Prisiones busca mascarillas en el mercado por el retraso del Gobierno en la compra centralizada

El Gobierno de España tenía previsto destinar casi 2.500 millones de euros para adquirir unos 3.700 millones de unidades de elementos de protección sanitaria frente al coronavirus: batas quirúrgicas, test PCR, guantes de nitrilo, gafas de protección y distintos tipos de mascarillas quirúrgicas, y FFP2 y FFP3.

Ese acuerdo marco agrupaba las necesidades de material sanitario de numerosos ministerios, organismos públicos y gobiernos autonómicos. Durante la tramitación, otros ejecutivos regionales que no se habían sumado pidieron poder hacerlo, y el Ministerio de Sanidad decidió frenar la licitación y declarar desierto el concurso, para poner en marcha un nuevo contrato que agrupara a esas otras autonomías.

Este nuevo contrato no se ha resuelto aún, y Confidencial Digital ha podido comprobar que por ello algunos organismos públicos que iban a canalizar sus compras a través del acuerdo marco antes mencionado han decidido comprar material por su cuenta.

Es el caso de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior.

Prisiones lanza una compra en solitario

El pasado 19 de diciembre la Subdirección General de Servicios Penitenciarios formalizó un contrato con Agrupación Europea de Industrias de Transformación S.L., negociado sin publicidad, por un importe de 288.621,28 euros (sin impuestos).

El objeto del contrato era la “adquisición de diversos suministros para la protección del personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los Centros Penitenciarios dependientes de ella, así como de las personas privadas de libertad con motivo del Covid-19 (mascarillas quirúrgicas y FFP2)”.

A mediados de mayo, el secretario general de Instituciones Penitenciarias procedió a declarar la emergencia para la contratación de diversos suministros que sirvieran de protección a los trabajadores de la Secretaría General y a aquellos destinados en los diferentes centros penitenciarios (todos los de España, salvo los de Cataluña).

La declaración de emergencia contemplaba gastar un millón y medio de euros en mascarillas de protección (quirúrgicas y FFP2, 960.000 euros), guantes de protección (150.000 euros), envases de gel hidroalcohólico (252.000 euros) y test de coronavirus (138.000 euros).

Instituciones Penitenciarias sólo consiguió comprar mascarillas de protección (quirúrgicas y FFP2) por 959.400 euros y envases de gel hidroalcóholico por 251.978,72. En total, gastó 1.211.378,72 euros y le quedaron 288.621,28.

Había pedido a través del INGESA

En paralelo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias elevó una petición al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para adherirse al contrato de adquisición centralizada que iba a realizar ese organismo del Ministerio de Sanidad. Indicaba que les interesaba comprar mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3), guantes, gel, batas impermeables y gafas de protección.

El problema para Prisiones es que, como se ha indicado, el primer intento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de firmar ese acuerdo marco con empresas para garantizar el suministro de material a distintos ministerios y comunidades autónomas fue abortado.

“Como quiera que esta adquisición centralizada está sufriendo un retraso imprevisto, al haberse emitido Resolución por la que se adopta la decisión de no adjudicar el Acuerdo Marco 2020/065 para el suministro de material necesario para hacer frente al COVID-19 publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Publico el pasado día 29 de julio de 2020 debiendo iniciarse nuevamente Acuerdo Marco 2020/70 que no ha sido resuelto hasta la actualidad”, señala Prisiones en documentos consultados por ECD, “esta Secretaria General se ve en la necesidad de utilizar los fondos previamente autorizados que en ningún caso habrían sido necesarios de haber sido resuelta la licitación en los plazos fijados”.

“Han pasado más de cinco meses”

En Instituciones Penitenciarias destacaban que han pasado “más de cinco meses desde la solicitud planteada a INGESA sin que a priori exista una fecha próxima de adjudicación”.

Por ello, no se sabe cuándo se podrían empezar a firmar contratos derivados de ese acuerdo marco. Todo ello ha llevado a Instituciones Penitenciarias “a proponer la utilización de los fondos librados por la Dirección General del Tesoro procedente de la declaración de emergencia, no sin olvidar, que la citada demora en la adquisición de los suministros no es una cuestión imputable a esta Administración que ha actuado de manera diligente solicitando su incorporación en la compra centralizada de suministros”.

Justifica su decisión también en las declaraciones de estado de alarma de este otoño (primero en Madrid, después en toda España), “lo que nos obliga como Institución a redoblar los esfuerzos para conseguir un control de la situación utilizando las máximas medidas de prevención para evitar el contagio entre los empleados públicos penitenciarios así como de la población reclusa de la que somos garantes por mandato constitucional”.

Las necesitan los funcionarios y los presos

Los responsables de Prisiones detallan sus necesidades, que les llevan a comprar en solitario las mascarillas que habían pedido al INGESA. Aseguran que las mascarillas quirúrgicas son “de uso diario para los empleados de Instituciones Penitenciarias para la prevención de la transmisión de la Covid-19 entre empleados y hacia los internos, al desarrollar su labor profesional en una institución cerrada”.

Además, el uso de mascarillas quirúrgicas “está indicado en las Normas de actuación para los empleados públicos penitenciarios que trabajen en un centro penitenciario o centro de inserción social y que puedan tener contacto con personas susceptibles de poder tener o desarrollar la enfermedad por el coronavirus (SarsCoV-2), publicadas el 14 de abril de 2020, y en la Evaluación de Riesgos elaborada por la Coordinación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de esta Secretaría General”, así como en los criterios de utilización de mascarillas quirúrgicas, publicado el 15 de abril de 2020.

Este material es “igualmente necesario para las personas privadas de libertad (50.800 internos) en los centros penitenciarios dependientes de la SGIP, según lo expuesto en el documento técnico “recomendaciones e centros penitenciarias en relación al COVID 19””.

Destaca Prisiones que “las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la infección por Covid-19; al mantener contacto estrecho con otras personas (internos, funcionario y empleados, trabajadores de ONGS , visitas de familiares y abogados), contacto con la población general en las salidas de permiso, diligencias judiciales, consultas sanitarias externas; y además un porcentaje significativo presenta patología de base por sus antecedentes y otras enfermedades relacionadas”.

Como “la actual necesidad de disponer de mascarillas de uso individual en número suficiente para la realización del trabajo encomendado, no puede ser atendida con los actuales medios, toda vez que la actual situación, de imposible previsión, no aconsejaba disponer de un número ilimitado de mascarillas”, a raíz del frenazo en la compra centralizada por el Gobierno de España es necesario “disponer de un número de mascarilla que permita dar respuesta a las necesidades que de forma diaria sean necesarias en los ámbitos operativos y de prevención”.

Las cárceles necesitan con premura abastecerse de esas mascarillas, así que “es obligado la utilización de 288.621, 28 €, por la situación coyuntural anteriormente expuesta en la que la demora en la adquisición de estos suministros suponen un grave peligro para la seguridad de los empleados públicos penitenciarios así como de la población reclusa”.