Jueves 14/12/2017. Actualizado 01:00h

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Dinero

La familia posee el 10% de las acciones

Los Areces recurrirán su expulsión de El Corte Inglés alegando que incumple el código de la CNMV

La demanda será presentada antes de final de mes. Los abogados dan por perdido el otro litigio por el cambio de estatutos que ha permitido entrar en el consejo al jeque de Qatar

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Carlota Areces, la accionista crítica con la operación de El Corte Inglés y el ex primer ministro de Qatar, dará la batalla judicial contra el grupo de grandes almacenes para recuperar su puesto arrebado en el consejo de administración tras el acuerdo de la mayoría de los accionistas en la última junta general.


Centro comercial de El Corte Inglés. Centro comercial de El Corte Inglés.

La junta anual de accionistas de El Corte Inglés, celebrada el pasado 30 de agosto, se saldó con una decisión sin precedentes: sometió a votación y aprobó la expulsión del consejo de administración de Carlota Areces, principal accionista de Corporación Ceslar, que se oponía frontalmente a la operación de venta en Qatar y la tachaba de opaca e irregular.

El Corte Inglés explica su expulsión por incumplir sus deberes como consejera, al revelar secretos y detalles de las operaciones de la empresa que tenía la obligación de guardar.

La familia Areces ha estado dispuesta, desde el primer momento, a emprender acciones legales. De hecho, aseguró que “podrán echarme del consejo, pero al día siguiente estaré llamando a la puerta judicialmente porque, por estatutos, a Corporación Cesla (compañía de la que es portavoz) le corresponde un consejero”.

Centra su batalla judicial en volver al consejo

Ahora, según ha sabido El Confidencial Digital, a través de fuentes próximas a la familia Areces, Coporación Ceslar presentará, antes de final de mes, una demanda judicial contra la decisión de El Corte Inglés de apartarle del consejo.

Ha decidido, además, centrar la batalla judicial en recuperar su sillón. Alegarán en el escrito, que tienen prácticamente redactado, que su expulsión es contraria a las recomendaciones sobre buen gobierno corporativo que establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Citarán, por ejemplo, que el nuevo código del regulador, aprobado en el mes de febrero, establece que los consejeros tendrán derecho a denunciar los acuerdos que consideren que perjudican a la compañía.

No obstante, fuentes jurídicas advierten también que el citado Código de Buen Gobierno de la CNMV afecta especialmente a las sociedades cotizadas (no es el caso de El Corte Inglés) y con mayor presencia internacional.

Rechazan la acusación de “deslealtad”

Por otro lado, rechazan la acusación de “deslealtad” por parte de la compañía, argumentando que “lo que se ha hecho, precisamente, es discrepar de un acuerdo, como el del jeque de Qatar, que devalúa considerablemente el valor del grupo”

También alegarán en la demanda que Ceslar tiene derecho a estar presente en el máximo órgano de dirección de la compañía al ser propietarios de un 9 % de las acciones de la compañía.

Los Areces se encontrarán frente a la postura del resto de los accionistas que aprobaron por mayoría la salida de Ceslar del consejo ante “los reiterados incumplimientos por Corporación Ceslar S.L., de sus deberes legales como administrador”. Entre ellos, el de mantener la reserva sobre los asuntos del grupo.

Menos esperanzas en la impugnación de la junta

Carlota Areces impugnará también la junta completa. Piensa emprender medidas para que todo quede anulado “tan pronto como sea posible”, explican en su entorno.

No obstante, reconocen que es más factible recuperar su puesto en el consejo que la posibilidad de que un juez anule los acuerdos tomados por mayoría y que supusieron, entre otras cuestiones, la entrada del ex primer ministro catarí, Hamad Bin Jassim al-Thani, en el máximo órgano de gestión del grupo.

En la junta se sometió a votación la venta al inversor catarí y, además, cambios en los estatutos para poder llevar a cabo la operación, a los que Ceslar también se oponía. Entre ellos, los derechos de venta de autocartera. Por ejemplo, se elimina tambén la necesidad de ser accionista para sentarse en el consejo, en el que el nuevo propietario tendrá un puesto antes de formalizar su propiedad sobre el 10%.

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