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Defensa

El nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas no encaja en la Constitución. Los jueces y el CGPJ le achacan graves defectos legales

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El Ministerio de Defensa no las tiene todas consigo respecto al nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, un texto que recoge por ejemplo sanciones a quienes muestren en público críticas a sus mandos. El sector judicial, e incluso el Consejo General del Poder Judicial, han manifestado sus dudas sobre la constitucionalidad de la norma.

Expresiones y conceptos jurídicamente indeterminados y de muy difícil, cuando no imposible, determinación, que, precisamente por su imprecisión, vaguedad y ambigüedad, pueden afectar al principio de seguridad jurídica“. En esos términos definía el Consejo General del Poder Judicial al nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

El texto fue remitido al órgano judicial el pasado verano, y el ‘veredicto’ se dio a conocer el pasado 20 de septiembre a través de un informe valorativo de 52 páginas.

El texto del anteproyecto, adelantado el pasado verano en exclusiva por El Confidencial Digital, prohíbe a los militares, entre otras muchas cosas, hacer públicas o compartir opiniones acerca de los mandos a través de redes sociales o correo electrónico, anulación de bajas según criterio del superior al mando, o asistir a reuniones asociativas no autorizadas. Algo que para las principales asociaciones supone coartar algunas libertades y derechos recogidas en la Constitución.

Tras un primer análisis por parte de los servicios jurídicos de varias asociaciones se determinó que había numerosos puntos legalmente inviables. Pero quieren llegar hasta el fondo con un asunto que consideran prioritario.

Es el caso, por ejemplo, de la Asociación Militar de Tropa y Marinería, que ha remitido a varias asociaciones profesionales de la magistratura una carta acompañada del informe elaborado por el CGPJ, para conocer la opinión de los profesionales de la justicia sobre la normativa.

En concreto, las organizaciones contactadas han sido Foro Judicial Independiente, Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y la Asociación de Jueces para la Democracia.

El texto está actualmente en estudio, pero ya comienzan a surgir ecos en estas asociaciones sobre la dudosa legalidad constitucional del texto del anteproyecto. Según los expertos, la norma “no encaja en los parámetros de legalidad constitucional”.

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