Polémica entre juristas sobre la “ilegalidad” de los Presupuestos de Pedro Sánchez

La iniciativa de Pedro Sánchez de lanzar un plan presupuestario con Pablo Iglesias, que no respeta el objetivo de déficit acordado en las Cortes, ha desatado un conflicto parlamentario sin precedentes.

El PP y Ciudadanos han redoblado su ofensiva para intentar frenar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado pactado entre el Gobierno y Podemos. Hasta el punto de que han llegado a calificarlos como “ilegales”, ya que no se ajustan al objetivo de déficit aprobado por el Parlamento.

Tanto el partido de Pablo Casado como el de Albert Rivera han advertido de que utilizarán todos los medios parlamentarios a su alcance para impedir que estas cuentas de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puedan entrar en vigor.

¿Son “ilegales” los Presupuestos de Pedro Sánchez?

PP y Ciudadanos insisten en la “ilegalidad” de las cuentas públicas. Se remiten al artículo 15 de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que, según destacan, es el que está incumpliendo el Gobierno “de forma flagrante”.

El objetivo de estabilidad presupuestaria se aprobó para el periodo 2018-2020, con el objetivo de déficit del Gobierno del PP, que preveía un 1,3% para el año que viene.

Ahora, el Gobierno ha enviado a Bruselas un escenario presupuestario que eleva ese déficit al 1,8 por ciento, sin haberlo aprobado el Congreso.

Casado y Rivera tienen claro que es una situación irregular, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria afirma, en el artículo 15, la necesidad de aprobar los objetivos de déficit por el Consejo de Ministros en el primer semestre de cada año y aprobarlo después en el Congreso y en el Senado.

Si no se aprueba en las Cortes, es necesario presentar un nuevo objetivo en el plazo de 30 días, algo que tampoco ha cumplido el Ejecutivo.

Los juristas hablan de “inconstitucional” y no de “ilegal”

En cambio, expertos juristas consultados por Confidencial Digital coinciden en que, si se confirma que el proyecto de ley de Presupuestos incumple la regla de gasto y, por ello, vulnera la Ley de Estabilidad, significaría entonces que es “inconstitucional” por infringir el artículo 135 de la Constitución, que consagra la estabilidad presupuestaria.

En ese momento, la Mesa del Congreso de los Diputados, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, tendría en sus manos rechazar por “inconstitucional” (no por “ilegal”) el texto presentado por el Gobierno, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Así, según ha podido constatar ECD por fuentes judiciales, existe una fuerte división en ámbitos jurídicos sobre que el proyecto de ley de Presupuestos pueda ser calificado como “ilegal”, tal y cómo defendió primero Albert Rivera y después se sumó Pablo Casado.

De un lado, algunos expertos consideran que no se puede considerar delictivo un proyecto de presupuestos y no la ley del Parlamento que lo convierta en realidad. Por lo tanto, lo que no es delito en acto no puede serlo en potencia.

Otros, sin embargo, coinciden con Casado y Rivera en que sí es posible que una ley pueda ser ilegal. De hecho, defienden que un proyecto de ley, siendo inconstitucional, lo es a su vez ilegal, puesto que es contrario a la “ley de leyes”, esto es, a la Constitución.

Explican que la redacción y proposición de las leyes debe hacerse siempre con arreglo a la propia ley. En concreto, con arreglo a una ley general con la que tienen necesariamente que ser compatibles todas las leyes que se propongan. Y esta ley general de todas las leyes es la Constitución.