Pedro Sánchez negocia con Pablo Iglesias bajar los alquileres y la luz en quince días
Reuniones discretas en los últimos días para poner en marcha un “potente paquete social” antes de convocar elecciones
Días frenéticos entre el Gobierno y la cúpula de Podemos para pactar en el tiempo de descuento un amplio paquete de medidas sociales y progresistas. El plan de Moncloa es que pueda ser impulsado antes de que Pedro Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones para poder ser vendido por el PSOE durante la campaña electoral.
Con ese objetivo, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron en secreto el pasado miércoles en La Moncloa. El presidente consideraba “urgente” desatascar el pacto presupuestario y las medidas que todavía no ha impulsado el Gobierno.
Hace un mes, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, expuso los once puntos fundamentales que estaban siendo incumplidos por el Ejecutivo de Sánchez.
Entre ellos, destacaban la regulación de las subidas abusivas de los precios de los alquileres y de la factura de la luz, permisos de paternidad y maternidad que no tengan que ser simultáneos, la reforma integral contra la violencia machista, bajar la cuota a los autónomos y la revalorización de las pensiones por ley.
Hasta hace sólo una semana, según revelan a Confidencial Digital fuentes tanto del Ejecutivo como de Unidos Podemos, todavía no se había alcanzado ningún acuerdo concreto sobre estas medidas.
Reuniones frenéticas en Hacienda y Fomento
Pero la situación ha cambiado radicalmente tras el encuentro entre el presidente del Gobierno y el líder de Podemos en La Moncloa y la ruptura de las negociaciones con los independentistas para sacar adelante los Presupuestos. Un escenario que ha dejado completamente en el aire el futuro de la legislatura.
Fuentes conocedoras de los encuentros explican a ECD que el secretario de Organización del partido morado, Pablo Echenique, y el equipo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han intensificado las reuniones desde el pasado viernes.
Además, las “reuniones frenéticas” también se están celebrando en el Ministerio de Fomento, con la participación de altos cargos del departamento que dirige José Luis Ábalos y responsables de la formación de Pablo Iglesias en materia de vivienda.
Cerrar un “pacto social” en menos de quince días
Gobierno y Podemos coinciden en que se han registrado importantes avances. En el equipo de Iglesias destacan un “gran entendimiento” ya no sólo con la titular de Hacienda, con quien siempre ha habido una buena sintonía, sino también con el resto de ministerios que hasta el momento habían sido reticentes a activar las medidas pactadas.
El mensaje ha sido recibido, alto y claro, en la mayoría de los departamentos implicados en el desarrollo de los puntos incluidos en el acuerdo presupuestario entre Sánchez e Iglesias.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las negociaciones, Moncloa ha dado a los altos cargos del Gobierno, que se encuentran volcados en las conversaciones, un plazo de “unos quince días” para tener cerrado un “potente paquete social” con el principal socio parlamentario del Ejecutivo.
Citan las dos medidas principales que se buscan sacar adelante para hacer campaña electoral con ellas. Garantizar la bajada de la factura de la luz y limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas.
El paquete social y la “desfranquización express”
En el Gobierno admiten a ECD que la venta de este “paquete social” se suma al plan para una “desfranquización express”, activado la semana pasada, también en clave electoral. El Ministerio de Justicia ha solicitado a 656 ayuntamientos que eliminen los vestigios del franquismo que permanezcan en espacios públicos de sus municipios.
Esta petición, que emana de la Dirección General de Memoria Histórica, tiene, según el Ejecutivo, la finalidad de cumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica.
Asimismo, la Dirección General para la Memoria Histórica ha pedido también a los gobiernos autonómicos que verifiquen la eliminación en sus territorios de elementos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.
