La Policía Nacional apuesta por coches híbridos ante restricciones como las de Madrid Central

La Dirección General de la Policía lleva meses tratando de encontrar solución al problema que se le presentó con la retirada de 182 turismos radiopatrulla tipo “Z” (los coches patrulla) y otros 62 todocamino tipo “Z” el 30 de junio de 2018, cuando venció un contrato de renting con el que los tenía alquilados.

Primero convocó un proceso de licitación para adquirir en propiedad vehículos policiales que ya hubieran estado en servicio en la modalidad de ‘renting’. Eso provocó quejas de sindicatos y cierta polémica por el hecho de que se les fuera a comprar coches “usados”. La Dirección General de la Policía tuvo que emitir una nota interna para justificarse ante los agentes.

Confidencial Digital ha podido saber que en ese mismo proceso de sustitución de los 182 coches retirados en junio de 2018, la Dirección General de Policía va a incorporar, de nuevo en modalidad de renting, 152 turismos radiopatrulla tipo “iZ”. En este caso, además, serán “de motorización híbrida”, y la explicación a esa elección es llamativa.

Restricciones a los coches contaminantes

“La elección de este tipo de vehículo responde al tipo de conducción que se realiza con un vehículo tipo Z, siendo la mayoría del tiempo por ciudad, a baja velocidad y con continuas paradas y en ocasiones atascos”, se explica en la documentación de la licitación de los coches nuevos para la Policía Nacional.

Pero además se añade otro motivo que ha llevado a la Dirección General de la Policía a apostar ahora por los coches patrulla híbridos.

“Cada vez más ciudades pretenden limitar la circulación de cierto tipo de vehículos, más contaminantes, por el problema que supone la contaminación para la salud”, apunta la Policía, y por eso resalta “la conveniencia de introducir un vehículo policial menos contaminante”.

Es el caso de Madrid, por ejemplo. Las restricciones de Madrid Central instaladas por el ayuntamiento de la capital durante el mandato de Manuela Carmena no impiden el acceso a los coches de la Policía, lógicamente. Pese a ello, la Dirección General de la Policía parece acompasarse a esa tendencia: los coches híbridos, como serán estos que va a incorporar la Policía Nacional, cuentan con la etiqueta ECO, con la que sí se puede entrar a Madrid Central.

La capital de España es el caso más claro y polémico, pero otras grandes ciudades van en la misma línea. El Ayuntamiento de Barcelona implantará en 2020 una restricción en el interior de las rondas que circundan la ciudad, también vinculada a las etiquetas medioambientales según el tipo de motor de los vehículos. Además, desde 2017 ya hay determinadas prohibiciones en episodios de alta contaminación.

En Palma de Mallorca se ha fijado 2030 como año a partir del cual todos los coches deberán ser eléctricos. Y en Valencia, Zaragoza, Murcia y algunos otros municipios también se están planteando medidas similares que van en la línea, apuntada por la Dirección General de la Policía al justificar la compra de coches híbridos, de limitar la circulación de los automóviles más contaminantes.

Casi 12 millones de euros

La Policía Nacional incorporará los coches con la empresa de renting que gane el concurso, por un período de cinco años ya que estima que “es el tiempo ideal para rentabilizar el coste del nuevo vehículo híbrido y su equipamiento tecnológico adicional”.

A partir de los cinco años estos coches (que se calcula que como vehículos radiopatrullas iZ recorren una media de 27.000 kilómetros al año) inician su declive, y las entradas al taller se hacen más frecuentes, lo que pondría en dificultades operativas a las unidades con estos vehículos.

Al ser híbridos, el sistema propulsor estará formado por un motor de combustión interna de gasolina, de un mínimo de 70 caballos, y un motor eléctrico, que en conjunto tengan al menos 90 kW de potencia. Además, serán coches con caja de cambios automática.

Para sufragar este contrato, la Dirección General de la Policía cuenta con un importe límite de 11,99 millones de euros, que se distribuirán en cinco años (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024), a razón de 2,39 millones cada año. El precio máximo del renting al mes y por vehículo será de 1.315,27 euros.