También muchos periodistas son perseguidos en el mundo
Al terminar el año, abundan los balances personales y colectivos de todo tipo. Entre otros, me permito destacar los relativos a la violencia, justamente porque el nuevo año comienza con una jornada dedicada a la paz. Se ha publicado ya el clásico mensaje papal, que esta vez tiene cierta carga ecológica. En cualquier caso, no deja de ser paradójico que el pacifismo sea uno de los valores más destacados en los sondeos de opinión, cuando no cesan los conflictos, algunos interminables, como el de Siria.
Muchas personas mueren por sus ideas. No voy a hablar de la persecución a los cristianos en tantos países, especialmente en repúblicas islamistas o totalitarias. La cristianofobia se cobra vidas de creyentes, además de atentar al fundamental derecho humano a la libertad religiosa. Así, la prensa internacional informa casi a diario de asesinatos de sacerdotes y personas consagradas.
Pero también se atenta contra otra libertad básica, la de expresión, con la violencia ejercida sobre los profesionales del periodismo. Dos países siguen llevando la palma de la represión, China y Turquía, aunque no es fácil tener datos firmes del continente amarillo, como en tantos otros temas: pero parece claro que es el país que procesa a más periodistas, así como a “blogueros” no profesionales, que tratan de actuar con una libertad que no agrada a Pekín. Por su parte, Ankara continúa utilizando profusamente la acusación de terrorismo, para condenar o barrer cualquier crítica al régimen autoritario de Erdogan.
De vez en cuando saltan a la opinión pública mundial casos excepcionales, como Liu Xiaobo, el premio Nobel de la paz chino muerto en 2017, o el juez turco Murat Arslan, premio Vaclav Havel 2017 de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Ese triste fenómeno sucede también en otros países, como Arabia Saudita, donde sigue bajo sospecha el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, colaborador de The Washington Post, que murió el año pasado en el consulado de Arabia en Estambul. Había sido nombrado “persona del año” por el semanario Time, junto con tantos colegas en peligro. En cambio, la muerte violenta en octubre de 2017 de la periodista Daphne Caruana Galizia, que investigaba sobre la corrupción en Malta, desató una grave crisis política, en vías de solución tras la reciente dimisión del primer ministro de ese pequeño Estado miembro de la Unión Europea.
La ONG para la libertad de prensa (CPJ), con sede en Nueva York, informó el 11 de diciembre sobre 48 periodistas encarcelados en China, uno más que en 2018. Muchos de estos reporteros son acusados de ser “enemigos del Estado” o de haber emitido “noticias falsas”. Como es natural, la diplomacia china insiste en que su país es un estado de derecho, gobernado por la ley, sin acepción de personas…, aunque sean periodistas.
En Turquía, 47 personas ligadas a la información están encarcelados, según CPJ. Ciertamente, son veinte menos que el año anterior, pero en ese tiempo se han cerrado más de cien medios de comunicación, con la consiguiente pérdida de empleos y la intimidación de los que siguen en su puesto de trabajo: decenas de periodistas están a la espera de juicio o de una apelación, mientras que otros han sido condenados en rebeldía y amenazados con ser detenidos si regresan a su país.
El número de periodistas encarcelados en el mundo se sitúa en torno a 250 durante los últimos cuatro años. Otros países que no abandonan los puestos de cabeza son Arabia Saudí y Egipto, con 26 profesionales presos en cada país. Muchos no saben de qué se les acusa, y al CPJ le preocupan los casos de palizas, quemaduras y alimentación insuficiente.
La lucha jurídica contra las fake news o los delitos de odio está dando lugar a reformas penales que acaban creando problemas sin aportar de hecho soluciones: limitan la libertad de expresión sin reducir la malicia; no condenan la mentira, sino a todos los informadores, especialmente en regímenes no democráticos. Desde luego, y de acuerdo con Joel Simon, director ejecutivo del CPJ, “el encarcelamiento de cientos de periodistas -año tras año- constituye una amenaza para el sistema de información global del que todos dependemos. Los gobiernos de los regímenes represivos utilizan esas tácticas crueles para privar a sus propias sociedades y al mundo entero de informaciones esenciales”.
