El TC se inclina por avalar al Congreso en la negativa a que la Familia Real presente declaración de bienes
Se pronunciará esta semana sobre el veto de la Mesa a la propuesta de Compromís para incrementar la transparencia en Zarzuela
El Tribunal Constitucional podría resolver esta semana si avala la negativa del la Mesa del Congreso de los Diputados de tramitar una proposición de ley instada por Compromís para fiscalizar las cuentas de Zarzuela y que tanto el Jefe del Estado como los miembros de la Familia Real tuvieran una declaración de bienes y otra de actividades como se obliga a diputados y senadores.
El asunto, incluido en el orden del día del Pleno de esta semana -que se celebra entre este martes y el próximo jueves- se refiere al recurso interpuesto que el diputado Joan Baldoví presentó hace algo más de un año contra los acuerdos de la Mesa de 4 y 28 de septiembre de 2018 por lo que se inadmitió a trámite la propuesta del partido valenciano, denominada Ley para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real . El ponente de la resolución de este asunto es el magistrado conservador Pedro José González-Trevijano.
La coalición valencianista decidió presentar esta proposición de ley tras el "escándalo" que en su opinión supusieron las revelaciones de Corinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran "presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales" del Rey emérito.
Sin embargo la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, vetó su tramitación acogiéndose a su doctrina tradicional de que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del Rey y reconoce la autonomía del Monarca para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario. Compromís recurrió y, al mantenerse en su postura el órgano de gobierno de la Cámara, ahora el tema se eleva al TC.
La proposición de ley de Compromís planteaba desarrollar el artículo 65.1 de la Constitución, que establece que el Rey "distribuye libremente" la asignación que todos los años recibe vía Presupuestos Generales del Estado para "el mantenimiento de su familia y casa".
Este artículo se esgrime habitualmente para defender que las cuentas de la Casa Real no pueden ser fiscalizadas, pero en Compromís refutan esa tesis alegando que, aunque el Rey distribuye esa cuantía total como considere, ello no implica que ese reparto no pueda ser objeto de análisis por parte del Congreso. Y, partiendo de esa base, su ley abre la puerta a esa fiscalización parlamentaria.
