El PP empieza a controlar al Gobierno con preguntas parlamentarias y proposiciones de ley

Ha registrado consultas al Ejecutivo sobre los peajes en las autovías y una propuesta para que los delitos de terrorismo no prescriban

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Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado.

La situación de bloqueo político que vive España tras el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez impide que los partidos de la oposición puedan hacer un control parlamentario ordinario al Gobierno, al estar éste en funciones. No obstante, el PP ha decidido no quedarse con los brazos cruzados.

Según explican al Confidencial Digital fuentes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el partido ya ha presentado, en las últimas semanas, e incluso antes del debate de investidura, varias iniciativas que persiguen tener, en la medida de lo posible, “al Gobierno bajo control”.

El primer ejemplo de esta estrategia se dio, como se ha comentado, antes de celebrarse el debate de investidura. En la semana previa, el PP ya presentó en la Cámara Baja una Proposición de Ley para que los delitos de terrorismo no prescriban.

Además, la norma propuesta por el Grupo Popular incorpora como novedad (mediante la modificación del artículo 578) que los actos de enaltecimiento o justificación de los delitos de terrorismo, se castiguen con penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 18 meses.

Preguntas sobre las autovías y el Open Arms

Una vez fracasada la moción de censura, el PP no se ha mantenido parado. El pasado 16 de agosto los populares presentaron registra una batería de preguntas parlamentarias para que el Gobierno defina qué autovías se verían afectadas por el anuncio de poner peajes en las autovías.

El GPP reclama al Gobierno, en primer lugar, que explique si tiene previsto el establecimiento de un impuesto para el pago por uso de autovías que no estaban sujetas a gravamen, y qué coste tendría para los españoles.

Y, en segundo lugar, los diputados del PP reclaman conocer cuáles serían las autovías afectadas en cada provincia y a cuánto ascendería el importe a abonar por cada español que haga uso de esas infraestructuras.

Por último, esta última semana, los de Pablo Casado han anunciado que exigirán un pleno para que Pedro Sánchez dé explicaciones por la crisis del Open Arms y que, tras el incendio de Canarias, pedirán que los delitos contra el medio ambiente sean castigados con la prisión permanente revisable.

 

 

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