La oposición de los oficiales a la Ley de la Carrera Militar no decae ni en verano: oleada de recursos contra el sistema de ascensos en el Ejército del nuevo reglamento

La indignación de los militares no descansa ni siquiera en el periodo estival. La preocupación de los profesionales de las Fuerzas Armadas por el sistema de ascensos en el Ejército, que contempla la nueva Ley de la Carrera Militar, ha provocado un aluvión de recursos en las últimas semanas.

Tal y cómo informó este confidencial –véalo aquí-, a principios de este año, el Servicio de Investigación Operativa del Ministerio de Defensa realizó un durísimo diagnóstico interno sobre el sistema de evaluación de los militares que incorpora la Ley de la Carrera Militar.

Sus conclusiones eran demoledoras para los técnicos de la ministra Carme Chacón, responsables del proyecto: irracional, arbitrario, ineficaz, innecesario, eran algunos de los calificativos que empleaba.

El Servicio de Investigación Operativa, decía textualmente: “observando el interés ypreocupación de muchos profesionales de las Fuerzas Armadas por los asuntos de personal, ha apreciadola necesidad de realizar un análisis, desde el punto de vista estrictamente técnico, de los planteamientos y procedimientos de las normas objetivas de valoración de aplicación en los procesos de evaluación, clasificación y ascenso”.

Pues bien. El informe parece haber hecho reaccionar a los oficiales y están proliferando los recursos judiciales contra la Ley de la Carrera Militar, que se están pudiendo amparar en lo dicho por el citado informe. Según el documento, el proceso de ascensos “es altamente inestable, no ofrece ninguna garantía de que su aplicación proporcione resultados coherentes y es injusto y contrario a lo que persigue la propia Ley”.

El análisis llegaba a concluir que “el proceso de elección y clasificación adoptado por el Ministerio de Defensa puede ser considerado: difícilmente gestionable, incierto y antieconómico”.

Todo lo anterior explica el ir y venir de demandas judiciales contra el nuevo sistema. Un ejemplo de ello es que, según ha podido saber El Confidencial Digital, la asesoría jurídica de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) está teniendo este agosto más trabajo del habitual.

Fuentes de la AUME han explicado a ECD que los militares están presentando un aluvión de demandas, sobre todo, por los citados procesos de evaluación en los procedimientos de ascensos en el Ejército. El retén jurídico de la asociación no da abasto.

Entre las alegaciones más frecuentes que están realizando los profesionales de las Fuerzas Armadas figuran las siguientes:

-- Se considera no sujeto a derecho que un individuo con menor calificación y menos veteranía pueda obtener un ascenso antes que otro con mayor calificación y más permanencia en el Ejército.

 

--Igualmente, resulta un atropello que los grupos pequeños, los Cuerpos Comunes de la Defensa y los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros de los Ejércitos salgan perjudicados por el actual mecanismo. En estos colectivos “la confusión entre ascendidos y retenidos es tan grande que prácticamente el ascenso se convierte en una cuestión de suerte antes que de mérito”.

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