La compra del Abbey por el BSCH provoca un escrito de la UE sobre las diferentes concepciones del gobierno corporativo

La Unión Europea acaba de salir al paso de las distintas interpretaciones que sobre el buen gobierno corporativo se realizan en los países de la región. Algunos analistas habían alertado sobre la posibilidad de que los planes de pensiones y otras ventajas que mantienen los consejeros y ejecutivos del BSCH de Emilio Botín lleguen a ser inaceptables para los accionistas del Abbey National Bank en Gran Bretaña, acostumbrados a un sistema más severo.

El documento emanado de Bruselas pretende servir de guía y recomendación sobre el régimen de remuneración de los dirigentes, sugiriendo a los Estados miembros que presten especial atención a la divulgación de los detalles de su política.

Tanto expertos como inversores esperaban la mediación de la UE para establecer estos parámetros y cumplir con las normas y recomendaciones de buen gobierno. La posición del Ejecutivo comunitario es clara ya que, en su informe afirma que “la presencia de consejeros independientes en el consejo, capaces de desafiar las decisiones de los directivos, está ampliamente consensuada como una fórmula para proteger los intereses de los accionistas y de otros grupos de interés”.

Las recomendaciones invitan a los Estados miembros a adoptar medidas en cuatro campos. En primer lugar, cada sociedad deberá publicar una declaración sobre su política de remuneración de sus directivos en el curso del ejercicio siguiente. También, aconsejan que ésta sea incluida en el orden del día y sometida a voto -ya sea vinculante o consultivo- durante la celebración de la junta general de accionistas.

En tercer lugar, la Comisión Europea recomienda publicar los detalles de los contratos de los directivos que hayan sido acordados, tales como los derechos de adquisición de opciones sobre acciones.

Por último, la Comisión Europea advierte que estas fórmulas de remuneración variables que prevén otorgar a los directivos acciones, opciones sobre acciones u otros derechos de adquisición de acciones deberían estar sometidas a la consulta previa de la junta general anual de accionistas, y, a continuación, detallarse su aprobación en el sistema de remuneración.

En opinión del comisario de Mercado de Interior, Frits Bolkenstein, existe conflicto de intereses cuando los directores ejecutivos participan en la decisión de lo que van a cobrar. El problema, según Bolkenstein, es que los accionistas deberían estar mejor informados para velar por una buena política de remuneración para la sociedad, que a su vez sea lo bastante estimulante para los directivos.

"Es esencial publicar las informaciones apropiadas y darles a los accionistas un poder de control efectivo que restablezca la confianza en las sociedades y en los mercados financieros de la UE", declaró el comisario.