Alarma en el Banco de España. La demanda contra sus tres administradores en Caja Castilla La Mancha pone en duda su reputación como garante del sistema financiero

El asunto apenas ha tenido relevancia pública pero mantiene muy preocupado al actual equipo directivo del Banco de España. El pasado mes de noviembre, el PP interpuso una querella contra sus tres administradores en Caja Castilla La Mancha, por presuntos delitos de falsedad en documento público y delito societario tras haber “modificado” los estatutos de la Fundación CCM sin pasar por la asamblea general.

Según las informaciones recogidas por El Confidencial Digital, contrariamente a lo que se ha transmitido a la opinión pública, el asunto ha sido calificado internamente como de “muy grave”. A juicio de varios representantes del Banco de España se trata de un asunto de alto riesgo ya que se acusa al organismo de haber politizado su actuación.

Efectivamente, la querella entiende que Raúl Hernández Pardo, Carlos Miguel Hervás Arnáez y Jorge Pérez Cerdá Silvestre (los administradores de CCM que nombró el Banco de España tras su intervención el 28 de marzo de 2009) y la responsable política de la Junta de Castilla La Mancha modificaron los estatutos sin tener en cuenta la voluntad de la asamblea siendo conscientes de que carecían de competencias para este cambio.

De hecho, extrañamente, los supervisores rechazaron en un primer momento la modificación estatutaria que requería de su firma. Sin embargo, posteriormente, accedieron a rubricarla, razón por la que el PP también extendió –y esto es lo grave- a la entidad gobernadora su querella. La demanda se presentó en los ámbitos penal, contencioso-administrativo y civil, al considerar que los querellados cometieron tres tipos de delitos.

Los servicios jurídicos del Banco de España tendrán que demostrar ahora que su actuación se circunscribió a la ley y no hubo una motivación política en su decisión, teniendo en cuenta que la alteración logró evitar, por ejemplo, que en unas nuevas elecciones, la correlación de fuerzas favoreciera al Partido Popular (PP) y se paralizaran algunos acuerdos que se iban a llevar a cabo.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, defendió públicamente desde el primer momento la actuación del organismo, alegando que se siguieron escrupulosamente los procedimientos legales. Además, dejó claro que el servicio jurídico del Banco es excelente y muy bien preparado para responder a este desafío.

No obstante, las fuentes de la entidad consultadas por ECD matizan estas afirmaciones. Recuerdan que ese cometido recae principalmente sobre su secretario general desde hace nueve años, José Antonio Alepuz. Se trata de un buen profesional, abogado del estado, pero que carece de un departamento suficientemente dotado.

La preocupación entre altos directivos del organismo es que se ha puesto en tela de juicio la reputación de la entidad, el Banco de España. Y se trata precisamente del primer garante del sistema financiero español, también de cara al exterior. Por eso hay quien define internamente este caso como “dinamita pura” y recela de lo que pueda pasar.

 

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