ERE’s de Andalucía: la condena no será firme hasta dentro de un año por los retrasos en el Supremo

La sentencia de los ERE’s de Andalucía no será firme hasta que el Supremo resuelva los recursos que van a presentar los condenados. Algo que puede tardar más de un año, a la vista de los retrasos que sufre ya el tribunal.

El fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el uso fraudulento de 679 millones de euros públicos destinados a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) impone penas de prisión para nueve de los 21 ex altos cargos de gobiernos del PSOE en Andalucía, y también años de inhabilitación para Manuel Chaves, Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, entre otros.

Los afectados, que ya han anunciado que presentarán recurso de casación ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo, se beneficiarán, sin embargo, de los atascos que sufre el alto tribunal. Confidencial Digital ha podido saber que los plazos para resolver estos recursos se están alargando actualmente, de media, más allá de los doce meses.

Siete magistrados dedicados al ‘procés’

Fuentes internas del Supremo explican que una serie de circunstancias acumuladas en los últimos tiempos han provocado que los tiempos para resolver los recursos de casación que llegan al tribunal, con sede en la Plaza de la Villa de París, en Madrid, se hayan alargado.

La Sala Segunda, de lo Penal se ha visto afectada en los últimos meses, y se va a seguir viendo afectada, por casos singulares y por la acumulación de algunas bajas.

Manuel Marchena lo explicó en su comparecencia ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para revalidar su cargo de presidente de la sala: los siete magistrados que integraron el tribunal que juzgó la intentona secesionista en Cataluña del otoño de 2017 han estado dedicados a este caso de forma exclusiva durante muchos meses.

La vista oral en el Supremo comenzó en febrero y acabó en junio, y ya el 14 de octubre se hizo pública la sentencia, de la que fue ponente Marchena y que tuvo el voto favorable de todo el tribunal juzgador.

El caso ha ocupado a estos siete magistrados, del total de quince que formaban la Sala de lo Penal. Esos jueces sólo han atendido este causa y no han recibido ni tramitado más expedientes ni recursos durante todo ese tiempo.

Además, otros seis magistrados de la misma sala se han visto implicados de una forma u otra en esta causa especial.

Tres jubilaciones

Junto a ese ‘bloqueo total’ de siete magistrados por el juicio del 1-O, otro elemento a tener en cuenta son las jubilaciones de magistrados de la Sala de lo Penal.

El pasado 21 de septiembre se jubiló Jorge Alberto Barreiro. Y a punto de marcharse, por haber cumplido la edad requerida, se encuentra Luciano Varela, para el que el CGPJ aprobó una prórroga en el mes de abril.

Varela era uno de los integrantes del tribunal del ‘procés’, y se le mantuvo hasta que se dictara sentencia. Ahora ya sólo se encuentra pendiente de cuestiones como el auto que resolverá las peticiones de nulidad de la sentencia presentadas por las partes. Una vez que se cierren esos flecos, Luciano Varela se retirará definitivamente.

El tercero en jubilarse, entre los magistrados de lo Penal del TS, es Francisco Monterde, que cumple la edad límite a mediados de diciembre.

La Comisión Permanente del CGPJ ha convocado ya los procesos de selección para cubrir las plazas que dejan vacantes Barreiro, Varela y Monterde, pero no se han completado aún.

Falta un secretario judicial

Las fuentes consultadas por ECD señalan más factores que están alimentando el retraso de los recursos de casación que llegan al Tribunal Supremo, y concretamente a la Sala de lo Penal.

Uno de ellos el que, por dos veces, se ha declarado desierto el concurso público para nombrar un nuevo secretario judicial en esta Sala Segunda. Esa vacante también tiene efectos en el trabajo diario de la sala.

Llegan más recursos de casación penal

A todo eso se añade que el gabinete técnico de Penal del TS está viendo cómo llegan un número muy elevado de recursos de casación.

El motivo es la reforma que introdujo la Ley 41/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que amplió significativamente las posibilidades de presentar recurso de casación penal contra sentencias en apelación dictadas por las audiencias procedentes de los juzgados de lo Penal.

Este cambio legal ha aumentado significativamente el número de recursos de casación penal que se presentan ante el Supremo, aunque luego el alto tribunal tenga que examinar si reúnen los requisitos para admitirlos a trámite.

Están llegan a sala recursos de 2018

La acumulación de todos estos factores está provocando que abogados con asuntos pendientes en la Sala de lo Penal del Supremo reciban el aviso de que sus casos van para largo.

Así lo explican a ECD letrados que han pasado por el TS a consultar o realizar trámites relacionados con asuntos de casación. Al preguntar por sus casos, secretarios judiciales les han explicado que actualmente se están empezando a estudiar los recursos presentados a partir de mediados del año 2018. Hace casi año y medio.

“Quedan los asuntos de medio 2018 y todos los de 2019”, les han explicado. Las previsiones de los secretarios judiciales y otros funcionarios del Supremo son que los recursos de casación puedan resolverse en un plazo de entre 12 y 16 meses desde que llegan al tribunal.

Un portavoz del Tribunal Supremo asegura a ECD que no se puede hacer una previsión de cuánto tiempo puede tardar en resolverse un recurso de casación en el Supremo, ni en general, ni tampoco en el caso concreto de los recursos que previsiblemente llegarán de los políticos y altos cargos condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía.

“Cada recurso lleva su ritmo. Depende de las partes, de si hay o no presos...”, afirma el citado portavoz, que descarta que haya un “atasco” actualmente en la Sala de lo Penal: “Al menos en Penal, las cosas van con bastante rapidez”, afirma.

Sin embargo, las fuentes consultadas por Confidencial Digital insisten en ese retraso de al menos un año, en algunos casos más, que se está dando ahora mismo en el Supremo.

Apuntan que, a no ser que se tome alguna medida de urgencia o extraordinaria para ese asunto concreto, los condenados a penas de prisión por el caso de los ERE, como Griñán y otros ex responsables de la Junta de Andalucía, seguirán en libertad durante al menos doce meses, hasta que el Tribunal Supremo resuelva sus recursos y, si es así, confirme las penas de cárcel.