Imprimir

Transparencia obliga a Interior a detallar el coste del operativo de seguridad en Cataluña por la sentencia del 1-O

Confidencial Digital | 17 de julio de 2020

Furgones de la Policía Nacional en Barcelona.
Furgones de la Policía Nacional en Barcelona.

Si Juan Ignacio Zoido desveló en el Senado cuánto costó la ‘Operación Copérnico’ de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en otoño de 2017, Fernando Grande-Marlaska tendrá que dar el mismo dato del despliegue de seguridad en la misma comunidad de octubre a diciembre de 2019, la llamada ‘Operación Ícaro’.

Así lo ha decidido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en una resolución consultada por Confidencial Digital, en la que estima la reclamación de un particular al que el Ministerio del Interior denegó los datos que pedía sobre este asunto.

El Consejo de Transparencia estimó la reclamación y decidió instar a Interior a remitir al reclamante la información que había solicitado.

Los datos que este ciudadano pidió, que Interior le denegó y que ahora Transparencia considera que tiene derecho a recibir eran principalmente dos:

-- “Detalle del montante económico que ha tenido que desembolsar el Ministerio del Interior para pagar las indemnizaciones económicas extraordinarias tanto a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil desplazados a Cataluña como a los funcionarios destinados en dicha Comunidad Autónoma para hacer frente a la respuesta del independentismo radical, tras dictarse la sentencia contra los dirigentes secesionistas. Ruego que la cantidad se desglose por Cuerpo policial”.

-- “Coste estimado de los desperfectos que han sufrido los vehículos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en Cataluña, entre el 8 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. Ruego detalle del número de vehículos de cada Cuerpo que hayan podido sufrir daños”.

Interior no dio datos del dinero

El solicitante comenzó su petición en enero de 2020, poco después de que el dispositivo especial en Cataluña se desactivara una vez que se rebajó la tensión en las calles y pasó la última gran movilización independentista el 18 de diciembre por el partido FC Barcelona-Real Madrid.

Al no recibir ninguna respuesta de Interior, se dirigió al Consejo de Transparencia para quejarse de ese silencio de la administración. Días después ya le llegó la respuesta del Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sin embargo, la respuesta no le dejó satisfecho, porque no daba datos concretos sobre sus peticiones:

-- “El dispositivo fue dimensionado por los servicios competentes en función de las necesidades operativas de cada momento.

Los agentes de Policía Nacional participantes en el dispositivo interesado pertenecían a las Unidades de Intervención Policial (UIP) y a las Unidades de Prevención y Respuesta (UPR) de diferentes partes del país.

Mientras que en el caso de Guardia Civil las unidades pertenecían a las propias de la Zona de Cataluña así como la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, Jefatura de Información, Estado Mayor y Unidades de Seguridad Ciudadana de las Comandancias de: Teruel, Segovia, Murcia, León, Jaén, Huelva, Córdoba y Albacete.

Se estableció el dispositivo de seguridad que se estimó oportuno en función de las distintas circunstancias, compensándose a los funcionarios según se establece reglamentariamente.

Las cuantías fijadas en concepto de compensaciones se fijaron en función de las siguientes variables: alta intensidad, media intensidad, días laborales y días festivos”.

Pero no había datos del coste total, ni en retribuciones a los policías nacionales y guardias civiles, ni en reparaciones de vehículos. Tampoco se le facilitaban cifras del número de agentes desplazados y movilizados. Así que mantuvo su reclamación, que tramitó el Consejo de Transparencia sin que el Ministerio del Interior quisiera hacer alegaciones ante este organismo que atiende las reclamaciones y recursos de los ciudadanos ante las respuestas que ofrecen las administraciones públicas a peticiones basadas en la Ley de Transparencia.

Transparencia: sí debe ser público

El Consejo de Transparencia analizó si la información del coste de este dispositivo policial estaba amparada por la Ley de Transparencia en el sentido de que es precisamente el tipo de información que tienen derecho a conocer los ciudadanos.

La resolución cita la Ley de Transparencia, su preámbulo, que indica que “sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

De ahí concluye el consejo que “la información solicitada se corresponde claramente con esta finalidad, pues sirve para conocer cómo se manejan los fondos públicos, no apreciándose la existencia de límites o causas de inadmisión que impidan entregar la información requerida, que tampoco han sido invocados por la Administración”.

El precedente de 2017: más de 87 millones

Además de entender que el coste de este despliegue policial es información pública, el Consejo de Transparencia también señala un precedente claro de difusión de los fastos de otra operación policial.

Justo como argumentó el ciudadano solicitante, se refiere a la ‘Operación Copérnico’, el despliegue de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña en otoño de 2017 para hacer frente a la intentona secesionista del Govern de Carles Puigdemont.

En ese caso, también hubo peticiones de transparencia, que finalizaron con una resolución estimatoria parcial del Consejo de Transparencia, en el que se hace constar que “(…) en la respuesta que le fue proporcionada por el Ministerio, se le proporcionó al solicitante la siguiente información”.

Se indicaba ahí que el ministerio del Interior entonces, Juan Ignacio Zoido, compareció en la omisión de Interior del Senado el 18 de enero de 2018 y facilitó datos del coste total del despliegue en Cataluña.

Entre otras cifras, indicó que el coste total de la ‘Operación Copérnico’ fue de 87,1 millones de euros. Esa cantidad se dividió en 43,43 millones de euros en dietas (dentro de los cuales se encuadra el coste de los barcos en los que se alojaron algunos agentes, que ascendió a 26,62 millones de euros), y 43,76 millones como gasto total en productividades y gratificaciones.

Dietas y abonos por especial penosidad

Por tanto, señala el Consejo de Transparencia para el caso actual, “queda acreditado que la información está a disposición de la Administración y que no existen límites o restricciones al acceso que puedan ser aplicables al ser evidente que datos similares pero derivados de otra operación policial, han sido proporcionados y son públicos”.

De ahí que termine estimando la reclamación e instando al Ministerio del Interior a que proporcione información sobre los gastos derivados de la ‘Operación Ícaro’.

Como se ha indicado, Interior deberá detallar el total pagado en “indemnizaciones económicas extraordinarias” a los policías nacionales y guardias civiles implicados en el despliegue, tanto los que trabajan en Cataluña como los que fueron desplazados desde otros puntos de España.

Fuentes policiales indican que en el caso de la Policía Nacional, aparte de las dietas estipuladas se les hizo un abono “por especial penosidad”, para compensar en parte ese dispositivo especial durante semanas, incluso meses, fuera de sus bases de origen.

El ministerio también tiene que dar cuenta del coste de los desperfectos en los vehículos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que provocaron los independentistas radicales y antisistema en sus ataques callejeros en Cataluña entre octubre y diciembre de 2019.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/transparencia-obliga-interior-detallar-coste-operativo-seguridad-cataluna-sentencia-1/20200716170815148369.html


© 2020 Confidencial Digital

Todos los derechos reservados. Esta información es para el uso exclusivo de los lectores de Confidencial Digital. No está autorizada su difusión ni citando la fuente. Publicaciones Confidenciales. C/Naranjo 3, 1º Dcha 28039 Madrid. Teléfono:  +34 91 445 96 97