¿Tiene solución la Cañada Real?
La Cañada Real vive un grave problema de exclusión social que se ha extendido durante décadas.
Organizaciones e instituciones, como el Defenso del Pueblo, UNICEF o el Comité de Derechos del Niño, que trabajan en la defensa de los derechos humanos han denunciado la situación de vulneración de derechos, con especial preocupación por la situación de niños y niñas.
Como consecuencia de los problemas de acceso al suministro eléctrico que vienen sufriendo en las viviendas desde principios del paso mes de octubre, cerca de 4.500 personas, entre ellos 1.812 niños, que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real se ven en situación de grave riesgo.
La empresa encargada del suministro, Naturgy, los cortes vienen derivados de consumos excesivos que se achacan oficiosamente a plantaciones de Marihuana.
La tormenta Filomena y el anticiclón que le ha seguido han agravado las condiciones de vida de quienes viven en la Cañada, añadido a las complicaciones por la Covid-19.
Los vecinos de la Cañada, que denunciaron a la Comunidad de Madrid y Naturgy por los cortes en el suministro de luz que vienen sufriendo desde octubre, amplían la acusación e incluyen “una posible alteración de la instalación eléctrica por parte de Naturgy durante noviembre de 2020, justo antes del corte eléctrico que afecta también a este sector”.
En esta segunda denuncia incluyen informes sobre el Riesgo Atribuible de mortalidad por frío, los efectos de la contaminación que se da dentro de la vivienda por una mala combustión con estufas o el agravamiento que sufren los pacientes crónicos y la afección a la calidad del cuidado de los pacientes.
¿Quién debe tomar partido para solucionar esta situación? ¿Deben ser las administraciones públicas, las empresas privadas o la sociedad civil? ¿Qué debe hacer cada agente social?
Una respuesta que nunca llegó
La Cañada se ubica en una vía pecuaria de casi 15 kilómetros entre Coslada y Getafe, donde no se puede construir de forma legal, pero desde hace décadas se han levantado viviendas irregulares.
En 2017, las administraciones competentes firmaron un pacto, Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, Comunidad de Madrid y delegación del Gobierno, que incluía una serie de realojos y el refuerzo de la infraestructura eléctrica. Pero este plan no se llegó a ejecutar nunca.
El gobierno de Almeida anunció un plan para alojar temporalmente a 700 personas en una escuela a cargo de Cáritas y el polideportivo Cerro Almodóvar, pero esta alternativa no satisfizo a los vecinos que reivindicaban que se restableciera la conexión eléctrica.
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, instó a la Comunidad de Madrid a que solicitase que la Unidad Militar de Emergencias instalase grupos electrógenos para dar cobertura a las viviendas sin luz.
Sin embargo, la Comunidad replicó a través del consejero de Interior que la solución pasa por una actuación “desde el punto de vista criminal” contra las plantaciones de estupefacientes, causantes de la sobrecarga.
El consistorio de Rivas reclamó judicialmente que se obligase a Naturgy a restaurar el suministro eléctrico en el sector cinco de la Cañada Real “manteniendo únicamente el corte a aquellas zonas en las que por lo elevado del consumo se presuma la realización de actividades ilegales”.
El lunes 25 el diario estadounidense ‘The New York Times’ dedicó un artículo a analizar la situación de las familias de la Cañada en la que la comparó con los campos de refugiados en Bosnia
"La solución debe darse a todos los niveles"
La Universidad Pontificia de Comillas, quien emitió un comunicado a principios de semana, considera que una situación de grave vulneración de derechos humanos como la que están sufriendo los habitantes de la Cañada Real, debe recibir respuestas inmediatas y estables.
Consideran que la respuesta debe darse a todos los niveles. Las Administraciones Públicas deben alinearse en la construcción de soluciones que pongan a las personas y su dignidad en el centro.
Además, las empresas más involucradas, previa ordenación y coordinación de las administraciones públicas, tras superar las limitaciones técnicas que se dan y garantizando la seguridad de todos, deben contribuir a solventar la inadmisible situación. Por otra parte, consideran que la sociedad civil también debe tomar partido.
