El ‘procés’ ha agravado la falta de jueces en Cataluña

El problema de falta de jueces y letrados en la Administración de Justicia en Cataluña viene de lejos. La poca tradición de opositar en esa comunidad autónoma y la sobrecarga de trabajo de los Juzgados son los factores principales, según los juristas, por los que la mayor oferta de plazas libre que el BOE publica desde hace años están siempre en esta autonomía. Además, las fuentes consultadas indican que en los últimos años el clima generado en la justicia tras el ‘procés’ ha acentuado la pérdida de personal. 

En la última convocatoria que el Ministerio de Justicia publicó el pasado 5 de noviembre en el BOE se ofrecían un total de 237 plazas para letrado de la Administración de justicia. El 31,6 de los puestos ofertados son en Cataluña. Es decir, 75 plazas en esa comunidad, mientras que la siguiente con más oferta es Madrid, muy por debajo con 31. Le sigue Andalucía con 30, Baleares con 24, Valencia con 17 y Canarias con 12. A partir de ahí, el resto de autonomías no supera la centena de plazas. 

Lo mismo sucede con los jueces. En el último acuerdo para concurso de plazas del Consejo General del Poder Judicial, del 12 de noviembre, se ofrecen 65 en toda España y 18 de ellas son en Cataluña. Encabeza el ránking, seguida de Andalucía. “Hay muy poca tradición opositora. Comparado con otras comunidades autónomas como Andalucía o Madrid donde hay una presión opositora muy grande”, explica Marta Urbano, letrada en Barcelona y portavoz del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ). 

“Muchos letrados de la Administración de Justicia opositan en Cataluña pero luego se vuelven a otras comunidades autónomas dice”, dice Urbano. Estos profesionales deben estar un mínimo de dos años en la primera plaza, pero la tendencia muestra que luego se marchan.  

El mismo motivo que indica María José Hernández, magistrada del juzgados de primera instancia 48 de Barcelona y miembro del Foro Judicial Independiente: “en Cataluña siempre ha habido vacantes, no es algo que haya pasado a partir de 2017”. Además, la situación de sobrecarga en los juzgados tampoco ayuda. “Hay mucho trabajo porque hay un volumen de negocios grande, en una zona industrial… en los últimos años hubiera sido muy necesario crear más plazas”, dice.  

En la entrega de despachos de la Escuela Judicial este año una mayoría aplastante de jueces fueron destinados a Cataluña. De los 62 miembros de la nueva promoción, 56 han comenzado su carrera en juzgados catalanes porque el Poder Judicial distribuye las plazas de forma que cubra las necesidades de cada territorio. De este modo, el CGPJ determina qué juzgados vacantes deben ofrecerse a los nuevos jueces y este 2020 el 90,3% de las plazas fueron a parar a Cataluña.  

El procés agrava la situación  

Teniendo en cuenta este contexto, lo cierto es que desde hace algunos años el clima en la administración de Justicia en Cataluña no ha sido el idóneo para cubrir estas plazas. Según expresan las fuentes consultadas el ‘procés’ ha provocado que algunos letrados y jueces dejen su plaza y otros no quieran acudir. “Si me preguntas ¿tú conoces a alguien que se haya ido por eso? Sí ¿A muchos? No ¿Pero ha sido por eso en concreto? Sí”, cuenta la magistrada Hernández. 

A partir del año 2017 el ambiente que dividió a la comunidad autónoma entre independentistas y no independentistas ha agravado la situación de la justicia. La magistrada recuerda, por ejemplo, un episodio concreto este año. “En septiembre del 2017 hubo un día que llevaron a parte de los detenidos a la Ciudad de la Justicia que es donde yo trabajo. Ese día vallaron todo el perímetro de seguridad y por fuera había gente que estuvo toda la mañana gritando ‘fora fora fora la justícia española’. Esto te impacta”, comenta. 

“Obviamente no me lo decían a mí, pero estuve durante cinco horas escuchando la matraca mientras intentaba poner sentencias. Es duro ser juez y ver la tele en Cataluña, así de claro te lo digo”, dice.  

No obstante, reconocen que en los últimos años el clima de tensión se ha diluido mucho. La jueza María Gallén Martínez, que trabaja en Areneys de Mar desde que hace dos años se sacó las oposiciones, reconoce que no es un destino apetecible. “La gente que viene aquí es porque no tiene remedio”, dice. “Es un tema un poco tabú aquí… pero yo sé que de ocho funcionarios que somos, por ejemplo, cuatro vienen con el pin amarillo”, dice. Esto, explica que les influye bastante a la hora de trabajar.