Devolución de 750 euros a los funcionarios. Los argumentos del Gobierno a la acusación de “electoralismo”
La orden partió de Moncloa. Respuesta del Ejecutivo: “Cuando se cobre la nómina de abril aún hay tiempo para alcanzar un acuerdo y no estarán convocadas las nuevas elecciones”
Hacienda venía admitiendo que el 50% de la extra a los funcionarios se abonaría en cuanto fuera posible y que se trataba de una decisión política. Ni siquiera especificaba si se realizaría en una o dos veces, algo que ya creó confusión con los sindicatos cuando éstos anunciaron que el desembolso se produciría en enero y el ministerio tuvo que matizarlo después.
Hay que recordar que fue el propio Gobierno el que generó expectativas, dando a entender que adelantaría esa devolución a enero del 2016, cuando estaba prevista en un principio para marzo y septiembre de este año.
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los plazos, en algunos departamentos de la Administración General del Estado los funcionarios encargados de elaborar las nóminas llevaban más de un mes centrados en los trámites para poder efectuar el pago en este mes de abril.
Desde Hacienda se les transmitió que no se quería dar munición a la oposición para que pudiera acusar al Gobierno de “hacer campaña electoral” con un tema tan sensible como son las retribuciones de los funcionarios.
Se preparó también en ese momento una respuesta a las acusaciones de “electoralismo”: cuando se cobre la nómina de abril todavía hay tiempo para alcanzar un acuerdo de Gobierno y no estarán convocadas las nuevas generales.
Además, se habrá logrado cumplir con la promesa a los funcionarios de que han recuperado todo el dinero antes de finalizar la legislatura.
Horas después del anuncio de Hacienda, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, se apresuró a criticar que la decisión del Gobierno de pagar a los funcionarios la parte de la paga extraordinaria de 2012 que aún estaba pendiente en la nómina del mes de abril es “electoralismo puro y duro”, dado que si en los próximos días no se consigue un acuerdo de gobierno las elecciones generales se convocarán el 3 de mayo.
“Abril no es un mes elegido al azar. Evidentemente, si hay nuevas elecciones, abril será el mes previo. Por tanto, es un mes que no se ha elegido casualmente. Es electoralismo puro y duro. No hay otra forma de entender esa decisión del Gobierno”, afirmó Saura.
Más de 200.000 empleados tienen derecho a cobrar esta parte de la paga suprimida. Si se abona todo lo que resta de una vez, a una media de 750 euros por funcionario, el coste para el Estado será de unos 160 millones de euros.
