El Supremo devuelve el escrito de EU-IU para investigar al rey emérito al estar en gallego y "sin que conste traducción"

La Sala Segunda do Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha devuelto el escrito presentado por Esquerda Unida-Izquierda Unida en el que se pedía investigar al rey emérito Juan Carlos I debido a que fue presentada en gallego y "no consta traducción" del escrito.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

La Sala Segunda do Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha devuelto el escrito presentado por Esquerda Unida-Izquierda Unida en el que se pedía investigar al rey emérito Juan Carlos I debido a que fue presentada en gallego y "no consta traducción" del escrito.

Esquerda Unida y el Partido Comunista de Galicia presentaron el pasado 12 de agosto una querella criminal contra el rey emérito, en la que solicitaban que fuese "juzgado por sus actos entre los que están siete supuestos delitos: soborno, delito contra la hacienda pública, administración desleal, fraude y exacciones ilegales, blanqueo de capitales, encubrimiento, amenazas de muerte condicionales, descubrimiento y revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos y corrupción de particulares".

Ahora, la Sala Segunda del Supremo devuelve el escrito alegando que el idioma gallego "tiene plena validez y eficacia" en la comunidad, pero "debe, no obstante, ser traducido cuando surta efecto fuera" de ese ámbito territorial.

La coordinadora de Esquerda Unida considera que el motivo argumentado "supone una vulneración de los derechos lingüísticos y una interpretación tergiversada" del contenido del artículo 231.4 de la ley de procedimiento judicial.

"El gallego es la lengua oficial de Galicia y tiene plena validez y eficacia" en la justicia, recuerda Eva Solla, pro lo que resulta "una decisión interesada y amparada en una falta de respeto a la legalidad para evitar la reapertura de la querella criminal contra el rey Juan Carlos I".

Esquerda Unida denuncia que una vez más el gallego supone una traba para la justicia incurriendo, así, en una vulneración de los derechos lingüísticos de la ciudadanía a expresarse en su lengua, a la vez que "supone una interpretación tergiversada", faltando "al respeto de la legalidad de expresarse en la lengua de la Comunidad Autónoma".

 

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