La paradoja de proteger en EEUU el derecho humano a la libertad religiosa

            Cuesta hacerse cargo de que el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, concluyese la quincena por la libertad religiosa organizada por la conferencia episcopal de aquella nación. Durante esos días, aunque parezca sorprendente, la Iglesia ha pedido a Dios el don de la libertad religiosa, con actos muy diversos. La iniciativa concluyó con una misa solemne en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington, presidida por el obispo del lugar, cardenal Donald Wuerl, y el arzobispo de Louisville, Joseph E. Kurtz, presidente de la Conferencia de Obispos.

            El programa ha tenido una movilización extraordinaria dentro de la Iglesia católica, a la que se han adherido otros muchos creyentes, evangélicos, ortodoxos y judíos. Todo se ha organizado con el continuo recurso, nada casual, a santo Tomás Moro, y la Virgen de Guadalupe, “Emperatriz y Madre de las Américas”.

            Pero no ha sido una batalla tanto religiosa como ciudadana: una protesta pacífica y espiritual contra el deterioro creciente de lo que parecía núcleo de la vida americana: una separación de Iglesia y Estado compatible con un hondo respeto a las convicciones íntimas. En los últimos años, en cambio, los creyentes –de modo particular, los católicos‑ se han sentido agredidos y discriminados, también por parte de la Administración presidida por Barack Obama. En cierto modo, algunas disposiciones jurídicas venían a reflejar –con la coactividad propia del derecho‑ la tendencia laicista difundida antes en ciertas Universidades conocidas.

            La gran confrontación se produjo, como es sabido, con la reforma del sistema de salud promovida por Obama: en la práctica, se obligaba a las empresas a contratar pólizas de seguros para sus empleados, que incluían la asistencia facultativa para las diversas técnicas médicas de control de la natalidad. Las posibles excepciones contempladas en la ley, relativas sólo a actividades estrictamente confesionales, no evitaron la firme oposición de la Jerarquía católica –con adhesión de personas de relieve en las órbitas protestante y judía‑, que recordaba combates contra Estados totalitarios de otras regiones del mundo.

            Desde las esferas de poder se ha tratado de silenciar la posición católica, con acciones que, de hecho, colocaban a los creyentes casi como ciudadanos de segunda… Además de luchar por principios netos de la doctrina católica relativos a la familia o la sexualidad, se imponía defender la plena participación política de los católicos, sin discriminación alguna.

            Mons. Kurtz firmó el 30 de junio, junto con autoridades de otras confesiones religiosas –que podrían “representar” a unos cien millones de  estadounidenses‑, una carta dirigida a los líderes de la mayoría y de la minoría en el Congreso para defender la hoy amenazada ley de libertad religiosa: “Religious Freedom Restoration Act” (RFRA), aprobada casi unánimemente por el Congreso en 1993.

            En ese contexto, ha constituido un avance la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Hobby Lobby, una gran cadena de tiendas extendida por el país. Sus propietarios, por razones religiosas, decidieron no cumplir la ley federal que les exigía cubrir sanitariamente incluso la esterilización o métodos anticonceptivos con efectos abortivos, como ciertas píldoras del día después o dispositivos intrauterinos. El Tribunal Supremo les ha dado la razón, aplicando la RFRA, que prohíbe al gobierno imponer “una carga excesiva al ejercicio de la religión de una persona”, a menos que sea el medio menos restrictivo de los posibles para conseguir un interés público imperativo.

            En el fondo, se trata de proteger la libertad religiosa de las diversas personas que participan en la empresa también como accionistas o ejecutivos y tienen derecho al respeto de su libertad, aunque sean organizaciones con ánimo de lucro. Si no, se haría violencia a su conciencia, en contra de los principios establecidos por la primera enmienda de la Constitución de EEUU.

            No es paradoja que estos problemas de hostilidad hacia los católicos se produzcan en una época en que ha crecido el número y el peso de los ciudadanos fieles a la Iglesia romana. Las cautelas parecían superadas tras la elección de John Kennedy como presidente de la Unión. Pero no es así, como muestra la supuesta voluntad política de Barack Obama de reformar la RFRA.

 
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