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Defensa

El entrenamiento militar de los vigilantes de atuneros se realiza en La Marañosa porque no está autorizado el tiro a civiles en otras instalaciones

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La Marañosa es el principal centro de investigación tecnológica del Ministerio de Defensa. Allí, en el edificio del Área de Armamento, será donde los vigilantes de seguridad privados que embarcarán próximamente en los atuneros del Índico aprenderán el manejo de armas largas. Son las únicas instalaciones donde se les está permitido disparar fuego real.

Carme Chacón, titular de Defensa, anunció el pasado 25 de noviembre que a partir de ahora las instalaciones militares de La Marañosa (Madrid) quedarán a disposición de los vigilantes privados para que estos adquieran formación específica para su misión en aguas de Somalia.

Este instituto Tecnológico, dependiente de la dirección general de Armamento y Material, es el encargado de desarrollar los programas de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas españolas. En sus instalaciones se encuentra el área de Armamento, donde se prueban las nuevas armas adquiridas por Defensa, así como misiles y cohetes.

Estas instalaciones son de las pocas que permiten desarrollar estas labores, ya que las prácticas de tiro para civiles están vetadas en la mayoría de cuarteles y bases militares.

En las galerías de tiro de la Marañosa será donde los vigilantes privados aprenderán a manejar armamento largo. Entre la formación teórica y práctica, se enseñará por ejemplo el uso de metralletas tipo MG (como las que utiliza, por ejemplo, la Infantería de Marina en el Índico).

La utilización de estas armas, de largo alcance, supondrá un avance significativo en la seguridad de los buques. Algunos grupos de piratas somalíes llevan meses utilizando piezas de artillería soviética cuyo alcance es muy superior al de las armas de los vigilantes.

El Gobierno aprobó el pasado 8 de octubre las subvenciones a los armadores por un importe máximo de 1,9 millones de euros para la contratación de estos servicios. El gasto es costeado en un 50% por la Administración (central y autonómica) y otro 50% por los armadores.

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