Vox pregunta a Defensa si ha calculado mal, a la baja, el precio de los 8x8

Vox vuelve a la carga con el problemático proceso de adquisición de 348 Vehículos de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 para el Ejército de Tierra. Seis meses después de haber solicitado toda la información sobre este contrato, los de Santiago Abascal han registrado una nueva pregunta.

Confidencial Digital ha podido consultar esta pregunta para respuesta por escrito que ocho diputados de Vox han registrado en el Congreso de los Diputados.

Entre los firmantes de la pregunta están los tres militares en situación de retiro que son diputados de Vox: el general de División Alberto Asarta, el general de Brigada Agustín Rosety y el teniente general Manuel Mestre.

Robles: Santa Bárbara ha dado marcha atrás

En la exposición de motivos de esta iniciativa parlamentaria, los diputados de Vox hacen un recorrido por las vicisitudes del contrato del 8x8, hasta que Defensa declaró desierto el proceso de licitación en el que trabajaba ya Santa Bárbara Sistemas.

El departamento de Margarita Robles señala que la empresa no ha cumplido el contrato, y Santa Bárbara Sistemas lo niega.

“La situación, por su relevancia e impacto sobre la defensa nacional y sobre la economía española en general y de las localidades de las fábricas potencialmente afectadas en particular, requiere ciertas explicaciones”, justifica Vox.

En primer lugar, los diputados de Vox quieren saber a qué se refirió Margarita Robles cuando dijo que Santa Bárbara había dado marcha atrás. Sus declaraciones fueron las siguientes: “Sentimos profundamente que una empresa como Santa Bárbara, a última hora, haya dado marcha atrás y no haya cumplido el contrato”.

“¿El precio es tan bajo que no es viable?”

Pero Vox también pone el dedo en la llaga del asunto que, por lo que parece, provocó la ruptura entre Santa Bárbara Sistemas y la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) del Ministerio de Defensa:

-- “¿Es el precio requerido por el Ministerio de Defensa una cifra razonable, o por el contrario, podríamos suponer que el precio fijado resulta tan bajo que no es viable cumplir el contrato con garantías suficientes?”.

Según el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el presupuesto para fabricar 348 Vehículos de Combate sobre Ruedas es de 2.083 millones de euros, y Vox pone en cuestión -y por eso busca la respuesta de Defensa- si es una cifra baja, que habría dificultado a Santa Bárbara Sistemas gestionar el contrato.

Las tres opciones que plantea Vox

Conectada a esa pregunta, los diputados de Vox pregunta “qué medidas adoptará el Ministerio de Defensa” ahora que la licitación del 8x8 se encuentra en punto muerto: “¿Incrementará el precio del contrato; reducirá el número de vehículos objeto del contrato; o llamará a otras compañías armamentísticas basadas en España o fuera de ella?”.

A renglón seguido, los representantes del partido de Santiago Abascal tratan de buscar más información sobre esas posibilidades:

-- “En caso de que se opte por la reducción de número de vehículos, ¿qué medidas tiene pensado adoptar el Ministerio de Defensa para sustituir los vehículos de las fuerzas armadas que ya se encuentran obsoletos?”.

Cabe recordar que el Ejército de Tierra necesita los más de 300 Vehículos de Combate sobre Ruedas para sustituir a los BMR que ya están “obsoletos” y al límite de la operatividad, según reconoce el propio Ministerio de Defensa.

Las pegas de encargarlos fuera

Sobre la posibilidad de que Defensa “opte por tramitar el concurso con compañías extranjeras -una de las posibilidades que ya se está barajando, a través de organizaciones internacionales como la OCCAR-, Vox pregunta “¿Cómo se solucionará la cuestión de la exportabilidad de los vehículos resultantes del contrato?”.

Pero además Vox quiere saber si “se ha calculado el impacto que esto tendrá sobre los trabajadores y sobre las áreas de Alcalá de Guadaira, Trubia, Aranjuez y Andoain donde previsiblemente se habrían llevado a cabo los trabajos”.

Es el problema que surgiría si los 8x8 se terminan comprando, o encargando que los fabrique, una empresa extranjera, en vez de Santa Bárbara, que los iban a desarrollar en sus plantas industriales por los distintos puntos de España antes mencionados.

Por último, Vox busca que el Gobierno de Pedro Sánchez explique si se ha calculado el impacto que la celebración de ese contrato -con una empresa extranjera- tendrá para la industria armamentística española, “que pasará años inactiva, con el consiguiente deterioro que ello supone”.