A quién vacunaremos primero
Dejemos a un lado a un lado a los prudentes y ‘preocupones’, a quienes aseguran –como ilustré hace unos días- que no se van a vacunar ni de broma. Y abordemos otro debate interesante que se nos va a presentar a nuestra consideración en los próximos meses: cuando esté disponible la vacuna contra el coronavirus, ¿a quién inmunizaremos primero?
La pregunta es pertinente teniendo en cuenta los datos que facilitan los expertos. El director médico mundial de Pfizer, por ejemplo, confirmó la semana pasada al diario El Mundo que la Unión Europea ha cerrado un acuerdo con Pfizer-BioNTech sobre un remedio que estará listo antes de acabe este año.
Eso sí. Calculan que sólo tienen capacidad para fabricar y poner en el mercado 100 millones de vacunas antes de que finalice 2020. El compromiso final es distribuir 1.300 millones de dosis a finales de 2021. Insiste en que no se están haciendo chapuzas. La aprobación se va a regir solamente por principios científicos y éticos. Ellos no pueden permitirse fallar, sería su ruina económica y reputacional.
Dicho esto, ¿y ahora qué hacemos? No habrá dosis para todos desde un primer momento. ¿Cómo evitar que el criterio sea simplemente el económico: el que más dinero tenga, gana? ¿Cómo solucionamos este problema?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido que las vacunas se distribuyan en tres fases y de forma proporcional a la población de cada país: un 3% en una primera oleada, lograr inocularla al 20% en una segunda y llegar al 60% de la población en la tercera fase. Con este porcentaje se estima que se lograría la inmunidad de grupo, con los vacunados protegiendo a los que aún no lo hayan sido.
Pero otros pueden estar de acuerdo en utilizar otro criterio más bien de tipo cualitativo: vacunemos primero a los colectivos de grave riesgo y a los más vulnerables. Atendiendo a este principio, las primeras vacunas deberían ir a médicos y enfermeros, a policías, militares y guardias civiles, y a ancianos o pacientes especialmente expuestos.
Sin embargo, así nos dejamos sin proteger a ese grupo de trabajadores que desempeñan tareas esenciales, como pudimos apreciar durante lo peor del confinamiento. Pienso en cajeros y reponedores de supermercado, transportistas, conductores y camioneros, farmacéuticos, agricultores, personal de limpieza, celadores en residencias de ancianos y cuidadores de niños, empleados de gasolineras…
También se comprende el legítimo derecho que tiene un individuo a pensar por su bien y el de su familia y entorno. Yo necesito esa vacuna porque mi trabajo es esencial para mi y los de mi hogar. Si lo sabré yo... Y un gobernante dirá eso mismo referido a su país: esta nación es clave por esto y por lo otro; de mi dependen varios millones de personas vulnerables: debo velar por ellos.
Los precedentes no son muy halagüeños. Basta recordar lo que pasó con la famosa Gripe A. En el año 2009, aquella pandemia que acabó con la vida de casi 300.000 personas, se logró una vacuna en siete meses. Pero los países ricos se quedaron con el 90% de la producción. Sólo cedieron un 10% de dosis a los menos pudientes, una vez que habían asegurado la cobertura para los suyos. Preocupante, ¿no?
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