El número de concursos de acreedores sigue aumentando en España en el tercer trimestre de 2020

Durante este año 2020 hemos visto cómo la economía pasaba por diferentes etapas debido en gran medida a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Con la llegada del confinamiento preventivo en marzo de este año muchísimas empresas se vieron obligadas a paralizar su actividad, acogiéndose a las facilidades ofrecidas por el Gobierno central en materia de ERTES y enviando a sus trabajadores a casa para intentar combatir mínimamente los efectos laborales negativos que el virus ha dejado en todo el país. 

Sin embargo, ahora mismo, después de varios meses en los que, paulatinamente, hemos vuelto a iniciar el camino hacia la conocida como nueva normalidad, es donde podemos ver los efectos directos que esta pandemia ha provocado en todo nuestro sistema económico corporativo. 

En esos momentos, la economía española se enfrenta a una situación extraordinaria, donde las empresas que antes suponían la base de trabajadores del país, han tenido que iniciar los procedimientos legales para hacer frente a sus situaciones de insolvencia, conocidos como la figura del Concurso de Acreedores. Las consultas sobre estos procesos de crisis empresariales se han disparado durante los dos primeros trimestres del año, previniendo así que en los próximos meses estaremos hablando de un problema a nivel nacional al que sí o sí el Estado debe hacer frente.  

¿En qué consiste un concurso de acreedores?

En el contexto actual, muchísimas personas se estarán preguntando qué es un concurso de acreedores exactamente, ya que es un concepto técnico bastante complejo y que no solemos emplear en nuestro día a día. Para poder entender en profundidad a qué realidades hace referencia este concepto, hemos contactado con Igor Ochoa, reconocido experto en gestión de crisis de la consultora Dipcom Corporate que ha dedicado más de 12 años de su carrera profesional a ayudar a empresas de todo tipo a salir de nuevo a flote después de una crisis económica o legal. 

Él nos ha podido explicar en palabras sencillas en qué consiste realmente un concurso de acreedores: básicamente, un concurso de acreedores actúa para darle una alternativa a las empresas que no tengan recursos y capacidades para solventar su situación económica o no puedan hacerse cargo de sus obligaciones fiscales y legales. 

Atendiendo a este tipo de concepto, lo cierto es que seguro ya podemos hacernos una idea de cuántas empresas españolas se  han visto en la necesidad de solicitar este proceso después del parón económico provocado por la crisis sanitaria. 

La desconfianza en el entorno corporativo actual

Todos estos factores de los que hablamos han provocado que la situación actual entre empresas se haya vuelto del todo tensa. Desde el inicio del estado de alarma han sido muchísimos los negocios que se han acogido a ERTES o, directamente, han entrado en concurso de acreedores, por lo que los acuerdos corporativos, las fusiones y demás operaciones entre empresas se han vuelto un terreno pantanoso. 

Y es que aunque pueda parecer una preocupación secundaria, lo cierto es que las sinergias entre compañías son una de las principales fuentes de crecimiento económico para nuestro país, que ahora parecen haber dado varios pasos hacia atrás debido a la desconfianza y a la incertidumbre que tienen los negocios a recibir sus pagos correspondientes de parte de otras empresas. 

Aumenta el número de deudores

Como consecuencia a una crisis rápida, prácticamente imprevisible y, sobre todo, muy repentina, las pymes y empresas que han entrado en concurso de acreedores han aumentado exponencialmente. 

Según se recoge en el informe de la Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística, en este primer trimestre del año 2020 se ha registrado un total de 1.501 deudores concursados, de los cuales 974 serían empresas y pymes y 527 personas físicas. 

Esta dura situación económica ya se preveía cuando, en marzo de este año, los últimos datos recabados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social ya mostraron que más de 120.000 compañías españolas se habían dado de baja, dejando de cotizar. Además, el aumento del número de deudores también se pudo comprobar a través de la avalancha de solicitudes de información que se dieron una vez se decretó el Estado de Alarma. 

En definitiva, la situación actual nos obliga a reflexionar acerca de cómo ha afectado esta crisis sanitaria al grueso de las empresas de nuestro país y cómo podríamos dotarlas de mayores recursos para evitar un aumento drástico del número de acreedores.