Telefónica recurrirá la multa de Bruselas por la compra de Vivo. Europa tiene pendiente controlar las compañías digitales puras

Telefónica recurrirá la multa de 67 millones de euros a Telefónica y de 12,2 millones a Portugal Telecom impuesta por la Comisión Europea por los acuerdos para la compra de su participación en la compañía brasileña Vivo, hace ahora más de dos años.

La CE les achaca haber suscrito un “acuerdo ilegal” para no competir en el mercado ibérico de telecomunicaciones, que se tradujo en precios más altos y menos opciones para los consumidores.

La operadora española ha manifestado que la cláusula de no competencia no llegó a aplicarse al ser eliminada del contrato en cuanto se verificó que no era procedente.

Telefónica ha defendido que los acuerdos entre ella y Portugal Telecom fueron hechos públicos y notificados a las autoridades en su día, que no ha habido ningún “pacto secreto o intento de ocultación”, y que “no existió en ningún momento intención alguna de incumplir la normativa aplicable, como reconoce la propia resolución de la Comisión Europea”.

Portugal y la Golden Share

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del sector, las negociaciones para la compra de la participación de Portugal Telecom en Vivo fueron complicadas. El gobierno portugués hizo uso de una Golden Share, ilegal según el Tribunal de Justicia, pero que logró el efecto deseado por dicho gobierno.

Para cerrar el acuerdo, PT exigió la incorporación de una cláusula para impedir que Telefónica entrara a competir en el mercado portugués, circunstancia que por razones estratégicas, la compañía española nunca contempló.

Telefónica introdujo una garantía de cumplimiento de ley en dicha cláusula (“to the extend permited by law”) para evitar conflictos legales y manifestar su deseo de que la misma no tuviera efectividad.

En el sector se considera ilógico el celo de la Comisión de Competencia, que es la que ha impuesto la multa y que encabeza el español Joaquín Almunia, su preocupación por la distorsión del mercado de comunicaciones en Europa, cuando se está produciendo una presencia, cada vez más potente, de compañías digitales puras, que a pesar de su veloz implantación en los distintos países y de su poder significativo en la industria tecnológica, se encuentran por el momento exentas de control por parte de las autoridades comunitarias.

Algunas fuentes apuntan que la Comisión no se atreve a meter mano a los Google y compañía, que tienen un monopolio absoluto en Europa, no tienen ninguna regla de juego y no pagan impuestos, mientras a las operadoras tradicionales europeas les hacen casi inviable su negocio.

 

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