La CNE nombra director jurídico a Mariano Bacigalupo, hijo del instructor del “caso Filesa” por financiación ilegal del PSOE: asesorará sobre la OPA de E.On
La CNE ha confiado a Mariano Bacigalupo, hijo del conocido magistrado del “caso Filesa” Enrique Bacigalupo, la tarea de asesorar jurídicamente a sus Consejeros sobre las consecuencias de la decisión que adopten acerca de la OPA de E.On sobre Endesa.
Mariano Bacigalupo fue nombrado nuevo director de los servicios jurídicos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el pasado jueves, 16 de marzo, coincidiendo con la convalidación en el Pleno del Congreso del Real Decreto-Ley que amplía las competencias de ese organismo regulador.
Hay que recordar que gracias ese decreto, el ente que preside Maite Costa podrá analizar la OPA presentada por la alemana E.On sobre Endesa. Una competencia que, tal y como señaló El Confidencial Digital este miércoles, ha provocado cierta incomodidad entre algunos Consejeros de la CNE próximos al Ejecutivo por las posibles implicaciones jurídicas de sus decisiones.
En este contexto, la labor de Bacigalupo se centrará en realizar el trabajo preparatorio para la toma de decisión sobre la operación de la eléctrica alemana. El jurista será el encargado de elaborar dictámenes internos para explicar a los Consejeros las consecuencias judiciales de sus posicionamientos.
El apellido del nuevo director de los servicios jurídicos de la CNE es conocido en el mundo jurídico por la polémica actuación de su padre, Enrique Bacigalupo, en el “caso filesa”. Bacigalupo, de origen argentino, es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo y fue uno de los encargados de instruir el escándalo sobre la financiación del PSOE.
El caso Filesa fue protagonizado por el anterior Gobierno socialista en 1989, cuando el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra fue acusado y juzgado por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.
Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente, había sido contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano. Con posterioridad se descubrió que ese despacho no estaba siendo utilizado para las actividades que tenía asignadas y el caso se llevó a los tribunales.
La actuación de Bacigalupo en ese proceso fue muy controvertida. No en vano fue uno de los instructores que votó en contra de que el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, acudiera a declarar por el caso, convirtiéndose en “protector” del ex presidente socialista.
