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Policías reclaman a Interior que homologue los “salvoconductos” para circular durante el estado de alarma

Confidencial Digital | 25 de marzo de 2020

Coche de la Policía Nacional.
Coche de la Policía Nacional.

El Govern de Cataluña ha creado un “certificado de autorresponsabilidad”, el Ayuntamiento de Madrid valora impulsar una “declaración jurada de responsabilidad”... distintas administraciones autonómicas y municipales se adelantan al Gobierno de España con documentos que sirvan de “salvoconducto” a los ciudadanos que tienen que salir de casa y trasladarse a pie o en coche pese al confinamiento.

Ante esta disparidad de certificados, cuya validez legal es discutida, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que piden que su departamento tome medidas para homologar estos documentos.

“Le pido que, en aras a facilitar el trabajo, entre otros, de los policías nacionales, exprese claramente el alcance legal de este tipo de iniciativas que hayan llevado o puedan llevar a cabo en el futuro autoridades públicas de distintos ámbitos que carecen de competencias para ello”, le solicita en la misiva el presidente de este sindicato.

El Sindicato Profesional de Policía pide también a Grande-Marlaska que se deje claro que “en caso de que sea necesaria la exigencia de algún tipo de documentación añadida, deberá hacerse con el soporte legal correspondiente. Y también le solicito que desde su ministerio se impartan las instrucciones oportunas para que se facilite información en este sentido a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y así puedan efectuar su trabajo con todas las garantías legales”.

Y es que señalan que los documentos de la Generalitat de Cataluña o de otras administraciones autonómicas y locales “no tienen más valor que la propia palabra de la persona que lo porta. Exigir ese tipo de documentos sin el debido respaldo legal no hace sino generar polémicas estériles, obligaciones de nula utilidad para los ciudadanos y, lo que es más importante desde el punto de vista de la actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, genera inseguridad jurídica. Y es que no existe normativa que ampare la legalidad de tales exigencias, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, que podrían derivar en la nulidad de los procedimientos sancionadores que se sustenten en la no aportación de dichos documentos”.

Como se contó en estas páginas, el Ministerio del Interior no respondió a la petición de patronales empresariales para que aprobara un documento de este tipo para que los ciudadanos pudieran acudir a sus lugares de trabajo sin ser sancionados por patrullas policiales que les pararan por la calle o en la carretera.

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