan los 400 euros.

Se preveía, además, cierta flexibilidad. Ante la imposibilidad en aquel momento de encontrar mascarillas en las farmacias, también se admitía el uso de otras prendas que impidan la transmisión del virus como bufandas, pañuelos, bragas de cuello… confeccionadas con tejidos gruesos.

No se especificará el tipo de protección

Con la obligatoriedad de la medida, la norma tampoco especificará qué tipo de protección es necesaria para tapar la nariz y la boca.

Dejará abierta la puerta también al uso de otras prendas que impidan la transmisión del virus como las descritas más arriba. Pero estas protecciones sí tendrán que cumplir unos determinados requisitos específicos. Por ejemplo, ser de uso personal e intransferible y cubrir nariz y boca.

Esta decisión se produce después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya confirmado que la orden va a recoger la obligatoriedad de que se usen mascarillas de tipo “higiénico o quirúrgico” y haya adelantado que la Administración no va a ocuparse de distribuir este material. “En principio cada ciudadano tendrá que proveerse de las mascarillas”, ha zanjado Illa en las últimas horas.

Se concederán “dos días de gracia”

Las fuentes consultadas por ECD confirman que los agentes de la autoridad concederán “dos días de gracia” hasta que el conjunto de la población tenga conocimiento de la nueva normativa. “Al principio se hará pedagogía y se recordará que la mascarilla es obligatoria”, explican.

Transcurridos esos primeros días, comenzarán las sanciones en caso de incumplimiento. Se tiene en cuenta que en la vía pública se dan en ocasiones “situaciones escandalosas de aglomeraciones que pueden favorecer el contagio”. La Policía centrará las sanciones en el comportamiento de esos infractores sin protección alguna.

En cambio, no se pasa por alto que el concepto de “no poder mantener la distancia de seguridad sanitaria”, que se ha fijado como el criterio para que la mascarilla sea obligatoria en el espacio público, “a veces puede ser subjetivo”.

Respeto y minimización del estigma

ECD ha podido saber también que una de las razones sociales que han tenido en cuenta los expertos que asesoran al Gobierno para imponer la obligatoriedad del uso de mascarillas u otros elementos de protección es el respeto y la minimización del estigma.

Han advertido al Ministerio de Sanidad de que si la mascarilla se asocia solo a personas que padecen síntomas existirá un riesgo evidente de rechazo hacia esos ciudadanos durante la fase de desescalada. “Son actitudes que también hay que tratar de evitar en esa vuelta a la normalidad”, destacan fuentes del Ejecutivo.